Caso Adorni: qué dice la denuncia que motivó el pedido de detención
La diputada Marcela Pagano solicitó la detención del jefe de Gabinete Manuel Adorni en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, al acusarlo de haber intentado influir sobre un testigo clave antes de su declaración judicial. La presentación se realizó ante el juez Ariel Lijo y se apoya en la hipótesis de entorpecimiento de la investigación.
El planteo surgió luego de la declaración del arquitecto Matías Tabar, quien participó en la remodelación de una vivienda en el country Indio Cuá y cuyo testimonio es considerado central en el expediente.
El eje de la denuncia: presunta presión sobre un testigo
Según expuso Pagano, el pedido de detención se fundamenta en la posibilidad de que Adorni haya intentado interferir en la causa al contactar previamente al testigo. La legisladora sostuvo que existen dos causales para solicitar una detención: el riesgo de fuga —que descartó en este caso— y el entorpecimiento de la investigación, argumento que utilizó en su presentación.
En ese sentido, acusó al funcionario de haber tomado contacto con Tabar antes de que declarara bajo juramento. De acuerdo con la denuncia, ese acercamiento habría incluido el ofrecimiento de “ayuda” y el contacto con su “equipo”, además de la presunta eliminación de mensajes de WhatsApp vinculados a ese intercambio.
Pagano afirmó que se basó en versiones periodísticas sobre la declaración del contratista ante el fiscal Gerardo Pollicita, ya que como denunciante no tiene acceso directo al expediente. “Según estas versiones, Tabar habría recibido contacto de la gente de Adorni para borrar conversaciones a cambio de beneficios, borrar pruebas del teléfono”, indicó.
La aplicación de la doctrina “Irurzun”
El pedido de detención fue presentado bajo la doctrina “Irurzun”, un criterio judicial que habilita la prisión preventiva de personas con poder cuando se presume que podrían interferir en una investigación penal.
Pagano sostuvo que este criterio fue utilizado en causas contra exfuncionarios durante el macrismo, como Julio De Vido y Amado Boudou, y cuestionó: “¿Cómo no se va a usar con Adorni que es la persona más importante de la Argentina, detrás del presidente Javier Milei y su hermana Karina?”.
La diputada argumentó que el hecho se agrava porque el funcionario se encuentra en ejercicio de su cargo, lo que —según señaló— le otorga mayor capacidad de influir sobre testigos, organismos públicos y el desarrollo del expediente.
“Adorni es una persona poderosa y es un reaseguro que se usa para que personas con poder no entorpezcan la causa”, añadió.
Otros posibles delitos y medidas solicitadas
En el escrito presentado ante el juez Lijo, también se planteó que el accionar del funcionario podría encuadrar como incumplimiento de los deberes de funcionario público, en caso de haberse utilizado recursos o vínculos derivados de su cargo en una causa en la que está imputado.
Además, se advirtió que aún quedan testigos por declarar, lo que —según la denunciante— incrementa el riesgo de reiteración de este tipo de conductas.
Como alternativa a la detención, Pagano propuso una serie de medidas restrictivas: prohibición de contacto con testigos, retención del pasaporte, caución económica y preservación de comunicaciones.
La presentación también incluyó un pedido de ampliación de la imputación y la producción de nuevas pruebas, entre ellas el peritaje del celular del testigo para recuperar los mensajes eliminados.
La declaración del contratista y los detalles de la obra
En paralelo, el testimonio de Matías Tabar aportó información relevante para la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni y Betina Angeletti.
El contratista describió una serie de pagos en efectivo, ausencia de facturación y detalles sobre la remodelación de una vivienda. Según su declaración, ni él ni los proveedores emitieron facturas a nombre de los imputados, y sostuvo que en el rubro de la construcción “la mayor parte” de los trabajos se realiza sin documentación formal.
También afirmó que no se entregaron recibos por los pagos realizados durante la obra.
De acuerdo con su testimonio, el primer pago fue de 35.000 dólares en efectivo, y todos los desembolsos posteriores también se realizaron en dólares sin respaldo documental. Indicó además que la obra consistió en una remodelación integral de una casa de 400 metros cuadrados y que el costo total habría ascendido a unos 245.000 dólares abonados en efectivo.
Estos elementos son considerados clave para la investigación, ya que apuntan a acreditar presuntas irregularidades económicas en el marco de la causa.
Un expediente en desarrollo
El pedido de detención presentado por Pagano se suma a una serie de planteos en una causa que continúa en etapa de instrucción. La definición sobre las medidas a adoptar quedará ahora en manos del juez Ariel Lijo, mientras avanzan las actuaciones y la recolección de pruebas.