Educación bajo ajuste: el mapa de una pelea que vuelve a enfrentar a los docentes bonaerenses con Milei

El enfrentamiento entre los gremios docentes bonaerenses y el Gobierno nacional acumula capítulos desde el inicio de la gestión libertaria. La eliminación del FONID, la suspensión de obras escolares y el conflicto por los fondos universitarios profundizaron una tensión que ahora incorpora otro eje: la disputa por el modelo educativo que Javier Milei busca impulsar.

Durante una reunión regional de secretarios generales en Tandil, la titular de SUTEBA, María Laura Torre, reunió esos reclamos en un mismo diagnóstico. Según planteó, el problema ya no se limita a los salarios o al presupuesto, sino que alcanza la definición de la enseñanza como derecho, el papel del Estado y las condiciones que determinarán quiénes podrán acceder a una formación de calidad.

El mapa del conflicto presenta al menos cuatro frentes: la pérdida de ingresos de los trabajadores, más de 80 establecimientos cuya construcción quedó interrumpida, las dificultades económicas que amenazan la continuidad de los estudios y las iniciativas nacionales vinculadas con la denominada “libertad educativa” y la enseñanza en el hogar.

“El sistema educativo no solo enfrenta una crisis de recursos, sino una amenaza existencial impulsada por un cambio de matriz ideológica a nivel nacional”, afirmó Torre. Para la dirigente, las decisiones adoptadas desde diciembre de 2023 profundizaron deliberadamente las dificultades presupuestarias de las provincias, las escuelas y las universidades.

“El sistema educativo no está en crisis, sino que fue puesto en crisis”, sostuvo y calificó el escenario actual como el mayor desfinanciamiento desde la recuperación democrática y acusó al Estado nacional de abandonar su papel como garante de condiciones educativas equitativas en todo el territorio.

El planteo apunta a las consecuencias de eliminar o discontinuar transferencias que permitían complementar los salarios docentes, sostener programas pedagógicos, financiar comedores y avanzar con obras de infraestructura. Para Torre, el ajuste “no es técnico”, sino un punto de inflexión que erosiona una de las principales herramientas de movilidad social ascendente.

La dirigente vinculó además la situación educativa con el rumbo productivo. Al referirse a la reducción de recursos destinados a las escuelas técnicas, advirtió que la medida está relacionada con un proceso de desindustrialización y con un modelo económico que deja de considerar a la producción nacional como una prioridad.

“La industria ya no es parte del proyecto de nuestra nación”, cuestionó. Desde esa perspectiva, el recorte sobre la educación técnica no solo afecta el funcionamiento de las instituciones. También debilita la formación de trabajadores calificados y reduce las posibilidades de reconstruir una matriz productiva con empleo industrial.

La pelea por el FONID

Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido a la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, una partida que complementaba los ingresos de maestros y profesores de todas las provincias.

Torre sostuvo que la decisión nacional implicó una pérdida directa para los trabajadores del sector. “Desde que asumió Milei dejaron de pagar el FONID y eso significó destruir una parte importante de nuestro salario”, afirmó.

Para la dirigente, la Casa Rosada trasladó el costo político y financiero del recorte a las administraciones provinciales. Los gobernadores quedaron ante la disyuntiva de absorber con fondos propios una obligación que antes compartían con Nación o permitir que el ajuste impactara completamente sobre los recibos de sueldo.

El conflicto por los ingresos ya había generado distintas medidas de fuerza. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, los docentes bonaerenses desplegaron protestas y paros contra el ajuste nacional, con reclamos vinculados al financiamiento educativo, la restitución del incentivo y la convocatoria a una paritaria nacional.

La nueva conducción de SUTEBA busca mantener esa agenda y, al mismo tiempo, ampliar la discusión hacia el modelo educativo promovido por el Gobierno.

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De derecho social a servicio

El punto más sensible de la exposición de Torre fue su rechazo al proyecto denominado “libertad educativa”. Según la interpretación del sindicato, la iniciativa no plantea simplemente nuevas modalidades de enseñanza, sino una redefinición del papel del Estado.

“Lo que busca esto es sacar a la educación como un derecho y transformarla en un servicio”, denunció. SUTEBA considera que ese cambio abriría el camino a una mayor participación privada y colocaría sobre cada familia la responsabilidad de conseguir, organizar o financiar la formación de sus hijos.

La principal advertencia es que, si el acceso depende cada vez más de los recursos económicos particulares, las desigualdades sociales terminarán convirtiéndose también en desigualdades educativas.

Para Torre, detrás de conceptos como libertad de elección puede consolidarse un sistema segmentado: una formación de calidad para quienes puedan pagarla y propuestas precarias o incompletas para los sectores con menos ingresos. “Convierte la educación en una mercancía”, sintetizó la dirigente. 

La titular de SUTEBA también expresó preocupación por la incorporación del homeschooling o educación en el hogar dentro de la agenda nacional. El sindicato sostiene que la modalidad podría debilitar a la escuela como espacio de encuentro, socialización y construcción colectiva. Además, advierte que existe el riesgo de que determinadas tareas sean tercerizadas a organizaciones o empresas privadas.

Torre señaló que esos servicios podrían quedar en manos de personas sin título docente y por fuera de los derechos laborales establecidos en los estatutos provinciales.

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Más de 80 escuelas paralizadas

La infraestructura ocupó otro lugar central en la denuncia. Torre aseguró que existen “un poquito más de 80 escuelas paralizadas” en la provincia de Buenos Aires, correspondientes a construcciones comprometidas por el Estado nacional.

Según afirmó, los edificios se encuentran en estado de abandono y la administración de Milei no comenzó nuevas obras educativas. El problema también obliga a la Provincia y a los municipios a buscar respuestas con recursos propios. En distintos puntos del territorio, las comunas deben afrontar reparaciones, transporte escolar y mantenimiento cotidiano pese a no contar siempre con fondos suficientes.

Por último, la dirigente reivindicó el papel desempeñado por el Frente de Unidad Docente Bonaerense durante el gobierno de María Eugenia Vidal y sostuvo que la cohesión entre las organizaciones será nuevamente determinante.

 También ubicó el conflicto dentro de una disputa política más amplia y planteó la necesidad de construir una alternativa electoral hacia 2027. “Si los trabajadores se dividen, les pasan por arriba”, advirtió.