En medio de la disputa judicial, las universidades apuestan a la marcha federal y preparan nuevas medidas
Universidades y gremios preparan la marcha del 12 de mayo mientras crece la disputa judicial por el financiamiento. El conflicto suma denuncias por fondos hospitalarios.
Pamela Orellana
La convocatoria a la Marcha Federal Universitaria del próximo 12 de mayo volvió a reunir a rectores, gremios docentes y centros estudiantiles en medio de una nueva escalada del conflicto entre el sistema universitario y el Gobierno nacional.
Mientras el oficialismo celebró el fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que concedió el recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo en la disputa por la Ley de Financiamiento Universitario, las universidades sostienen que la discusión judicial todavía está abierta y apuntan a sostener la presión política y social en las calles.
La disputa judicial por la ley de financiamiento
El eje de la discusión se concentra en el alcance del fallo de la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que concedió el recurso extraordinario impulsado por el Gobierno nacional. Desde el Ministerio de Capital Humano interpretaron que la decisión implica la continuidad de la suspensión de la medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario hasta que se expida la Corte Suprema.
El secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni, afirmó que la administración nacional “cumplió con todas sus obligaciones y transferencias” y sostuvo que la aplicación de la ley implicaría “un gasto total de 1,9 billones de pesos”, incompatible con el objetivo de equilibrio fiscal.
Sin embargo, desde el Consejo Interuniversitario Nacional cuestionaron esa lectura. Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro y vicepresidente del organismo, sostuvo que el sistema universitario esperaba una resolución judicial recién después de la movilización y consideró que el Gobierno busca “bajar los ánimos del sistema universitario”.
Los abogados del CIN analizan el alcance del artículo 258 del Código Procesal Civil y Comercial respecto de la ejecución de sentencias y sostienen que solo la Corte Suprema podría suspender la aplicación de lo resuelto en instancias anteriores.
El presidente del CIN, Franco Bartolacci, afirmó que las transferencias actuales “consolidan en su ejecución el desfinanciamiento y el ajuste hacia el sistema universitario”.
Qué reclama el sistema universitario
Los rectores y gremios docentes sostienen que la discusión excede el expediente judicial y se refleja en la situación presupuestaria de las universidades nacionales.
Según datos del CEPA citados por referentes universitarios, las transferencias a universidades cayeron un 33% en términos reales desde diciembre de 2023, mientras que las becas estudiantiles registraron una retracción del 76%.
La CONADU denunció además que los docentes universitarios perdieron un 34% de poder adquisitivo desde la asunción de Javier Milei y señalaron que no existe una negociación paritaria desde octubre de 2024.
La secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, aseguró que “toda esa paciencia se agotó” al referirse al conflicto salarial y a la convocatoria de nuevas movilizaciones.
El conflicto por los hospitales universitarios
La situación de los hospitales universitarios sumó tensión en los días previos a la marcha. El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, denunció que el Gobierno nacional todavía no transfirió fondos correspondientes a las partidas previstas para hospitales universitarios en el Presupuesto 2026.
Según planteó, la situación afecta directamente la atención médica en centros como el Instituto Roffo y el Hospital de Clínicas. También aseguró que solo seis de los diez quirófanos del Clínicas permanecen operativos y que el hospital mantiene deudas con proveedores para sostener la actividad.
En paralelo, el director del Instituto Lanari, Norberto Lafos, advirtió que los hospitales universitarios podrían enfrentar problemas de funcionamiento en las próximas semanas si no reciben las partidas previstas.
Desde el Gobierno rechazaron las acusaciones. Adorni sostuvo que el Ejecutivo transfirió “la totalidad de los créditos presupuestarios asignados” para salud y funcionamiento universitario.
La disputa escaló luego de que Yacobitti difundiera una nota firmada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, en la que —según el dirigente universitario— se reconoce que las partidas específicas para hospitales universitarios aún no habían sido giradas.
Qué puede pasar después de la marcha
Mientras el conflicto judicial quedó a la espera de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el Congreso la discusión parlamentaria aparece prácticamente paralizada.
Fuentes legislativas admitieron que la posibilidad de avanzar con una iniciativa alternativa del oficialismo perdió impulso en las últimas semanas y que la Comisión de Educación de Diputados permanece sin actividad desde marzo.
En paralelo, el CIN y los gremios universitarios ya evalúan un “segundo tiempo” después de la movilización. Entre las alternativas que analizan aparece la posibilidad de impulsar nuevas protestas frente a tribunales y avanzar con denuncias por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público contra funcionarios del área educativa.
La expectativa de rectores y sindicatos está puesta en que la movilización del 12 de mayo vuelva a mostrar una convocatoria masiva similar a las protestas universitarias de 2024 y 2025, en momentos en que la disputa por el financiamiento universitario combina tensión judicial, presión política y conflicto presupuestario.
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