“En defensa de nuestra jubilación”: paro docente y presión a Milei por la deuda del ANSES con el IPS
El conflicto por la deuda previsional entre la Provincia de Buenos Aires y la Nación vuelve a escalar en la previa de una fecha sensible: el 21 de abril, cuando ambas partes deberán volver a verse en la Corte Suprema.
En ese marco, los gremios docentes bonaerenses activaron un paro con movilización a las sedes de ANSES, en una señal política directa al gobierno de Javier Milei y en respaldo a la estrategia judicial que encabeza la gestión de Axel Kicillof.
La medida de fuerza fue definida por el Frente de Unidad Docente Bonaerense —que integran AMET, SUTEBA y UDOCBA— bajo la consigna “En defensa de nuestra jubilación”. El reclamo central apunta a una deuda que, según la Provincia, supera los 2,2 billones de pesos por parte de ANSES con el Instituto de Previsión Social (IPS).
El paro del lunes 20 no sólo alcanzará a maestros sino que se enmarca en una protesta más amplia de trabajadores estatales, en la antesala del paro nacional convocado por ATE para el día siguiente.
La deuda previsional y el frente judicial
El expediente que tramita en la Corte Suprema tuvo un primer capítulo el pasado 17 de marzo. Allí, los representantes bonaerenses —entre ellos el ministro de Economía Pablo López, el fiscal de Estado Hernán Gómez, el asesor general Santiago Pérez Teruel y la titular del IPS Marina Moretti— expusieron la posición provincial frente al secretario Legal y Técnico de ANSES, Andrés María Gutiérrez.
Desde la Provincia calificaron el encuentro como “muy bueno”, aunque dejaron en claro que la discusión de fondo sigue abierta. Mientras Buenos Aires insiste en el reconocimiento de la deuda, desde ANSES sostienen que resta información para avanzar. En ese contexto, la Corte fijó una nueva audiencia para el 21 de abril, donde se espera algún tipo de definición o, al menos, un avance concreto en la negociación.
A la salida de la audiencia, López destacó que “el gobierno nacional se comprometió a trabajar en este reclamo” y planteó la expectativa de que se reconozca la deuda. El funcionario recordó además que este litigio es sólo uno de los ocho que la Provincia mantiene contra Nación, por un total de 16,7 billones de pesos. “Desde la gestión del gobernador Axel Kicillof seguiremos insistiendo para que el Gobierno nacional cumpla con las obligaciones que tiene con nuestra Provincia”, sostuvo.
El reclamo bonaerense tiene un sustento normativo claro: desde fines de los años 90, el Estado nacional está obligado a cubrir los déficits previsionales de las cajas provinciales no transferidas. Sin embargo, la Provincia denuncia que esas transferencias fueron interrumpidas tras el DNU 280 firmado por Milei, cuya constitucionalidad también está en discusión.
Paro docente y presión política
En ese escenario, la protesta docente aparece como un factor de presión adicional. Los gremios no sólo reclaman por salarios, sino que ponen el foco en la sustentabilidad del sistema previsional bonaerense. La consigna elegida apunta directamente a ese eje: defender las jubilaciones frente a lo que consideran un proceso de desfinanciamiento impulsado desde Nación.
La medida se inscribe además en un contexto económico adverso, con caída de la recaudación y recortes en distintas áreas. Desde la Provincia sostienen que el esquema de coparticipación agrava la situación: Buenos Aires aporta el 38% de los recursos pero recibe apenas el 7%, mientras que la Nación concentra el 70%.
El contraste con Corrientes
El conflicto bonaerense toma otra dimensión cuando se lo compara con lo ocurrido en Corrientes. Allí, el gobierno nacional oficializó días atrás la transferencia de 40.000 millones de pesos para saldar parte de la deuda de ANSES con el IPS local. El interventor Miguel Olivieri detalló que el monto se pagará en diez cuotas de 4.000 millones y celebró el acuerdo firmado por el gobernador Juan Pablo Valdés.
“Es un momento de mucha felicidad”, afirmó Olivieri, quien explicó que el convenio representa un anticipo del período 2026 y que permitirá avanzar en la conciliación de deudas acumuladas desde 2017. También aclaró que la demanda judicial de la provincia sigue vigente por períodos anteriores.
La comparación no pasa desapercibida en territorio bonaerense. Mientras Corrientes logra destrabar fondos, Buenos Aires continúa litigando por montos significativamente mayores. En paralelo, provincias como Neuquén, Chubut y Santa Cruz también presionan por sus propios reclamos previsionales, lo que configura un mapa federal atravesado por disputas financieras con la Casa Rosada.
En ese tablero, la movilización docente del 20 de abril y la audiencia del 21 aparecen como dos movimientos encadenados en una pulseada que combina lo judicial, lo político y lo sindical, con impacto directo en el sistema previsional de la provincia más poblada del país.