Intendentes redoblan la presión para que la Legislatura libere fondos: “Necesitamos la plata para el día a día”
La discusión no es nueva, pero esta vez se vuelve más descarnada. En medio de una caída sostenida de recursos y con la presión diaria de sostener servicios básicos, intendentes bonaerenses de distintos signos políticos avanzaron con un reclamo puntual a la Legislatura: habilitar el uso total y sin restricciones del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM).
El planteo apunta a modificar el esquema vigente, que hoy permite un 70% de libre disponibilidad, para poder destinar el 100% de esos recursos según las urgencias de cada distrito. La demanda no es menor: incluye la posibilidad de cubrir salarios, sostener servicios esenciales y afrontar gastos corrientes en un contexto donde los márgenes financieros se reducen mes a mes.
Desde el entorno del gobernador Axel Kicillof la respuesta fue tajante. Aseguran que el esquema vigente ya contempla un 70% de libre disponibilidad. La definición no solo marca una posición técnica, sino también política: no hay voluntad de ceder más control en un momento sensible.
El dato que más incomoda en La Plata es el carácter transversal del reclamo. No se trata de una ofensiva meramente opositora. El Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y Desarrollo (FRICDE), que impulsa la iniciativa, reúne a cerca de 60 jefes comunales del peronismo, la UCR y el PRO.
Esa heterogeneidad le da volumen político al planteo, pero también revela las tensiones internas. Según pudo reconstruir GRUPOLAPROVINCIA.COM de fuentes legislativas, el escenario está lejos de ser homogéneo. Hay diferencias tanto entre intendentes como dentro de la propia Legislatura. “Está todo muy dividido”, reconocen y aseguran que el reclamo no tiene un alineamiento automático. Incluso deslizan críticas hacia la propia administración provincial, donde conviven decisiones de ajuste con un discurso que apunta a la Nación como principal responsable.
Quiénes firman el reclamo y cómo se articula la presión
El pedido elevado a la Legislatura lleva la firma de intendentes de distintos distritos del interior bonaerense, lo que refuerza el carácter federal y transversal de la demanda. Entre ellos se encuentran Emilio Cordonnier (Ayacucho), Ricardo Moccero (Coronel Suárez), Pablo Barrena (Lobería), Juan Pablo García (Dolores), María José Gentile (9 de Julio), Sofía Gambier (Pellegrini), Juan Luis Mancini (Suipacha), José Luis Salomón (Saladillo), Juan Manuel Cerezo (Las Heras), Matías Nebot (Saavedra), Myriam Mongay (Lezama), Estefanía Bordoni (Tornquist) y Martín Randazzo (General La Madrid).
A ese grupo se suman Luis Mariano Martín (Exaltación de la Cruz), Jorge Etcheverry (Lobos), José Castro (San Miguel del Monte), Sebastián Ianantuony (General Alvarado), Osvaldo Dinápoli (General Belgrano), Carlos Rocha (General Guido), Guillermo Britos (Chivilcoy), Diego Reyes (Puan), Darío Golía (Chacabuco), Nahuel Guardia (General Lavalle) y Fabián Blanstein (Las Flores).
También acompañan Juan Ibarguren (Pinamar), Maximiliano Suescun (Rauch), Fernando Raitelli (Brandsen), Román Bouvier (Rojas), Miguel Gesualdi (San Andrés de Giles), Carlos Bevilacqua (Villarino), Miguel Gargaglione (San Cayetano), Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita), Miguel Lunghi (Tandil), David Angueira (Punta Indio), Francisco Recoulat (Trenque Lauquen), Facundo Diz (Navarro), Luciano Spinolo (Tres Lomas) y Rodrigo Aristimuño (Coronel Rosales).
El listado continúa con Esteban Santoro (General Madariaga), Héctor Olivera (Tordillo), Lisandro Hourcade (Magdalena), Gustavo Cocconi (Tapalqué), José Capra (General Alvear), Juan Alberto Martínez (Rivadavia), Javier Andrés (Adolfo Alsina), Daniel Stadnik (Carlos Casares), Franco Flexas (General Viamonte), María Celia Gianini (Carlos Tejedor) y Nahuel Mittelbach (Florentino Ameghino). Completan el grupo Jorge Gaute (Alberti), Érica Revilla (General Arenales), Sergio Barenghi (Bragado), Esteban Reino (Balcarce), Ignacio Pugnaloni (Hipólito Yrigoyen), Lucía Gómez (Adolfo Gonzales Chaves), Juan Carlos Chalde (Coronel Dorrego), Salvador Serenal (Lincoln), Ricardo Marino (Patagones) y Javier Gastón (Chascomús).
La letra chica del fondo y el margen de disputa
El FEFIM fue creado en el marco de la ley de endeudamiento para 2026 y 2027, con el objetivo de financiar obras, programas sociales y cubrir atrasos de tesorería. El esquema actual establece que el 70% de los recursos puede ser utilizado libremente por los municipios, mientras que el 30% restante queda atado a proyectos validados por áreas como Infraestructura, Transporte y Cultura.
Ese 30% es el núcleo del conflicto. Su ejecución depende de una comisión bicameral que introduce un componente político en la distribución. En la práctica, los intendentes deben gestionar aprobaciones que no siempre responden a criterios estrictamente técnicos.
Ahí es donde aparece el reclamo por el 100% de libre disponibilidad. No es solo una cuestión de porcentajes, sino de tiempos y autonomía. Los municipios plantean que necesitan liquidez inmediata para afrontar gastos corrientes, algo que el diseño actual no garantiza.
Municipios al límite y presión por gastos corrientes
Detrás del planteo hay una realidad que atraviesa a las comunas: la dificultad creciente para sostener el funcionamiento básico. Salarios, recolección de residuos, mantenimiento urbano y atención sanitaria empiezan a depender de recursos cada vez más escasos.
Un intendente peronista del interior bonaerense, en diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, fue directo: considera que el pedido de mayor flexibilidad “va a seguir siendo unánime” porque la situación ya no permite priorizar obras de infraestructura por sobre urgencias cotidianas.
En esa misma línea, describió un escenario sanitario complejo, con recortes en programas nacionales que impactan de lleno en los hospitales municipales. “Somos la primera ventanilla donde reclama la gente”, resumió, graficando el rol de los alcaldes como amortiguadores de la crisis.
La resolución del conflicto quedó ahora en manos de la Legislatura bonaerense, donde el tema empieza a procesarse con cautela. La eventual modificación del esquema del fondo no solo implicaría un cambio administrativo, sino también una señal política sobre el grado de autonomía que la Provincia está dispuesta a conceder.
El punto es delicado. Ceder el control total de los recursos podría aliviar la situación de los municipios en el corto plazo, pero también debilitar la capacidad de ordenamiento del Ejecutivo provincial en un año marcado por restricciones económicas.
“Lo más práctico sería que manden la plata de una sola vezy podamos usarla para lo que necesitamos todos los días”, sintetizó uno de los intendentes involucrados en la negociación.