IOMA, deuda y presión política: el conflicto sanitario se mete de lleno en la Legislatura
La crisis del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) volvió a escalar en la agenda bonaerense con un combo que mezcla reclamos gremiales, presión legislativa y un deterioro sostenido en la red de prestaciones.
Este jueves, la diputada provincial Alejandra Lordén, presidenta del bloque UCR, se reunió con la conducción de la Agremiación Médica Platense (AMP) y dejó una advertencia que sintetiza el clima: “no admite más diagnósticos redundantes”.
El encuentro con el titular de la AMP, Gastón Quintans, y el referente sanitario Maximiliano Quiroga se dio en medio de una deuda que, según la entidad, ronda los $1.300.000.000 por prestaciones impagas, en un escenario que ya derivó en cortes de atención y amenaza con profundizarse si no hay respuestas concretas.
“La crisis de IOMA asfixia a los profesionales, retrasa pagos, genera incertidumbre y termina impactando directamente en la atención de miles de bonaerenses”, planteó Lordén tras la reunión, en un mensaje directo a la conducción del organismo que encabeza Homero Giles.
Reclamos cruzados y números en disputa
El conflicto no es nuevo, pero en las últimas semanas sumó volumen político y visibilidad pública. Desde la AMP aseguran que los pagos siguen incompletos y desmienten la versión oficial. “Es una falacia que IOMA haya pagado todo”, sostuvo Quintans en una entrevista radial, y detalló que aún quedan saldos pendientes de febrero e incluso ítems arrastrados desde enero.
El dirigente precisó que, tras una primera regularización parcial, persiste una deuda cercana a los 254 millones de pesos, a lo que se suman otros 314 millones en concepto de gastos administrativos. “Ayer el presidente salió a decir que no iban a pagar los gastos administrativos como castigo. En definitiva, sería blanquear una situación que ya existe”, cuestionó.
El malestar se tradujo en medidas concretas. La AMP dispuso un paro de 72 horas que afectó consultas programadas y prácticas no urgentes en La Plata y la región, con el objetivo de visibilizar el reclamo. “Fue una reunión dura, con mucho reclamo por parte de los colegas y con justa razón, ya que siendo el día 16 del mes aún no habían percibido sus honorarios muchos de ellos”, explicó Quintans sobre la decisión.
En paralelo, el reclamo incluye una fuerte crítica al esquema de honorarios. “Un incremento del 6 por ciento en ocho o nueve meses me parece extremadamente insuficiente. Es insoportable la situación así”, advirtió el titular de la AMP, quien anticipó que el conflicto seguirá abierto si no hay recomposición.
La Legislatura como caja de resonancia
El deterioro del sistema sanitario empujó el tema al centro del debate político. En la Legislatura bonaerense, distintos sectores de la oposición avanzan con pedidos de informes e iniciativas para reformar el funcionamiento del IOMA.
El diputado libertario Juan Osaba impulsa la interpelación de Giles con el objetivo de conocer el volumen real de deuda, desglosado por regiones, prestaciones y antigüedad. El planteo apunta a dimensionar el impacto en toda la red de prestadores, que incluye clínicas, médicos, farmacias y centros de diagnóstico.
En esa misma línea, entidades como FEMEBA, el Colegio de Kinesiólogos (COKIBA) y la Federación de Clínicas (FECLIBA) vienen alertando sobre atrasos sistemáticos, honorarios desactualizados y dificultades crecientes para sostener la atención. El resultado es un escenario con suspensión de prácticas, cobros adicionales y riesgo de cierre de centros privados.
El impacto ya se siente en los afiliados. En ciudades como La Plata y Mar del Plata, los cortes de atención se volvieron una constante, mientras el sistema público absorbe la demanda. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, reconoció que los hospitales atienden entre un 30% y un 40% más de pacientes con menos recursos.
Propuestas y presión por cambios estructurales
Desde del radicalismo, el debate también tomó forma de propuestas legislativas. El diputado del bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, planteó otorgarle autarquía financiera al IOMA para garantizar disponibilidad directa de fondos y evitar demoras en los pagos.
A su vez, un proyecto impulsado por La Libertad Avanza, el PRO, sectores de la UCR y la Coalición Cívica propone suspender el gasto en pauta oficial para redirigir esos recursos al saneamiento de la obra social.
En ese contexto, Lordén insistió en la necesidad de definiciones concretas: “No se puede seguir mirando para otro lado: hacen falta decisiones urgentes, reglas claras, respeto y dignidad por quienes sostienen el sistema todos los días”.
El conflicto, lejos de encaminarse, suma nuevos frentes. Mientras crecen las denuncias judiciales y los cuestionamientos políticos, los prestadores advierten que la continuidad de las medidas de fuerza dependerá del cumplimiento de los próximos pagos. “Vamos a estar muy atentos a la fecha de pago del próximo mes y no vamos a tolerar más los atrasos que sufrimos en este período”.