Fernando Cerimedo: prisión preventiva en Bolivia y tensión en el Gobierno de Milei

El caso de Fernando Cerimedo dejó de ser un problema circunscripto a Bolivia y abrió un frente incómodo en la Casa Rosada. La prisión preventiva por 180 días contra el consultor, imputado como presunto autor intelectual de la tentativa de feminicidio de Nadia Beller, coincidió con respuestas contrapuestas dentro del oficialismo argentino y con nuevas menciones a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Cerimedo, fundador de La Derecha Diario y operador digital que participó de la campaña presidencial de Javier Milei en 2023, fue enviado al penal de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra. La medida fue dispuesta por el juez Wilson Espada después de una audiencia cautelar en la que Beller intervino de manera virtual desde la clínica donde permanece internada.

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El ataque ocurrió el lunes 17 de agosto, en el ingreso al Swissôtel de Santa Cruz de la Sierra. Dos hombres que se desplazaban en una moto llegaron hasta el lugar y uno de ellos disparó cuatro veces. Beller recibió tres impactos de bala, sobrevivió y continúa bajo atención médica.

El celular, en el centro de la acusación

Durante la audiencia, el magistrado rechazó los principales planteos de la defensa, entre ellos el que buscaba excluir la información extraída del teléfono de Cerimedo. La decisión permite que ese material sea incorporado y evaluado durante la investigación, aunque no supone una definición sobre la responsabilidad penal del imputado.

La Fiscalía y la querella sostienen que el dispositivo contiene mensajes y una nota que podrían vincular al consultor con la planificación del ataque. Entre los textos atribuidos a Cerimedo aparece la frase “o la eliminamos ya o estamos jodidos” y un intercambio con un contacto identificado por sus iniciales, que le habría informado casi en tiempo real: “Hermano, en este momento le dispararon”.

La identidad de ese interlocutor todavía está bajo investigación. También se detectaron registros de llamadas y mensajes eliminados. La acusación incorporó comunicaciones previas entre Cerimedo y Beller, movimientos realizados antes del atentado y las circunstancias de su detención en el aeropuerto de Santa Cruz.

Cerimedo negó haber intervenido y se abstuvo de declarar por recomendación de sus abogados. Su defensa cuestionó la autenticidad y el origen de los mensajes, sostuvo que algunas piezas serían capturas de pantalla que aún deben peritarse y anticipó que apelará la prisión preventiva. También planteó la hipótesis de un “autoatentado” con fines políticos.

Una respuesta oficial sin línea común

El avance del expediente encontró al Gobierno argentino sin una posición uniforme. Después de varios días de silencio, Milei compartió en redes sociales mensajes que pusieron en duda el atentado y amplificaron la hipótesis de que los disparos pudieron haber sido fingidos. La diputada nacional Lilia Lemoine sostuvo esa misma lectura de manera explícita.

Diego Santilli tomó otro camino. Consultado durante un encuentro con periodistas, afirmó que lo ocurrido contra Beller fue un atentado y señaló que sus responsables deberían estar presos. La definición contradijo de manera indirecta la versión difundida por el Presidente, aunque en la Casa Rosada buscaron reducir su alcance y remarcaron que respondió una pregunta, sin emitir un comunicado.

Cerimedo tuvo un papel relevante en la organización digital de la campaña de 2023 y conserva vínculos históricos con integrantes de las redes libertarias. En el sector de Santiago Caputo, la decisión fue no fijar posición pública mientras avanza la causa.

Victoria Villarruel aprovechó la controversia para responder antiguas críticas del consultor. “Qué mal que envejeció todo”, escribió la vicepresidenta sobre un mensaje de 2024 en el que Cerimedo respaldaba a Karina Milei. Después agregó: “Los fans de Cerimedo siempre mintiendo”.

ANDIS, el otro foco de inquietud

La preocupación creció cuando Beller extendió sus acusaciones hacia presuntas maniobras económicas con derivaciones en la Argentina. La abogada afirmó que Cerimedo le había contado que recibía dinero proveniente de supuesta corrupción en el gobierno boliviano de Rodrigo Paz y que lo lavaba en el país. También le atribuyó haber dicho que facturaba 800.000 dólares por mes. Esas afirmaciones aún deben ser corroboradas judicialmente.

Las declaraciones volvieron a poner bajo atención el vínculo de Cerimedo con ANDIS. Natalia Basil, quien fue su esposa, ocupó durante 2024 la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas del organismo, dentro del período alcanzado por una investigación sobre presuntas irregularidades. 

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En paralelo, fiscales de La Paz investigan posibles movimientos financieros irregulares y realizaron varios allanamientos en inmuebles vinculados con el consultor. La defensa negó que se hubiera encontrado un millón de dólares, atribuyó el dinero secuestrado a un préstamo y aseguró que los dispositivos hallados eran módems móviles, no una estructura de bots.

Cerimedo permanecerá detenido preventivamente en Palmasola mientras la Fiscalía profundiza las pericias y busca identificar a los autores materiales del ataque. El plazo fijado por el juez es de 180 días y la resolución puede ser apelada.