¿Otro escándalo libertario? La Justicia investiga un posible direccionamiento en la licitación de la Hidrovía
La licitación de la Hidrovía, uno de los contratos de infraestructura más relevantes del país por donde circula más del 80% de las exportaciones argentinas, volvió a quedar en el centro de la escena política y judicial. Un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), conducida por el fiscal Sergio Rodríguez, encendió alertas sobre el desarrollo del proceso y advirtió sobre posibles irregularidades que podrían derivar en consecuencias administrativas y penales.
El documento, que fue incorporado a la causa que tramita en la Fiscalía Federal N° 9 de la Ciudad de Buenos Aires, cuestiona la transparencia del procedimiento impulsado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), bajo la órbita del Ministerio de Economía.
En paralelo, el Gobierno de Javier Milei sostiene que el cronograma continúa sin alteraciones y que la apertura del sobre económico —la etapa final— sigue firme para el próximo martes.
El dictamen de la PIA advierte que el proceso presenta “una grave vulneración al principio de transparencia” por la falta de criterios objetivos en la evaluación técnica de las ofertas. Según el organismo, esa situación abre la puerta a márgenes de discrecionalidad que podrían afectar la competencia entre los oferentes.
En ese marco, el informe también apunta contra la redacción de los pliegos, al considerar que ciertas cláusulas permitirían reinterpretaciones posteriores de las reglas de juego, incluso después de la apertura de sobres. La observación no es menor: la Hidrovía es una concesión estratégica de más de 10.000 millones de dólares en inversión proyectada y define el esquema logístico del comercio exterior argentino.
El documento judicial también señala antecedentes de observaciones similares en etapas previas del proceso, lo que refuerza la preocupación sobre la continuidad del procedimiento sin modificaciones sustanciales.
Los actores detrás de la licitación
En la compulsa final aparecen dos grandes jugadores internacionales: la firma belga Jan De Nul, histórica operadora del dragado en la vía navegable, y su competidora DEME, también de origen belga, que conformó una alianza con capitales internacionales como Great Lakes, Clear Street y el fondo KKR.
En el plano local, distintos actores empresariales quedaron vinculados a las estructuras societarias asociadas al negocio, entre ellos el Grupo Neuss y el Grupo Román, además del empresario Juan Ondarcuhu, ligado a servicios portuarios en Rosario.
La presencia de estos actores volvió a instalar el debate sobre la participación indirecta de grupos nacionales en un esquema que formalmente se presenta como competencia internacional, pero que en los hechos combina intereses locales y globales.
Uno de los puntos más sensibles del dictamen apunta a la arquitectura del proceso licitatorio. La PIA advierte sobre posibles restricciones a la participación de oferentes bajo determinadas formas asociativas, además de cuestionar la forma en que se evalúan las ofertas técnicas y económicas.
También se menciona la inclusión de cláusulas que permitirían la cesión del contrato bajo condiciones amplias, lo que —según el organismo— podría alterar el principio de igualdad entre competidores.
Otro de los puntos críticos es la redacción de las cláusulas anticorrupción, que según el informe podrían generar interpretaciones ambiguas en caso de irregularidades comprobadas durante la ejecución del contrato.
Cruce entre el Gobierno y la Justicia
Mientras el dictamen judicial circula en el expediente, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación ratificó que el proceso no se detendrá. Desde el Ejecutivo sostienen que la licitación fue “la más transparente de los últimos años” y remarcan que el procedimiento contó con instancias de control internacional.
Sin embargo, el avance del expediente judicial introduce incertidumbre en el tramo final del proceso. La apertura del sobre económico será determinante, ya que representa el 60% de la evaluación total y define la adjudicación de la concesión por 25 años. En este escenario, cualquier intervención judicial podría impactar directamente en el cronograma oficial.
La Hidrovía es considerada el principal corredor logístico de la Argentina. Por allí circula la mayor parte de las exportaciones agroindustriales y transitan cerca de 4.500 buques al año. Su administración no solo implica una cuestión técnica, sino también un factor clave para la competitividad del comercio exterior.
Desde el sector exportador, voces como la de Gustavo Idígoras, titular de CIARA-CEC, insisten en la necesidad de cerrar el proceso y garantizar previsibilidad. El argumento se repite: sin una definición clara, aumentan los costos y la incertidumbre para toda la cadena productiva.
Mientras tanto, la discusión entre eficiencia, transparencia y control judicial mantiene en vilo una de las concesiones más sensibles del país.