Afiliados de IOMA contra Giles y La Cámpora: del cruce político a la denuncia de infiltración policial

La escalada del conflicto en el IOMA sumó un capítulo de alto voltaje político y judicial tras la respuesta de los afiliados autoconvocados de Mar del Plata a las declaraciones del presidente del organismo, Homero Giles. La réplica no solo desmiente acusaciones de armado político opositor, sino que incorpora denuncias sensibles sobre presunto espionaje, deterioro prestacional y decisiones de gestión que, según sostienen, profundizaron la crisis en la obra social bonaerense.

El cruce se originó luego de que Giles, en el marco del Congreso Provincial de la Salud (COSAPRO), relativizara los reclamos por falta de prestaciones y sugiriera que detrás de las protestas había financiamiento externo y organización política. “Las acusaciones por falta de prestaciones son completamente falsas” y en el grupo “hay alguien de la política opositora organizando por fuera”, había afirmado.

La respuesta llegó en forma de carta abierta firmada por afiliados, en su mayoría docentes jubilados, personas con discapacidad y familiares de pacientes. “Rechazamos categóricamente la acusación de que contamos con financiamiento externo o respondemos a intereses políticos”, señalaron, y detallaron que sus actividades se sostienen con aportes voluntarios, incluso con transferencias de $2.000 para gastos básicos y una bandera confeccionada por $37.000.

Denuncia de espionaje y tensión institucional

El punto más delicado del documento apunta a una presunta infiltración policial. Según los afiliados, durante más de un año un agente de la Policía Bonaerense vinculado a la seguridad de la delegación local se habría incorporado al grupo de WhatsApp con una identidad falsa. Allí, aseguran, accedió a conversaciones privadas con “relatos de angustia, pedidos desesperados, historias de vida atravesadas por la enfermedad”.

La denuncia, de extrema gravedad institucional, plantea un posible escenario de vulneración de la intimidad y amedrentamiento. “Resulta particularmente grave que el propio Giles intente instalar lo contrario cuando conoce, de primera mano, que no respondemos a ningún espacio”, remarcaron en el escrito difundido por Marcela Martinelli y Adriana Santi.

En paralelo, los afiliados cuestionaron el rol de la Defensoría del Pueblo bonaerense, conducida por Guido Lorenzino. Según indicaron, el organismo “lejos de representar genuinamente a los afiliados ha intervenido judicialmente obligando a prestadores privados a continuar atendiendo pese a deudas millonarias, ocultando así las responsabilidades estructurales del IOMA”.

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Prestaciones recortadas y sistema al límite

El conflicto en Mar del Plata se inscribe en un cuadro más amplio de deterioro del sistema. Desde hace más de dos años, los afiliados no pueden atenderse en las clínicas Pueyrredón, 25 de Mayo y Colón, una situación que dejó sin cobertura a miles de usuarios en una de las principales ciudades de la provincia.

“Mar del Plata lleva años peregrinando. La falta de prestadores agrava una crisis que es provincial, pero que aquí se vuelve más visible y más cruel”, señalaron. En ese sentido, vincularon el deterioro con decisiones adoptadas desde la pandemia de 2020, cuando —según sostienen— comenzaron recortes sistemáticos en prestaciones esenciales. 

“En 2020, una mafia secuestró nuestra obra social. Dejamos de ser afiliados para convertirnos en rehenes. La militancia que formaba parte del Ministerio de Salud de la Nación se apoderó del IOMA, la caja de recaudación más grande de la provincia. Homero Giles, el médico camporista formado en la Escuela de La Habana de Cuba, pasó de atender en una salita de barrio a presidir el IOMA. Fue el elegido por Cristina Fernández de Kirchner para decidir desde entonces cuánto de lo compulsivamente recaudado se destina a prestaciones de salud”, denunciaron.

Entre los puntos más sensibles, mencionaron la reducción en la entrega de insumos básicos para personas con discapacidad, como pañales, y dificultades en el acceso a medicación oncológica y tratamientos de alta complejidad.

También cuestionaron la incorporación de “agentes sanitarios” sin formación técnica, a quienes vinculan con militancia política, y el destino de recursos a actividades como “clases de folclores, manualidades, bordado, porcelana fría y teatro” que “la Cámpora ofrece en las delegaciones”.

El trasfondo económico también presiona. La deuda con prestadores, que según la Agremiación Médica Platense ronda los $1.300 millones por prestaciones impagas, ya derivó en medidas de fuerza como la suspensión de atención. A eso se suma el congelamiento de honorarios desde octubre de 2025 y una propuesta de actualización considerada insuficiente por los profesionales.

El impacto se traslada directamente a los afiliados y al sistema público. Intendentes bonaerenses vienen advirtiendo sobre hospitales saturados y un flujo creciente de pacientes que quedan fuera del sistema privado. En ese marco, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, reconoció que la provincia atiende entre un 30% y 40% más de población con menos recursos.

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Judicialización y acusaciones cruzadas

El conflicto sumó un frente judicial que eleva la tensión política. Los afiliados confirmaron la presentación de una denuncia penal contra Giles y el gobernador Axel Kicillof por presuntos delitos de administración fraudulenta agravada, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita.

La causa, que ahora deberá avanzar en la Justicia, se apoya en el diagnóstico de una “vulneración sistemática del derecho a la salud”. En paralelo, el debate político sobre el futuro del IOMA sigue abierto en la Legislatura, con proyectos que buscan otorgarle autarquía financiera para evitar demoras en la transferencia de fondos y mejorar la gestión.

Mientras tanto, el conflicto en Mar del Plata expone con crudeza un entramado donde se mezclan reclamos sanitarios, internas políticas y denuncias de alto impacto institucional. “Nuestra ciudad expone una realidad que atraviesa a toda la provincia: la vulneración sistemática del derecho a la salud. Aquí se vuelve más evidente porque las opciones son menos, pero la desprotección se extiende a cada localidad”.