Rosca judicial: entre vacantes y demoras, La Cámpora impulsa cambios en el Consejo de la Magistratura
En un contexto marcado por demoras estructurales y cuestionamientos al funcionamiento del sistema judicial bonaerense, La Cámpora puso sobre la mesa una reforma que apunta directamente al corazón del mecanismo de selección de jueces, fiscales y defensores. La iniciativa no sólo propone ajustes técnicos, sino que abre un debate de fondo sobre cómo se evalúa la idoneidad de quienes integran el Poder Judicial.
El proyecto, presentado por el legislador de Fuerza Patria y actual vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Facundo Tignanelli, busca “optimizar” los procesos de selección en medio de una creciente sobrecarga administrativa. En los hechos, plantea una revisión de los criterios tradicionales y propone mayor flexibilidad en las instancias de evaluación.
Uno de los puntos más sensibles de la iniciativa es la eliminación de la obligatoriedad del examen oral para todos los aspirantes. Según argumentó Tignanelli, el volumen de postulantes y la acumulación de evaluaciones pendientes hacen que el sistema actual sea “difícilmente sostenible”.
La propuesta no elimina por completo esta instancia, pero deja en manos de la reglamentación la definición de cuándo y cómo se aplicará. Este cambio implica un giro en la lógica de evaluación, que históricamente combinó pruebas escritas y orales como filtro para medir conocimientos y capacidad de exposición.
El proyecto también introduce una modificación en la ponderación de antecedentes. En lugar de priorizar exclusivamente el rendimiento en exámenes, se propone otorgar mayor relevancia a la experiencia profesional, la especialización y el arraigo territorial de los candidatos.
Este punto no es menor: implica reconocer la práctica concreta dentro del sistema judicial —o en ámbitos vinculados— como un factor central en la selección, algo que podría beneficiar a perfiles con carrera previa en tribunales.
Otro eje que suma complejidad al proceso es la incorporación de exigencias vinculadas a perfiles psicológico-psiquiátricos. Los aspirantes que superen las instancias escritas deberán cumplir con estándares definidos por el propio Consejo de la Magistratura.
La inclusión de este filtro apunta a reforzar criterios de idoneidad más allá de lo técnico, en línea con debates recientes sobre la salud mental y la toma de decisiones en cargos judiciales.
La iniciativa también redefine el criterio de convocatoria a concursos. En lugar de llamados generales, se propone estructurar los procesos en función de vacantes específicas dentro de cada órgano judicial.
Además, cuando existan múltiples cargos de igual jerarquía, se habilita la posibilidad de realizar concursos a nivel departamental. Según el planteo del diputado, esto permitiría “focalizar mejor el juicio de mérito” y agilizar los tiempos de designación.
Este esquema busca atacar uno de los principales problemas del sistema: la demora en cubrir cargos clave, que impacta directamente en el funcionamiento de juzgados y fiscalías.
El Consejo de la Magistratura en el centro del debate
El Consejo de la Magistratura bonaerense es el órgano encargado de seleccionar, nombrar y controlar disciplinariamente a jueces y fiscales. Su integración refleja un equilibrio entre los tres poderes del Estado y el Colegio de Abogados.
Actualmente, está presidido por Daniel Soria, integrante de la Suprema Corte de Justicia, mientras que Tignanelli ocupa la vicepresidencia. También participan representantes legislativos como Germán Di Césare y Martín Endere, junto a funcionarios del Ejecutivo como el ministro de Justicia Juan Martín Mena.
Por el Poder Judicial, integran el cuerpo consejeros como Camilo Petitti, Pablo Quaranta y Patricia Ochoa, entre otros, mientras que el Colegio de Abogados aporta representantes tanto del conurbano como del interior.
Un dato que atraviesa el funcionamiento actual del organismo es la existencia de vacantes en su integración. En particular, cinco de los seis representantes del Senado finalizaron su mandato en diciembre pasado, lo que dejó espacios sin cubrir.
Esta situación no es menor: impacta en la toma de decisiones y refleja las tensiones políticas que también atraviesan al Consejo.
En este marco, la propuesta de Tignanelli abre interrogantes que exceden lo operativo. Si bien apunta a acelerar los procesos y reducir la carga administrativa, también plantea discusiones sobre los estándares de evaluación y la transparencia en la selección de magistrados.
En un escenario donde la Justicia bonaerense enfrenta cuestionamientos por demoras y funcionamiento, la iniciativa se instala como un intento de reforma estructural que, lejos de ser meramente técnica, tiene implicancias políticas e institucionales de largo alcance.