Legislatura: el acuerdo por comisiones, cerca pero con heridas abiertas
La Legislatura bonaerense se convirtió en un escenario donde el tiempo político corre, pero las decisiones no llegan. A casi dos meses del inicio de las sesiones ordinarias, el sistema parlamentario funciona a media máquina, condicionado por una disputa que, lejos de ser técnica, revela el delicado equilibrio de poder dentro del oficialismo.
El regreso de Axel Kicillof de España reactivó las negociaciones que habían quedado empantanadas, especialmente en el Senado, donde la vicegobernadora Verónica Magario quedó al frente del Ejecutivo durante su ausencia. Con el gobernador nuevamente en la Provincia, las conversaciones entraron en una fase decisiva: el acuerdo para destrabar la conformación de comisiones aparece más cerca, aunque con costos políticos internos.
El conflicto no gira en torno a nombres aislados, sino al control de áreas estratégicas que ordenan el funcionamiento legislativo. Legislación General, Presupuesto, Asuntos Constitucionales y Reforma Política concentran la disputa porque allí se define qué proyectos avanzan y cuáles quedan en el camino.
En el Senado, la tensión se hace más visible. El Frente Renovador, el kicillofismo y el kirchnerismo duro buscan asegurarse espacios clave. La comisión de Legislación General, por ejemplo, es una de las más codiciadas y enfrenta a sectores que promueven nombres como Malena Galmarini o dirigentes alineados al Movimiento Derecho al Futuro, como el intendente en uso de licencia, Germán Lago. En paralelo, Asuntos Constitucionales podría quedar en manos del camporista Emmanuel González Santalla, mientras que Presupuesto aparece ligado a Marcelo Feliú.
La comisión de Reforma Política, en tanto, se transformó en el epicentro del conflicto. No es casual: por allí pasarán debates sensibles como las PASO, la Boleta Única, el desdoblamiento electoral y las reelecciones. Controlarla implica incidir directamente en las reglas del juego electoral.
Diputados, en pausa a la espera del Senado
En la Cámara baja, el escenario es distinto, aunque igual de condicionado. Bajo la presidencia de Alejandro Dichiara, los acuerdos están prácticamente cerrados, pero su oficialización depende de lo que ocurra en el Senado. La lógica es clara: nadie quiere avanzar sin garantías de que el reparto de poder será respetado en ambas cámaras.
En ese esquema, el massismo retendría Legislación General con Rubén Eslaiman, Juan Pablo De Jesús seguiría en Presupuesto y Lucía Iáñez asumiría en Acuerdos Constitucionales y Justicia. Sin embargo, todo permanece en suspenso hasta que se selle el entendimiento global.
Mientras la negociación se estira, las críticas empiezan a acumularse. Desde la oposición, el senador del PRO Pablo Petrecca fue directo: “No se ponen de acuerdo entre ellos en quién preside las comisiones y esto nos demora; es fundamental que la Legislatura ya comience a trabajar”.
En la misma línea, el diputado radical Matías Civale advirtió sobre el impacto institucional del freno: “Han pasado casi dos meses desde el inicio de las sesiones ordinarias y hoy tendríamos que estar trabajando en comisiones para tratar los proyectos de ley”.
Las declaraciones reflejan una preocupación compartida: sin comisiones constituidas, el circuito legislativo queda prácticamente anulado. Proyectos vinculados a seguridad, salud, educación y nuevas problemáticas sociales siguen sin tratamiento.
Todo indica que el entendimiento para conformar las comisiones podría concretarse en los próximos días. Sin embargo, incluso si el acuerdo se firma, las tensiones no desaparecerán. La puja por el control de las comisiones dejó expuestas las diferencias internas del oficialismo y anticipa que cada debate legislativo estará atravesado por esa misma lógica.
La Legislatura bonaerense se encamina a salir de la parálisis formal, pero el conflicto político que la generó seguirá latente, condicionando cada paso en un año donde las reglas electorales y el equilibrio de poder estarán en el centro de la escena.