La deuda nacional con bomberos abrió otro frente para Milei en la Legislatura bonaerense
El reclamo por el financiamiento de los Bomberos Voluntarios volvió a golpear la puerta del gobierno nacional. Desde el bloque de diputados bonaerenses de la Unión Cívica Radical exigieron que la administración de Javier Milei transfiera “de manera urgente” los fondos adeudados a los cuarteles, en medio de un escenario donde muchas asociaciones aseguran que ya no pueden sostener gastos básicos sin vender bonos, comida o depender de aportes privados.
El planteo fue impulsado por el diputado Valentín Miranda y acompañado por sus pares Alejandra Lordén y Priscila Minnaard. En el texto ingresado en la Legislatura bonaerense, los radicales advirtieron que la Casa Rosada está incumpliendo la Ley 25.054, que regula el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios y establece los plazos de transferencia de los subsidios.
“Están violando la Ley 25.054 que le da operatividad a las asociaciones en cada uno de los municipios”, alertaron desde el bloque. Según remarcaron, la norma fija que los fondos deben girarse dentro de los primeros seis meses de cada año, justamente para dar previsibilidad al funcionamiento de los cuarteles.
Fondos trabados y cuarteles al límite
La discusión no es menor para el sistema bomberil bonaerense. En diálogo con la prensa, Minnaard explicó que el financiamiento nacional previsto por la Ley 25.054 es el principal sostén de los Bomberos Voluntarios. Ese esquema incluye una cuota anual y, hacia fin de año, un remanente que se distribuye entre las asociaciones que tienen toda la documentación regularizada.
“El remanente es el subsidio que no pudieron tomar las sociedades de bomberos voluntarios que no están regularizadas con los papeles al día, personería jurídica, balances, rendiciones y demás. Las que están en esa situación no lo cobran y se hace un fondo con esos montos que se reparte entre los cuarteles que sí están al día”, detalló la diputada oriunda de Coronel Dorrego.
Según sostuvo, en 2025 Milei no envió ese remanente, lo que dejó a los cuarteles sin ingresos durante todo el verano. La situación se volvió más visible con los incendios en la Patagonia, cuando el Gobierno nacional anunció $100 millones para enfrentar el fuego en el sur del país. Para los cuarteles, ese monto no alcanzó para cubrir los gastos necesarios.
“Lo que hizo el Gobierno fue informar que daban un subsidio extraordinario, pero era mentira porque se trataba del remanente, lo que les correspondía a esos cuarteles que estaban complicados”, señaló Minnaard. Y agregó: “Hay muchos que a casi junio no hemos recibido ni el remanente del año pasado ni la cuota de este año. Lo que habían informado extraoficialmente era que iban a recibir las dos cosas juntas”.
Rifas, empanadas y gasoil
El proyecto de Miranda toma como caso testigo la situación de los Bomberos Voluntarios de Trenque Lauquen, pero el problema se repite en distintos puntos de la provincia. La iniciativa también reclama que el Ejecutivo nacional establezca mecanismos para evitar nuevos atrasos y garantizar el cumplimiento de los giros previstos por ley.
En los fundamentos, los legisladores plantearon que la falta de cumplimiento obliga a los cuarteles a endeudarse, recortar gastos esenciales o pedir más aportes comunitarios. El dato expone una postal incómoda: mientras Nación retiene fondos, los bomberos deben salir a sostener con recursos propios una tarea que en muchas localidades resulta indispensable ante incendios, accidentes y emergencias.
“Hoy los cuarteles de bomberos se financian con la venta de bonos, de bienes, empanadas, choripanes, lo que sea. Básicamente compiten con otras instituciones de las localidades que se sostienen por la comunidad, y eso solo para cubrir una porción de gastos corrientes. No pueden mantener vehículos ni afrontar los gastos de gasoil. Dependen de donaciones de privados y del pueblo, que siempre está ahí”, describió Minnaard.
A ese cuadro se suman costos cada vez más difíciles de afrontar: mantenimiento de unidades, herramientas, autobombas, cambio de cubiertas y uniformes homologados. La ropa de bombero no es un gasto menor, porque debe cumplir normas internacionales y requisitos del Instituto Argentino de Normalización y Certificación.
Un esquema que quedó atrasado
La pelea con Nación se da mientras en la Legislatura bonaerense también se discute la actualización del fondo provincial previsto por la Ley 14.761. En marzo, Minnaard presentó un proyecto para elevar el monto máximo a $700 millones y establecer un mecanismo automático de actualización, ya que ese tope no registra modificaciones desde hace cuatro años.
Actualmente, el fondo bonaerense se integra con el 3% de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario a través de ARBA, donaciones y otros aportes. En la provincia funcionan unas 268 asociaciones con personería jurídica, más de 300 cuarteles y destacamentos en los 135 municipios, y cerca de 17.500 bomberos voluntarios.
De acuerdo con estimaciones incluidas en el proyecto, cada asociación recibe entre $2,5 millones y $3,5 millones al año, distribuidos en dos pagos semestrales. En distritos extensos, esos fondos deben dividirse entre cuartel central y destacamentos.
“Sostener que un cuartel de Bomberos Voluntarios, suponiendo que es único en el distrito y que además recibe el monto mayor, puede afrontar los gastos operativos con ese monto es casi utópico”, había advertido Minnaard.
La legisladora fue más allá y vinculó directamente el recorte nacional con la seguridad cotidiana en los pueblos. “Hace un año que están parados, tienen los pesos contadísimos, no se pueden comprar el uniforme. Lamentablemente en los recortes que hace Milei se encuentran los bomberos voluntarios. Esto es un error muy grande porque en las localidades pequeñas donde no tenemos Defensa Civil, ante cualquier emergencia son ellos los primeros en hacerle frente. Deja expuesta la seguridad de todos los vecinos”, sentenció Minnaard.