La baja de la edad de imputabilidad y la tensión entre la urgencia social y la respuesta estructural

La baja de la edad de imputabilidad volvió a encender una grieta profunda en la política argentina y encontró en la red social X su escenario principal. Durante todo el fin de semana, la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, protagonizaron un cruce cargado de chicanas, acusaciones y definiciones de fondo sobre un tema tan sensible como estructural: cómo abordar el delito juvenil en la Argentina.

El detonante fue el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para reducir la edad de punibilidad de 16 a 13 años, iniciativa que Bullrich defiende con énfasis y que la Provincia de Buenos Aires rechaza en los términos planteados. El viernes, la senadora cuestionó un posteo del gobernador Axel Kicillof, quien había compartido un artículo de Alonso donde advertía que “poner el eje de la discusión en la edad mínima es un debate estéril que no resuelve nada”.

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Cruce político y disputa discursiva

Alonso sostuvo que “la Argentina necesita un nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil”, pero insistió en que bajar la edad de imputabilidad no ataca el problema de fondo. Kicillof respaldó públicamente esa posición y remarcó que “no hay soluciones mágicas” y que se requiere “un esfuerzo integral entre los tres poderes del Estado, trabajo serio y planificación”.

La respuesta de Bullrich fue inmediata y sin matices. “No puedo creer estar leyendo esto. Queda claro que no le importa ni la seguridad ni las víctimas. Siempre del lado de los delincuentes”, lanzó la legisladora, y desafió al gobernador a explicarle su postura “en la cara a las familias que perdieron a un hijo, a un padre o a una madre a manos de un menor”.

El posteo de Bullrich en respuesta a Kicillof.

El intercambio escaló con la intervención del diputado nacional y presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, quien acusó al gobernador y a su ministro de “defender a los delincuentes” y de militar “la nefasta doctrina del zaffaronismo”. “Vamos a trabajar incansablemente para tener la Ley Penal Juvenil”, advirtió.

Lejos de retroceder, Alonso respondió que Bullrich se “apropia del dolor de las víctimas para hacer una campaña política barata y oportunista” y subrayó que “la minoridad no se aborda con slogans ni agitando bronca desde las redes”. Además, citó la postura de la Iglesia, que días atrás se pronunció contra la baja de la edad de imputabilidad y reclamó “transformaciones profundas”.

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Seguridad, edad y responsabilidad del Estado

El ministro coincidió con la Conferencia Episcopal Argentina en que la problemática debe abordarse “priorizando la prevención y la integración juvenil, con políticas públicas serias, inversión y trabajo coordinado”. Y lanzó una chicana directa: “Recoja algo de su zigzagueante recorrido político y haga un aporte más serio y sustancial a este debate”.

Bullrich retomó el ataque el domingo. Dijo que la respuesta de Alonso le generaba “mucha preocupación” porque confirmaba que “no van a cambiar nunca el chip con la seguridad”. También descalificó los planteos de la Provincia al afirmar que hablar de “planes integrales” es “puro piripipi” y describió al conurbano como “un mar de delitos”.

Axel Kicillof y Javier Alonso en entrega de patrulleros para la Policía Bonaerense.

En defensa del proyecto oficial, la senadora sostuvo que la Ley Penal Juvenil “también es una cuestión de edad” y citó el caso de Jeremías Monzón, el adolescente asesinado por menores en Santa Fe, cuyos agresores “están en su casa, sin consecuencias”.

Alonso respondió con datos y contexto. Rechazó la idea de un “mar de delitos” y recordó que la Provincia de Buenos Aires es “el territorio más grande y complejo del país”, donde vive más del 40% de los argentinos. Además, señaló que “los delitos están a la baja” y denunció que el gobierno nacional le quitó a la Provincia “más de 14,7 billones de pesos destinados a seguridad y bienestar”.

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La mirada del PRO y el debate legislativo

El crimen de Jeremías fue uno de los casos utilizados por el Gobierno nacional para acelerar el tratamiento de la reforma penal juvenil, incluida en el temario de las sesiones extraordinarias que comenzaron este lunes. La iniciativa abrió un abanico de posiciones, incluso dentro de la oposición.

En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el senador provincial del PRO Juan Manuel Rico Zini aportó su mirada. Reconoció que “Argentina tiene uno de los regímenes penales juveniles con edades más altas en Latinoamérica” y consideró “una buena noticia” discutir una baja de la edad de imputabilidad. Sin embargo, cuestionó el umbral propuesto por el Ejecutivo.

Juan Manuel Rico Zini, senador bonaerense del PRO.

“El proyecto plantea 13. Me parece que es mucho. Entiendo que quizá 14 sea la edad más conveniente, tal como ha sido el dictamen del PRO en la Cámara de Diputados”, sostuvo. Rico Zini también remarcó que se trata de un régimen penal juvenil, distinto al de los adultos, con “penas y condiciones especiales” y sin convivencia con mayores.

El legislador coincidió en que la ley vigente es “un decreto de la dictadura” y que “un menor de 15 años hoy no es lo mismo que en la década del 80”. No obstante, fue crítico con la postura del Ejecutivo bonaerense: “Pareciera que la excusa de que no resuelve la cuestión de fondo termina siendo ideológica para no hacer ningún sistema”.

Mientras el Congreso avanza con el debate, la discusión expone algo más que una diferencia técnica: revela dos concepciones opuestas sobre seguridad, Estado y responsabilidad política. Y, por ahora, la grieta parece tan profunda como ruidosa.