Imputabilidad juvenil: el PRO busca alinear a la Provincia con la ley nacional
Con la sanción y posterior promulgación de la Ley 27.801, el tablero político bonaerense sumó un nuevo capítulo en el debate por la responsabilidad penal juvenil. En ese marco, el bloque de senadores del PRO avanzó con un proyecto para adecuar el sistema provincial a la normativa nacional, con eje en la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años y en la reformulación del esquema vigente.
La iniciativa, impulsada por el senador Guillermo Montenegro, propone intervenir sobre la Ley 13.634 sin derogarla completamente, sino “reconfigurarla” mediante modificaciones puntuales que la alineen con el nuevo paradigma federal. El texto busca trasladar a la provincia de Buenos Aires los criterios centrales del régimen aprobado en el Congreso durante el período extraordinario.
“La sanción de la Ley 27.801 marca un avance considerable en materia del régimen penal juvenil. Esto marca la transición de una visión puramente tutelar del menor a una de responsabilidad penal respecto de los delitos cometidos, con amplia participación de la víctima”, sostuvo Montenegro al fundamentar su propuesta.
Según el exintendente de Mar del Plata, la actualización normativa responde a “la necesidad de hacer frente a los cambios socioculturales que han tenido lugar en las últimas décadas”.
En el diagnóstico opositor aparece una preocupación que atraviesa buena parte del debate público: el crecimiento de delitos cometidos por menores.
“Se viene registrando un crecimiento en los casos de delitos cometidos por menores, ya sea individualmente o instigados o coordinados por mayores que buscaban aprovecharse de la situación de inimputabilidad”, planteó el senador, al tiempo que advirtió sobre la participación de organizaciones criminales en ese esquema.
Cambios estructurales y foco en la especialización
El proyecto introduce modificaciones de fondo en el funcionamiento del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Entre los puntos centrales, se establece que el régimen será aplicable a adolescentes desde los 14 años hasta los 18, tomando como referencia la edad al momento del hecho.
Además, redefine la integración del sistema judicial, exigiendo que jueces, fiscales y defensores cuenten con capacitación específica en el abordaje de jóvenes en conflicto con la ley.
La iniciativa también endurece ciertos criterios procesales. Por ejemplo, limita la posibilidad del Ministerio Público Fiscal de no iniciar la acción penal únicamente a delitos con pena máxima menor a seis años y sin violencia grave o muerte.
A su vez, incorpora medidas cautelares más estrictas, como restricciones de salida del país, prohibiciones de contacto y arresto domiciliario, reservando la prisión preventiva para casos de riesgo de fuga.
En paralelo, el texto refuerza el rol de la víctima dentro del proceso judicial. Se prevé asistencia psicológica, patrocinio jurídico gratuito y la posibilidad de participar en instancias de mediación. Esta mirada, según el PRO, busca equilibrar un sistema que históricamente estuvo centrado en el menor imputado.
Otro eje fuerte del proyecto es la especialización en la ejecución de las penas. Se establece que los adolescentes privados de la libertad deberán cumplir las sanciones en establecimientos exclusivos, con personal capacitado y sin contacto con adultos.
Además, se promueve la incorporación de equipos interdisciplinarios y mecanismos de seguimiento para garantizar el cumplimiento de las medidas y trabajar en la reinserción social.
Debate político y diferencias de enfoque
La avanzada del PRO en la Legislatura bonaerense se inscribe en una discusión más amplia que viene escalando desde principios de año. Mientras el Gobierno nacional impulsó la baja de la edad de imputabilidad incluso por debajo de los 14 años en sus primeros borradores, desde la provincia de Buenos Aires rechazaron ese enfoque, planteando la necesidad de políticas integrales.
En ese contexto, el senador Juan Manuel Rico Zini, también del PRO, aportó su mirada en diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM al señalar que “Argentina tiene uno de los regímenes penales juveniles con edades más altas en Latinoamérica” y consideró “una buena noticia” avanzar en este debate.
Sin embargo, marcó diferencias con la propuesta original del Ejecutivo nacional: “El proyecto plantea 13. Me parece que es mucho. Entiendo que quizá 14 sea la edad más conveniente”.
El legislador también subrayó que se trata de un régimen diferenciado del sistema penal adulto, con “penas y condiciones especiales” y sin convivencia con mayores. Al mismo tiempo, cuestionó la postura del gobierno bonaerense al advertir que “pareciera que la excusa de que no resuelve la cuestión de fondo termina siendo ideológica para no hacer ningún sistema”.
Desde el bloque opositor sostienen que la provincia no puede quedar desfasada respecto del marco nacional y que la falta de actualización limita la capacidad de intervención del Estado. En esa línea, argumentan que el nuevo esquema permitiría actuar de manera más temprana frente a conductas delictivas y evitar la consolidación de trayectorias criminales.
El proyecto también deja en claro que la privación de la libertad será el último recurso, por el menor tiempo posible, y que no podrá aplicarse pena perpetua, fijando un máximo de 15 años de condena para adolescentes. A su vez, incorpora actividades educativas, laborales y programas de integración como parte de las sanciones.
La discusión, que ya generó cruces entre referentes nacionales y provinciales, ahora se traslada al Senado bonaerense, donde el PRO busca instalar una hoja de ruta para adaptar el sistema local a las exigencias de la ley nacional y reconfigurar el abordaje del delito juvenil en el distrito más grande del país.