Tarifas por las nubes: el ajuste de Milei al gas amenaza con borrar descuentos en casi 100 municipios bonaerenses
El gobierno de Javier Milei reactivó su ofensiva para modificar el esquema de subsidios al gas y reducir el alcance del régimen que hoy beneficia a millones de hogares. El proyecto que la Casa Rosada busca impulsar en el Congreso apunta a desarmar buena parte de la ampliación de la llamada Zona Fría, incorporada en 2021 mediante la Ley 27.637. De avanzar, el impacto sería inmediato sobre 94 municipios bonaerenses que actualmente acceden a descuentos del 30% y 50% en las facturas de gas.
La discusión no es menor. En una provincia atravesada por la caída del poder adquisitivo y el aumento sostenido de los servicios públicos, el recorte amenaza con trasladar un costo millonario a usuarios residenciales, jubilados, trabajadores y sectores medios del interior.
El régimen de Zona Fría nació en 2002 con la Ley 25.565. En aquel momento estaba pensado para regiones de temperaturas extremas como la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe. El sistema establecía tarifas diferenciales para compensar el mayor consumo de gas en zonas de clima riguroso.
Pero el verdadero cambio llegó en 2021. Durante el gobierno de Alberto Fernández, el Congreso aprobó la ampliación del esquema y sumó a decenas de municipios bonaerenses que históricamente reclamaban ser incorporados por sus condiciones climáticas.
A partir de esa modificación, ciudades como Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil, Azul, Olavarría, Necochea, Coronel Rosales, Pergamino, Junín, Trenque Lauquen, Villarino, Patagones, Tres Arroyos y Villa Gesell comenzaron a acceder a descuentos automáticos sobre la tarifa de gas.
La ampliación disparó la cantidad de beneficiarios a nivel nacional: el sistema pasó de cubrir menos de un millón de usuarios a rozar los cuatro millones. Una parte sustancial de ese crecimiento ocurrió en la provincia de Buenos Aires. Actualmente se estima que más de tres millones de hogares bonaerenses reciben algún tipo de descuento dentro del esquema.
Qué quiere cambiar el Gobierno
La administración libertaria sostiene que el régimen perdió “focalización” tras la ampliación de 2021 y que el costo fiscal del sistema se volvió excesivo. El proyecto que circula en el Congreso propone volver al esquema previo a la ampliación. En los hechos, eso implicaría que los descuentos automáticos queden limitados a la Patagonia, Malargüe y la Puna, mientras que el resto de las regiones debería acreditar vulnerabilidad socioeconómica para acceder al beneficio.
El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, defendió públicamente esa postura y calificó al esquema vigente como “una muy mala ley”. Según explicó el funcionario, el sistema actual subsidia incluso a usuarios de ingresos altos y genera un costo creciente para el Estado. El financiamiento sale de un fondo fiduciario alimentado por un recargo sobre el precio del gas que pagan todos los usuarios del país y que recientemente fue habilitado a subir del 7,5% al 11,25%.
En paralelo, el Gobierno insiste con avanzar hacia una segmentación más estricta de subsidios: los usuarios de mayores ingresos deberían afrontar prácticamente el costo pleno de la energía, mientras que los sectores medios y bajos mantendrían una cobertura parcial.
Municipios en alerta y temor por las boletas
La reacción política en Buenos Aires fue inmediata. Intendentes, legisladores provinciales y dirigentes de distintos espacios salieron a rechazar el proyecto libertario. Uno de los primeros en hablar fue el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, quien pidió que el Gobierno “recapacite” y deje de “castigar” a los bonaerenses.
En ciudades del sur bonaerense, donde las temperaturas son más bajas y el consumo de gas se dispara durante el invierno, el temor pasa por el impacto directo sobre las facturas.
Bahía Blanca, Patagones, Villarino, Coronel Rosales y Mar del Plata aparecen entre los municipios más expuestos. Pero la preocupación también se extiende al centro y oeste de la provincia, donde miles de hogares dependen del descuento para amortiguar el costo energético.
