Crece la preocupación en la Provincia por el impacto de los cambios que evalúa Milei en la Zona Fría
La posibilidad de que el Gobierno de Javier Milei avance con cambios en el régimen de Zona Fría volvió a encender alarmas en la provincia de Buenos Aires, donde más de tres millones de hogares dependen de descuentos en la tarifa de gas para afrontar los meses de invierno.
La discusión, que ya había generado ruido durante el tratamiento del Presupuesto 2026, reaparece ahora con versiones de un nuevo proyecto en elaboración que incluiría recortes y una redefinición del universo de beneficiarios.
En la Legislatura bonaerense, la advertencia llegó desde la senadora radical Nerina Neumann, quien buscó ponerle marco técnico a un debate que, según planteó, no puede reducirse a una cuestión fiscal.
“El régimen de Zona Fría no es el resultado de una decisión discrecional. Se construyó a partir de parámetros técnicos definidos por organismos especializados, como el ENARGAS”, sostuvo, en referencia a los criterios que contemplan intensidad y duración del frío, además de la demanda energética para calefacción.
El trasfondo fiscal y el alcance bonaerense
El esquema de Zona Fría, creado en 2002 por la Ley 25.565 y ampliado en 2021 mediante la Ley 27.637 durante la gestión de Alberto Fernández, pasó de cubrir menos de un millón de usuarios a alcanzar cerca de cuatro millones en todo el país. Buena parte de esa expansión se explicó por la incorporación de distritos bonaerenses, especialmente del sur, sudoeste y la Costa Atlántica.
Ese crecimiento es, justamente, uno de los argumentos que el oficialismo nacional pone sobre la mesa para justificar una eventual poda. La Casa Rosada sostiene que el sistema perdió focalización y elevó su costo fiscal, en un contexto de ajuste del gasto.
El fondo fiduciario que financia los subsidios —alimentado por un recargo sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST)— ya muestra señales de presión: el tope del recargo fue elevado recientemente del 7,5% al 11,25%.
En territorio bonaerense, el impacto de cualquier modificación sería inmediato. Municipios como Bahía Blanca, General Pueyrredón, Necochea, Coronel Rosales, Villarino y Patagones aparecen entre los más expuestos, pero el alcance se extiende también a distritos del interior como Olavarría, Azul, Tandil, Pergamino y Junín, además de localidades turísticas como Villa Gesell o Tres Arroyos.
Rechazo político y presión territorial
El antecedente más reciente de esta disputa se remonta a septiembre del año pasado, cuando el artículo 72 del Presupuesto 2026 planteó la derogación de la Ley 27.637. La reacción en la provincia fue inmediata: la Cámara de Diputados bonaerense aprobó por unanimidad un proyecto impulsado por Gustavo Pulti para rechazar la medida.
“El Congreso debe estar a la altura y frenar este atropello. El gobierno nacional pretende ajustar también sobre la calefacción de los hogares”, advirtió el exintendente marplatense, quien además cuestionó que “se quita la zona fría sin que hayan cambiado las temperaturas que justificaron el beneficio”.
En la misma línea, la senadora provincial Fernanda Raverta puso el foco en el impacto social: “Estamos hablando de una medida que pone en riesgo el acceso a un servicio básico para atravesar el invierno. No es una cifra, es la vida cotidiana de miles de hogares”.
Desde los municipios, el tono fue aún más directo. El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, cuestionó públicamente la intención de excluir a su distrito del régimen: “La inclusión de la ciudad en la Ley de Zona Fría no sólo fue justa sino que también es un derecho que los bahienses debimos tener antes”.
Y agregó: “La iniciativa del gobierno nacional de volver a excluirnos de este régimen es injustificable e intenta golpear nuevamente a nuestras familias, duplicando el costo de sus facturas de gas”.
Debate técnico versus ajuste lineal
En ese escenario, Neumann buscó introducir matices dentro del propio debate opositor. Si bien reconoció que “la Argentina enfrenta desafíos fiscales y energéticos que requieren revisar permanentemente sus instrumentos”, advirtió que no todas las regiones bonaerenses pueden ser tratadas de la misma manera.
“El sudoeste y la Costa Atlántica bonaerense presentan condiciones comparables a regiones del sur del país en términos de necesidad de calefacción”, explicó. “En estas zonas el consumo de gas no responde a una elección, sino a una necesidad estructural”.
La senadora radical planteó que cualquier modificación debería apoyarse en evidencia técnica y no en recortes generalizados: “Si el objetivo es mejorar la Ley, el camino no debería ser la reducción indiscriminada de beneficios, sino la profundización de los criterios técnicos que permitan identificar con mayor exactitud qué regiones requieren este tipo de políticas”.
En ese sentido, insistió en que la discusión no implica negar cambios, sino orientarlos hacia una “mayor justicia territorial”, evitando decisiones que puedan resultar arbitrarias. “Revisar la Ley puede ser una oportunidad, pero solo lo será si se hace con responsabilidad, con datos y con una mirada federal que reconozca la diversidad del país”, concluyó.