Milei avanza con el ajuste al gas y golpea al interior bonaerense: boletas más caras y fuerte rechazo político

Este miércoles comienza en el Congreso de la Nación el debate en plenario de comisiones sobre el proyecto impulsado por La Libertad Avanza que busca modificar el esquema de subsidios al gas natural y recortar el alcance del régimen de descuentos en zonas de bajas temperaturas. La discusión se da en un contexto de fuerte tensión política, con el Gobierno nacional decidido a avanzar sobre una de las ampliaciones más relevantes de los últimos años en materia tarifaria.

La reunión conjunta de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda está convocada para las 15 y contará con la exposición de la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, junto a otros funcionarios del área. El oficialismo buscará acelerar el tratamiento del proyecto con la intención de lograr un dictamen de mayoría que habilite su llegada al recinto, con una fecha tentativa de debate fijada para el 20 de mayo.

En paralelo, la iniciativa ya genera resistencia en distintos bloques legislativos, especialmente en aquellos que representan provincias y municipios que fueron incorporados al esquema ampliado en 2021, cuando se sumaron millones de usuarios al sistema de tarifas diferenciales.

El punto más sensible del debate aparece en la provincia de Buenos Aires, donde el eventual recorte tendría efectos directos sobre 94 municipios que hoy reciben descuentos de entre el 30% y el 50% en sus facturas de gas. Entre ellos se encuentran distritos del sur bonaerense como Bahía Blanca, Patagones, Villarino, Coronel Rosales y Mar del Plata, pero también una extensa red de ciudades del centro y oeste provincial.

De avanzar la reforma, el impacto alcanzaría a más de 1,3 millones de usuarios bonaerenses, en un escenario atravesado por la caída del poder adquisitivo y el aumento sostenido de tarifas. A nivel nacional, el régimen beneficia actualmente a más de 3 millones de hogares, tras la ampliación aprobada en 2021 que llevó el universo total a cerca de 4 millones de usuarios.

El esquema vigente nació originalmente para regiones de temperaturas extremas como la Patagonia, la Puna y Malargüe, pero la ampliación legislativa incorporó a municipios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y otras provincias, bajo el argumento de criterios bioambientales que contemplan el consumo energético en zonas de clima frío.

Desde el Poder Ejecutivo sostienen que la ampliación del régimen “desnaturalizó” su objetivo original y generó un incremento significativo del costo fiscal. El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, calificó el esquema actual como “una muy mala ley” y defendió la necesidad de una redefinición más estricta de los criterios de acceso.

El proyecto oficial propone que el beneficio automático quede limitado a la Patagonia, Malargüe y la Puna, mientras que el resto de las regiones deberá acreditar condiciones de vulnerabilidad socioeconómica para acceder al descuento. Además, se plantea modificar la base de cálculo del subsidio y centralizar su pago directamente a las empresas proveedoras.

Otro punto clave es el financiamiento del sistema, que se sostiene a través de un fondo fiduciario alimentado por un recargo en las facturas de gas que pagan todos los usuarios del país. Ese recargo fue recientemente actualizado y puede llegar al 11,25%.

Rechazo en la provincia y advertencias locales

La reacción en territorio bonaerense fue inmediata. Intendentes, legisladores y referentes de distintos espacios políticos expresaron preocupación por el impacto del recorte en plena temporada de bajas temperaturas.

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, pidió al Gobierno nacional que “recapacite” y advirtió sobre el impacto directo en los hogares del sur provincial. En la misma línea, en Pehuajó, el jefe comunal Pablo Zurro cuestionó la medida y apuntó contra la administración nacional en el marco de la tensión con la provincia de Buenos Aires.

Desde la Legislatura bonaerense también se multiplicaron las críticas. El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Matías Civale, junto al bloque UCR + Cambio Federal, advirtió que eliminar el esquema automático implicaría trasladar costos “a familias de clase media, trabajadores y jubilados del interior bonaerense”. El proyecto fue acompañado Diego Garciarena y Silvina Vaccarezza.

Por su parte, el diputado Fabián Luayza, del bloque Nuevos Aires, acusó al Gobierno nacional de impulsar “un superávit mentiroso” a costa de los bonaerenses. “Sin sensibilidad social, siguen usando el sacrificio de los bonaerenses en pos de un superávit mentiroso”, disparó.

En el Senado provincial, la dirigente Fernanda Raverta fue una de las voces más duras contra la iniciativa. “El proyecto constituye una regresión normativa que pretende desmantelar el régimen”, sostuvo, al tiempo que remarcó que el acceso a la tarifa diferencial “no puede quedar sujeto a criterios de ajuste fiscal”.

También la senadora Valeria Arata, del Frente Renovador, anticipó iniciativas para rechazar la modificación y alertó por el impacto en distritos como Junín, donde el peso de las tarifas ya afecta el consumo de los hogares.

El tratamiento legislativo promete convertirse en uno de los ejes de discusión de las próximas semanas. No es la primera vez que el oficialismo intenta avanzar sobre el esquema de subsidios al gas, pero esta vez busca hacerlo a través de un proyecto específico, en un Congreso con mayor reconfiguración política tras las últimas elecciones.

En la oposición advierten que el recorte golpea de lleno en el interior bonaerense y en regiones donde el consumo energético no es una variable flexible, sino una necesidad estructural durante el invierno. Con el frío en aumento y las boletas en alza, el debate promete escalar tanto en el recinto como en el territorio.