Entre los municipios que perderían el beneficio están 25 de Mayo, 9 de Julio, Alberti, Arrecifes, Azul, Baradero, Bolívar, Bragado, Cañuelas, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Chacabuco, Chivilcoy, Colón, Daireaux, Florentino Ameghino, General Alvear, General Arenales, General Belgrano, General Las Heras, General Paz, General Pinto, General Rodríguez, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Junín, Las Flores, Leandro N. Alem, Lincoln, Lobos, Marcos Paz, Mercedes, Monte, Navarro, Olavarría, Pehuajó, Pellegrini, Pergamino, Pila, Ramallo, Rauch, Rivadavia, Rojas, Roque Pérez, Saladillo, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Nicolás, San Pedro, Suipacha, Tapalqué, Trenque Lauquen, Tres Lomas.
También figuran Adolfo Alsina, Adolfo González Chaves, Ayacucho, Bahía Blanca, Balcarce, Benito Juárez, Castelli, Coronel de Marina Leonardo Rosales, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Dolores, General Alvarado, General Guido, General Juan Madariaga, General Lamadrid, General Lavalle, General Pueyrredón, Guaminí, La Costa, Laprida, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Monte Hermoso, Necochea, Patagones, Pinamar, Puán, Saavedra, Salliqueló, San Cayetano, Tandil, Tordillo, Tornquist, Tres Arroyos, Villa Gesell y Villarino.
En Pehuajó, el intendente Pablo Zurro acusó a Milei de avanzar contra “todos los provincianos” en medio de su enfrentamiento político con Axel Kicillof.
La Legislatura bonaerense se mete de lleno en la pelea
El rechazo también escaló rápidamente en la Legislatura provincial. El vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Matías Civale, presentó junto al bloque UCR + Cambio Federal un proyecto para expresar preocupación por el posible recorte.
“Estamos hablando de un beneficio que hoy permite aliviar el costo del gas en ciudades donde las bajas temperaturas generan un consumo mucho más alto”, sostuvo el dirigente radical. Civale advirtió además que eliminar el esquema automático tendría consecuencias directas sobre la clase media y los jubilados del interior bonaerense.
“Quitar ese esquema automático significa trasladar costos altísimos a familias de clase media, trabajadores y jubilados del interior bonaerense”, afirmó. El proyecto lleva también las firmas de los diputados Diego Garciarena y Silvina Vaccarezza, quienes alertaron sobre el deterioro del poder adquisitivo y el aumento constante de las tarifas.
Desde el Senado bonaerense, la radical Nerina Neumann defendió la lógica técnica con la que fue construido el régimen y recordó que los parámetros climáticos fueron establecidos por organismos especializados.
Por su parte, el diputado Fabián Luayza, del bloque Nuevos Aires, acusó al Gobierno nacional de impulsar “un superávit mentiroso” a costa de los bonaerenses. “Sin sensibilidad social, siguen usando el sacrificio de los bonaerenses en pos de un superávit mentiroso”, disparó.
El Congreso, próximo campo de batalla
La discusión promete convertirse en uno de los focos de conflicto político de las próximas semanas. No es la primera vez que el oficialismo intenta avanzar sobre el régimen. Ya lo había hecho durante el debate de la Ley Bases y más tarde con el capítulo energético del Presupuesto 2026, pero ambos intentos encontraron resistencia de gobernadores, intendentes y legisladores de provincias afectadas.
La diferencia ahora es que el Gobierno buscará tratar el tema mediante un proyecto específico y con una composición parlamentaria más favorable tras las últimas elecciones.
En la oposición creen que el escenario volverá a ser áspero. Sobre todo porque el impacto territorial del recorte atraviesa distritos gobernados por distintos espacios políticos y golpea especialmente al interior productivo.
Detrás de la discusión técnica sobre subsidios y equilibrio fiscal aparece un dato político difícil de esquivar: el ajuste llegaría justo cuando el frío empieza a endurecerse y millones de familias ya vienen golpeadas por el aumento de tarifas, la caída de ingresos y el deterioro económico.