Docentes disidentes vuelven al paro: salarios, descuentos y 11 reclamos a la Provincia
La oposición sindical convocó una movilización y una huelga. Exige adelantar la negociación prevista para septiembre y plantea un ingreso inicial de $1,6 millones. La conducción gremial, mientras tanto, responsabiliza a la Casa Rosada por el FONID, las obras paralizadas y el financiamiento educativo.
Pamela Orellana
Los docentes bonaerenses disidentes retomarán las medidas de fuerza tras el paro del pasado miércoles 12. El nuevo plan contempla una movilización a La Plata el martes 25 de agosto y un cese de actividades de 24 horas el miércoles 26, con posible impacto en las escuelas públicas de distintos distritos de la provincia de Buenos Aires.
La protesta fue definida por representantes de 36 distritos y apunta a adelantar la discusión salarial que el Gobierno de Axel Kicillof y los gremios habían acordado reabrir en septiembre. El planteo central es que los ingresos no pueden esperar: exigen una convocatoria inmediata y un salario inicial de $1.600.000.
Marcha, paro y once pedidos
La jornada fue presentada como “48 horas de lucha”, aunque no se trata de una huelga de dos días. El martes 25 habrá una movilización en la capital bonaerense y el miércoles 26 se realizará el paro. El alcance sobre el dictado de clases dependerá de la adhesión que consiga la convocatoria en cada establecimiento.
Los sectores disidentes, nucleados en la lista Multicolor de SUTEBA, elaboraron un pliego de once puntos. Además de la “urgente reapertura de paritarias” y la recomposición de los haberes, reclaman que se devuelvan los montos descontados a quienes participaron de medidas de fuerza anteriores.
La Dirección General de Cultura y Educación sostuvo que aquellos paros no habían sido convocados por las autoridades formales del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, sino por agrupaciones internas opositoras. Por ese motivo, registró las ausencias como injustificadas y aplicó los descuentos que ahora forman parte del conflicto.
El listado incluye demandas vinculadas con el Instituto de Previsión Social (IPS), las prestaciones del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), el régimen de licencias y el endeudamiento de los trabajadores de la educación. También incorpora un pedido para que el Banco Provincia disponga mecanismos de alivio o condonación de esas deudas.
La convocatoria no se limita al Ejecutivo bonaerense. Los docentes disidentes exigen que la conducción de SUTEBA, encabezada por María Laura Torre, y la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) sostengan medidas de alcance nacional. Además, pidieron a las centrales obreras un paro general. Según la información difundida por el sector, esa alternativa viene siendo considerada por la CGT y las dos CTA.
La discusión que quieren adelantar
El último acuerdo entre la administración de Kicillof y los sindicatos docentes y estatales se alcanzó a comienzos de julio, después de un mes de negociaciones y del rechazo a una primera propuesta. La oferta aceptada estableció un incremento del 7% sobre los salarios de junio, dividido en un 5% para julio y un 2% para agosto.
La pauta fue aprobada por SUTEBA y la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) luego del debate en sus respectivas instancias orgánicas. La presidenta de la FEB, Liliana Olivera, aclaró que en su organización la aceptación se produjo “con un estrecho margen” y señaló que persistían preocupaciones más allá del porcentaje salarial.
El acuerdo incorporó una adenda destinada a prevenir, abordar y reparar situaciones de violencia y acoso contra trabajadores de la educación. También creó una Mesa de Trabajo Ad Hoc dentro de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad. Para los auxiliares de Educación se fijaron aumentos del 5% en julio y del 4% en agosto.
El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, defendió la continuidad del diálogo con las organizaciones y destacó que la negociación incluyó avances salariales, laborales y de derechos. La diferencia planteada ahora por los sectores disidentes pasa por el calendario y la magnitud de la recomposición: pretenden que la Provincia no espere hasta septiembre y vuelva a sentarse antes a la mesa.
Otros reclamos que rodean la protesta
La convocatoria se produce después de que la Asociación de Maestrxs de la Provincia de Buenos Aires instalara, el martes 18, una Carpa Negra Docente frente a la Gobernación. La organización cuestionó los acuerdos salariales y dirigió sus demandas al gobernador Kicillof y al ministro de Economía, Pablo López. “Si se continúa negociando sobre salarios de indigencia, con los porcentajes de inflación nunca saldremos de la situación de pobreza docente”, sostuvo.
En la Legislatura, la diputada bonaerense Mónica Schlotthauer, presidenta del bloque Izquierda Socialista-FIT-U, presentó un proyecto para declarar durante dos años la emergencia educativa, salarial, edilicia y alimentaria. La iniciativa propone priorizar los más de $10,6 billones asignados a Educación en el Presupuesto 2026 y deberá comenzar su recorrido por las comisiones de la Cámara baja.
En paralelo, la conducción de SUTEBA mantiene su disputa con el Gobierno nacional por la eliminación del FONID, el financiamiento universitario, la educación técnica y más de 80 construcciones escolares que, según denunció Torre, quedaron paralizadas. También rechaza la denominada “libertad educativa” y la enseñanza en el hogar promovidas por la administración de Javier Milei.
El cronograma inmediato, sin embargo, estará concentrado en el reclamo provincial: movilización a La Plata el martes 25, paro de 24 horas el miércoles 26 y pedido de reapertura de las paritarias antes de septiembre.
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