Deudas, paros y presión política: qué hay detrás del nuevo estallido en IOMA
La deuda con prestadores, las amenazas de corte en la atención y la creciente presión política volvieron a exponer la fragilidad del IOMA en uno de sus momentos más delicados. Mientras la Agremiación Médica Platense (AMP) intimó formalmente al organismo por una deuda que supera los $1.190 millones, en la Legislatura bonaerense recrudecen los cuestionamientos a la gestión de Homero Giles y reaparecen proyectos para reformar el funcionamiento de la obra social.
El conflicto suma tensión sobre un sistema que arrastra meses de reclamos por atrasos en pagos, suspensión de prestaciones y dificultades en la cobertura médica. La advertencia lanzada por la AMP —que amenaza con paralizar la atención durante 48 horas si no se regulariza la deuda antes del miércoles 13 de mayo— terminó de encender las alarmas dentro y fuera del ámbito sanitario.
Con más de dos millones de afiliados en toda la provincia, el deterioro del IOMA ya dejó de ser una discusión sectorial. El impacto empieza a sentirse en clínicas privadas, hospitales municipales y consultorios que absorben una demanda cada vez más difícil de sostener en medio del aumento de costos y la crisis económica.
La deuda que volvió a encender el conflicto
Desde la AMP detallaron que el incumplimiento incluye prestaciones médicas, diferencias arancelarias y gastos administrativos pendientes. La cifra reclamada asciende a $1.190.897.751 y afecta directamente a profesionales que —según sostienen— vienen cobrando de manera parcial y fuera de término desde hace tres meses consecutivos.
El presidente de la entidad, Gastón Quintans, ya había advertido semanas atrás sobre el deterioro de la situación financiera y la dificultad de sostener la atención médica bajo esas condiciones. El conflicto había escalado a mediados de abril, cuando la Agremiación concretó un paro de 72 horas que luego fue levantado tras negociaciones parciales. Sin embargo, el malestar nunca terminó de desactivarse.
Ahora, la entidad fijó un ultimátum: si los pagos no son acreditados antes del miércoles, se avanzará con una nueva medida de fuerza que impactaría sobre miles de afiliados en La Plata y la región. Desde la organización remarcaron que la demora dejó a numerosos profesionales sin percibir ingresos completos y sostuvieron que la irregularidad “no será más tolerada por la comunidad médica”.
El efecto cascada sobre el sistema sanitario
La discusión excede la pelea administrativa entre el IOMA y sus prestadores. Detrás del conflicto aparece una tensión más profunda vinculada al funcionamiento general del sistema de salud bonaerense. El deterioro en la cadena de pagos empezó a traducirse en consecuencias concretas: suspensión de prácticas, reducción de prestaciones, cobros adicionales y mayores dificultades para acceder a turnos médicos.
Entidades como la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA), la Federación de Clínicas (FECLIBA), el Colegio de Kinesiólogos bonaerense y distintas asociaciones profesionales vienen denunciando atrasos sistemáticos y honorarios desactualizados.
La situación también repercute sobre los hospitales municipales y provinciales. En distintos distritos, intendentes vienen alertando sobre una creciente demanda en el sistema público producto de las fallas en la cobertura privada y de obra social.
El propio ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, reconoció recientemente que la red pública atiende entre un 30% y un 40% más de pacientes con menos recursos disponibles. El dato refleja un escenario donde cualquier interrupción en el IOMA termina impactando de lleno sobre hospitales ya tensionados.
La ofensiva política contra Homero Giles
El conflicto sanitario también escaló al plano legislativo. Sectores de la oposición volvieron a impulsar pedidos de informes e iniciativas para interpelar al titular del organismo, Homero Giles.
Uno de los movimientos más activos proviene del bloque UCR + Cambio Federal, que reflotó un proyecto para otorgarle autarquía financiera y administrativa al IOMA. La iniciativa es encabezada por el diputado provincial Diego Garciarena y apunta a modificar el esquema de transferencia de fondos del organismo.
El proyecto propone que los recursos ingresen directamente al IOMA antes del día 15 de cada mes, evitando el paso por la Tesorería provincial. Según sus impulsores, eso permitiría garantizar liquidez inmediata y mejorar la capacidad de gestión.
“La autarquía es una herramienta que puede garantizar una mayor capacidad de acción y de gestión en beneficio de los afiliados”, sostuvo Garciarena al defender la iniciativa.
Desde la oposición sostienen que el problema ya no puede explicarse únicamente por atrasos coyunturales y plantean que existe una crisis estructural vinculada al modelo de administración de la obra social.
Afiliados, denuncias y judicialización
La tensión alrededor del IOMA también empezó a trasladarse al terreno judicial. En ciudades como Mar del Plata, grupos de afiliados avanzaron con denuncias penales contra las autoridades del organismo y contra el gobierno bonaerense por presuntas irregularidades en la gestión.
En paralelo, crecieron los cuestionamientos por demoras en autorizaciones, problemas en la cobertura de medicamentos y dificultades para acceder a tratamientos específicos.
La diputada provincial Silvina Vaccarezza advirtió sobre “interrupciones en prestaciones, deudas con prestadores y dificultades en la cobertura de medicamentos y tratamientos”, mientras que el concejal radical de General Pueyrredón, Ariel Martínez Bordaisco, calificó la situación como un “abandono sanitario”.
En ese marco, el IOMA se convirtió en uno de los principales focos de desgaste para la administración de Axel Kicillof, en un escenario atravesado además por el ajuste nacional, el aumento de costos médicos y la presión sobre todo el sistema sanitario.