Causa Vialidad: el fiscal Luciani pidió decomisar el departamento donde CFK cumple prisión domiciliaria
El fiscal federal Diego Luciani solicitó al Tribunal Oral Federal N°2 el decomiso del departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple arresto domiciliario tras la condena por administración fraudulenta en la causa Vialidad.
La medida forma parte de una nueva avanzada patrimonial impulsada por la fiscalía para intentar recuperar bienes vinculados a la maniobra investigada en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz entre 2003 y 2015. El objetivo es cubrir el perjuicio económico calculado por la Justicia, que ronda los $685.000 millones.
El pedido no pasó inadvertido dentro del universo político y judicial porque el inmueble de Constitución no es una propiedad más dentro del expediente: se trata del domicilio donde la exmandataria atraviesa la etapa de ejecución de su condena y uno de los bienes con mayor carga simbólica dentro del patrimonio investigado.
Según el dictamen presentado por Luciani, el inmueble de San José 1111 integra el entramado patrimonial que la fiscalía considera alcanzado por el decomiso. El Ministerio Público entiende que esos activos deben utilizarse para resarcir económicamente al Estado tras la condena confirmada en la causa Vialidad.
La inclusión de la propiedad agrega un nuevo capítulo a una disputa que ya dejó fuertes cruces entre la fiscalía y la defensa de la exvicepresidenta. En el entorno judicial remarcan que el proceso de decomiso comenzó tras quedar firme la sentencia y ahora avanza hacia una etapa más agresiva sobre bienes específicos.
La situación adquiere además un fuerte impacto político porque el departamento quedó asociado públicamente a la figura de Cristina Kirchner desde que comenzó a cumplir allí la prisión domiciliaria, luego del fallo definitivo de la Corte Suprema.
Una lista que incluye hoteles, cuentas y más de 140 inmuebles
El requerimiento presentado por la fiscalía no se limita a la vivienda de Constitución. El listado incorpora 141 inmuebles, de los cuales 13 corresponden a sociedades vinculadas a la familia Kirchner y 128 a empresas asociadas al empresario Lázaro Báez.
También aparecen 46 automotores, USD 4.664.000 hallados en una caja de seguridad atribuida a Florencia Kirchner, además de USD 992.134 depositados en cuentas bancarias y otras sumas en pesos.
Dentro de los bienes señalados por la fiscalía figuran algunos de los activos más emblemáticos vinculados al kirchnerismo en Santa Cruz: el hotel Alto Calafate, el hotel La Aldea en El Chaltén, el chalet ubicado sobre la costanera de Río Gallegos y distintos terrenos y propiedades distribuidos en la provincia patagónica.
Todos esos bienes pasarían a integrar la denominada “segunda tanda” de decomisos que impulsa Luciani, luego de una primera etapa en la que ya habían quedado alcanzadas más de 100 propiedades pertenecientes a los condenados en el expediente.
La estrategia de Luciani y el próximo paso del tribunal
En el dictamen, Luciani sostuvo que los condenados fueron intimados judicialmente para devolver el dinero fijado por la sentencia y remarcó que “no han depositado ni un solo peso”, frase que se convirtió en uno de los ejes centrales de la ofensiva fiscal.
El representante del Ministerio Público también argumentó que el volumen del patrimonio detectado evidencia “fortunas desproporcionadas” en relación con los ingresos declarados por los involucrados durante los años investigados.
Ahora la decisión quedó en manos del Tribunal Oral Federal N°2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, que deberá resolver si incorpora los nuevos bienes al proceso de ejecución patrimonial.
En paralelo, la defensa de Cristina Kirchner y de sus hijos mantiene una batería de recursos judiciales para intentar frenar el avance sobre el patrimonio familiar.