Inundaciones, falta de obras y fondos en la “timba”: bronca en el campo bonaerense con Milei
En la Argentina productiva, el agua dejó de ser solo una variable climática para convertirse en un problema estructural atravesado por decisiones políticas. Mientras las lluvias profundizan los anegamientos en zonas clave del interior, el dato que reveló el Gobierno nacional en el Congreso abrió una nueva grieta: los recursos destinados a prevenir estas crisis no están siendo ejecutados en obras.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó ante la Cámara de Diputados que el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica acumula actualmente $34.922 millones en cuentas a la vista y otros $258.000 millones invertidos en Letras Capitalizables (LECAP). En total, cerca de $290.000 millones permanecen fuera del circuito de obra pública.
La cifra no es menor si se la contrasta con el origen de esos fondos. Según la Ley 26.181, el fideicomiso se financia con una alícuota del 5% sobre la nafta y del 9% sobre el GNC, con un destino específico: obras, mantenimiento y servicios vinculados a la infraestructura hídrica, la recuperación de tierras productivas y la mitigación de inundaciones.
El impacto de esta decisión se vuelve tangible en el territorio. Como venimos contando en GRUPOLAPROVINCIA.COM, en el noroeste bonaerense, distritos como Nueve de Julio y Carlos Casares atraviesan un escenario crítico tras más de 13 meses de emergencia hídrica. Las lluvias recientes agravaron el cuadro: caminos rurales colapsados, cosechas demoradas y tambos operando al límite.
En muchos casos, la recolección de soja avanza apenas entre el 10% y el 20%, muy por debajo de los niveles habituales para esta época. La falta de infraestructura no solo retrasa la producción, sino que compromete su calidad y eleva los costos logísticos.
Desde el territorio, la sensación es que la crisis dejó de ser coyuntural. Productores y dirigentes rurales advierten que el problema ya no se explica únicamente por el clima, sino por la ausencia de inversión sostenida.
En ese contexto, la diputada bonaerense Silvina Vaccarezza se convirtió en una de las voces más críticas. Con números oficiales en mano, apuntó directamente contra la estrategia del Gobierno nacional.
"Es inadmisible que los recursos del Fondo Hídrico se destinen a la timba financiera mientras el interior productivo sigue esperando obras clave para prevenir inundaciones", escribió la legisladora en su cuenta de X.
La legisladora también puso el eje en el impacto territorial de la decisión. “Hay una desconexión entre las necesidades del interior y las prioridades del Gobierno nacional. El uso de estos fondos para la especulación financiera es una burla para los productores que, a pesar de la desidia y malicia del Gobierno Nacional, siguen apostando e invirtiendo en el país”, sostuvo.
Vaccarezza además vinculó el debate con la presión impositiva: “Lo recaudado por el impuesto a los combustibles debe destinarse a obras viales. Lo que pasa en las rutas no es un caso aislado, es el reflejo del abandono total de la infraestructura en todo el país”.
Obras frenadas y un cuello de botella estructural
El conflicto no se limita a la discusión sobre el uso de fondos. Tiene un correlato concreto en obras paralizadas. El Plan Maestro del Río Salado, considerado clave para evitar inundaciones en la provincia de Buenos Aires, sigue sin avances en los tramos bajo responsabilidad nacional.
Esa falta de ejecución genera un “cuello de botella” que impide el escurrimiento del agua y amplifica los efectos de cada evento climático. Desde entidades agropecuarias vienen advirtiendo que la inacción en este punto es uno de los factores centrales detrás de las inundaciones recurrentes.
A esto se suma un dato que circula en el sector: durante 2025, el Gobierno nacional no habría ejecutado cerca de $189.000 millones del Fondo Hídrico, lo que refuerza la percepción de un esquema donde los recursos existen, pero no se traducen en infraestructura.
Entre la restricción fiscal y el costo productivo
El trasfondo de la decisión oficial se inscribe en la estrategia económica del Gobierno, centrada en el equilibrio fiscal y la reducción del gasto público. En ese marco, la utilización de fondos en instrumentos financieros aparece como una herramienta para administrar liquidez.
Sin embargo, el costo de esa lógica se traslada al territorio. Intendentes, productores y funcionarios coinciden en que sin inversión en caminos y obras hídricas, la actividad agropecuaria pierde competitividad.
El intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, lo sintetizó a este medio con una advertencia concreta: “Si no se cobra la tasa, no se pueden reparar los caminos. Si ya así como están hay muchos productores que se quejan, imaginate si no se cobrara la tasa y nadie arreglara los caminos”.
En la misma línea, desde Salto, el secretario de Gobierno Camilo Alessandro describió el escenario: “Hay que estar al lado del productor agropecuario, que es el que más necesita, con los caminos rurales, sobre todo tras un año tan lluvioso”.
El conflicto por el Fondo Hídrico expone una discusión más amplia sobre el rol del Estado en infraestructura estratégica. Mientras el Gobierno prioriza el orden fiscal, en el interior productivo crece la presión por respuestas concretas frente a un problema que impacta directamente en la economía real.
La tensión entre ambas lógicas —la financiera y la productiva— empieza a marcar el pulso de una agenda donde el agua, lejos de ser un fenómeno natural, se convirtió en un eje político y económico de primer orden.