La UCR bonaerense embistió contra Milei por el recorte al subsidio del gas: “El ajuste vuelve a caer sobre los mismos”

El Foro de Intendentes Radicales de la provincia de Buenos Aires salió al cruce del gobierno de Javier Milei por el proyecto que busca recortar el alcance del régimen de Zona Fría, el esquema que permite aplicar descuentos en las tarifas de gas en localidades atravesadas por temperaturas más bajas durante buena parte del año.

La reacción de los jefes comunales llegó después de que la Cámara de Diputados le diera media sanción a la iniciativa impulsada por el oficialismo, que ahora deberá ser discutida en el Senado. El proyecto fue aprobado con 132 votos afirmativos, 105 negativos y cuatro abstenciones, en una sesión marcada por negociaciones entre La Libertad Avanza, sectores dialoguistas y gobernadores de provincias afectadas por la medida.

A través de un comunicado, los intendentes radicales expresaron su “profunda preocupación y rechazo” ante una reforma que, según advirtieron, implicaría aumentos significativos en las facturas de gas justo en los meses de mayor consumo.

“De aprobarse esta medida, miles de familias de nuestras comunidades sufrirán aumentos significativos en las facturas de gas justo en los meses de mayor consumo, afectando especialmente a trabajadores, jubilados, sectores medios y vecinos de localidades donde el invierno obliga durante meses a calefaccionarse para poder vivir”, señalaron.

En el texto, los alcaldes boina blanca remarcaron que el régimen de Zona Fría “no es un privilegio político ni un subsidio discrecional”, sino “el reconocimiento de una realidad climática concreta que atraviesa gran parte del interior de la Provincia de Buenos Aires y de la Argentina”.

El planteo apunta directamente contra el argumento fiscal del Gobierno nacional, que busca reducir el gasto en subsidios energéticos y focalizar la asistencia en sectores vulnerables. Actualmente, el régimen contempla descuentos de entre el 30% y el 50% sobre las tarifas de gas, según la categoría del usuario y la localidad alcanzada.

La ampliación del beneficio fue sancionada en 2021 mediante la Ley 27.637, que incorporó nuevas zonas del país bajo criterios bioambientales. Antes de esa modificación, el esquema estaba concentrado principalmente en la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe.

Con la reforma que impulsa la administración libertaria, el beneficio automático quedaría restringido nuevamente a las regiones históricas, mientras que en otras localidades los usuarios deberían acreditar condiciones de vulnerabilidad económica para conservar descuentos en sus boletas.

Críticas a una mirada “centralista”

Los intendentes radicales cuestionaron con dureza el criterio del Gobierno nacional y sostuvieron que la Casa Rosada vuelve a tomar decisiones “desde una mirada centralista y puramente fiscal”, sin contemplar las diferencias climáticas y territoriales que existen en el país.

“No se puede gobernar la Argentina ignorando que hay ciudades donde el gas es un servicio esencial para atravesar el invierno y no un gasto opcional”, enfatizaron.

La advertencia de los jefes comunales apunta a un punto sensible para el interior bonaerense: el impacto de las tarifas en hogares, comercios y actividades productivas que ya vienen golpeadas por la caída del consumo y la pérdida del poder adquisitivo.

En ese sentido, el comunicado remarcó que “mientras se habla de equilibrio fiscal, millones de argentinos del interior vuelven a quedar expuestos a tarifas cada vez más difíciles de afrontar, en un contexto de caída del consumo, pérdida del poder adquisitivo y fuerte deterioro de las economías locales”.

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El eje del reclamo: las facturas en pleno invierno

La discusión no aparece aislada del calendario. El avance del proyecto se da en la previa del período de mayor consumo de gas, cuando las bajas temperaturas elevan el uso de calefacción en gran parte de la provincia de Buenos Aires.

Por eso, los intendentes radicales pusieron el foco en el momento elegido por el Gobierno para avanzar con el recorte. Desde su mirada, la eliminación del beneficio trasladaría el costo del ajuste directamente a los hogares y a los sectores que dependen del gas no solo para calefaccionarse, sino también para sostener comercios, servicios y pequeñas actividades productivas.

“El ajuste no puede seguir recayendo siempre sobre las mismas comunidades y sobre sectores que ya vienen realizando enormes esfuerzos para sostener sus hogares, sus comercios y sus actividades productivas”, expresaron.

El mensaje también se inscribe en una tensión política más amplia entre el Gobierno nacional y los municipios del interior, que vienen reclamando mayor sensibilidad territorial frente a medidas económicas definidas desde Nación.

Una pulseada que ahora pasa al Senado

Tras la media sanción en Diputados, la discusión por el régimen de Zona Fría quedó en manos del Senado, donde el oficialismo enfrentará una negociación más compleja por el peso de las provincias alcanzadas por la reforma.

Desde el Gobierno, la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, defendió la necesidad de revisar el esquema vigente y sostuvo durante el debate parlamentario que el Estado destina fondos para subsidiar tanto a hogares de ingresos altos como bajos. 

Del otro lado, intendentes y legisladores opositores advierten que el recorte puede derivar en un fuerte aumento de las boletas para usuarios residenciales y sectores medios del interior. La resistencia ya empezó a ordenar a distintos espacios políticos en la provincia de Buenos Aires, donde el impacto del proyecto promete convertirse en uno de los ejes de debate durante las próximas semanas.

En el caso de los alcaldes radicales, el rechazo quedó planteado con una definición política clara: el régimen de Zona Fría, sostienen, no debe ser leído como un beneficio excepcional, sino como una compensación frente a condiciones climáticas concretas.