Financiamiento de Bomberos: las claves del reclamo por la deuda nacional y la actualización de fondos provinciales

La discusión por el financiamiento de los Bomberos Voluntarios en la provincia de Buenos Aires sumó en los últimos días nuevos capítulos y dejó expuesto un entramado de responsabilidades cruzadas entre Nación, Provincia y municipios, en un contexto marcado por deudas, fondos desactualizados y proyectos legislativos que buscan evitar el colapso operativo de los cuarteles.

Mientras en la Legislatura bonaerense avanza una iniciativa para actualizar el fondo provincial, crecen los reclamos por transferencias nacionales incompletas y desde distintos sectores advierten que el sistema funciona al límite, sostenido por aportes fragmentados y cada vez más insuficientes frente al impacto inflacionario.

Un esquema de financiamiento que quedó viejo

La diputada radical Priscila Minnaard presentó un proyecto para modificar la Ley 14.761 y actualizar el fondo destinado a los Bomberos Voluntarios, cuyo monto máximo no se modifica desde 2021. La propuesta eleva ese tope a 700 millones de pesos y establece un mecanismo de actualización automática anual, ya sea por reglamentación o atado a la inflación.

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Actualmente, el fondo se integra con el 3% de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario a través de ARBA, además de donaciones y otros aportes. Sin embargo, según detalló la legisladora, ese esquema quedó desfasado frente a la suba sostenida de costos operativos.

En la provincia funcionan unas 268 asociaciones con personería jurídica, que en conjunto sostienen más de 300 cuarteles y destacamentos en los 135 municipios, con cerca de 17.500 bomberos voluntarios. Ese despliegue implica gastos constantes en combustible, mantenimiento de unidades y servicios básicos.

De acuerdo a las estimaciones incluidas en el proyecto, cada asociación recibe entre 2,5 y 3,5 millones de pesos al año, distribuidos en dos pagos semestrales. En distritos extensos, donde un mismo cuerpo cubre varias localidades, esos recursos deben dividirse entre el cuartel central y sus destacamentos, reduciendo aún más la capacidad de respuesta.

“Sostener que un cuartel de Bomberos Voluntarios, suponiendo que es único en el distrito y que además recibe el monto mayor, puede afrontar los gastos operativos con ese monto es casi utópico”, planteó Minnaard.

Y apuntó directamente contra la falta de actualización: “La ley ha previsto la manera de actualizar el monto a través de la reglamentación, pero la Autoridad de Aplicación determinada por el Poder Ejecutivo no se enteró que pasaron cuatro años desde la última vez que lo hizo”.

Deudas nacionales y presión sobre la Provincia

En paralelo, otro frente de conflicto se centra en los fondos nacionales previstos por la Ley 25.054, que regula el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. Desde la Legislatura bonaerense se expresó “profunda preocupación” por la falta de transferencia completa de los recursos correspondientes a 2025.

Según se detalla en los proyectos presentados, si bien el Gobierno nacional realizó pagos parciales, no giró el remanente que habitualmente se transfiere hacia fin de año a las asociaciones que cumplen con los requisitos. Esa situación impacta directamente en la operatividad de los cuarteles, en especial en un período atravesado por incendios forestales que exigieron al máximo al sistema.

Los números reflejan la tensión: para 2025 se habían previsto más de 52 mil millones de pesos, pero se ejecutaron poco más de 40 mil millones. En tanto, para 2026 los envíos proyectados rondaban los 129 mil millones, aunque hasta ahora se giraron cerca de 120 mil millones.

A nivel local, las consecuencias ya se sienten. Desde Pehuajó, el presidente de la asociación de bomberos, Raúl Brisoliz, aseguró que mantienen una deuda de 33 millones de pesos de 2025, a lo que se suman cerca de 94 millones correspondientes a este año. En distritos como Carlos Casares, el panorama es similar, con montos pendientes que afectan la planificación operativa.

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En ese marco, el reclamo legislativo también insta al gobierno provincial a gestionar ante la administración de Javier Milei la transferencia urgente de los fondos adeudados, en medio de una temporada crítica marcada por la sequía y los incendios.

Municipios, subsidios y alternativas en debate

La discusión también escala a nivel municipal. En Pergamino, el Concejo Deliberante aprobó recientemente un subsidio de 50 millones de pesos para los Bomberos Voluntarios, una cifra que, si bien fue valorada, quedó por debajo del pedido original de la institución.

El senador provincial Juan Manuel Rico Zini analizó el escenario y remarcó que el problema de financiamiento “no es nuevo”. Según explicó, durante años existió un cargo específico en la factura de luz destinado a los bomberos, que fue eliminado durante la gestión de María Eugenia Vidal.

“Eso generó un primer conflicto importante, porque se le cortó una fuente de financiamiento directa a la institución”, señaló. Desde entonces, el sostenimiento quedó atado principalmente a subsidios municipales, que dependen de negociaciones presupuestarias y no siempre cubren las necesidades.

El legislador también apuntó contra la Provincia al considerar que el fondo bonaerense “está completamente desactualizado”. “Estamos hablando de cifras que rondan los dos millones de pesos anuales, valores que prácticamente no se modificaron en los últimos años. Hoy eso es insignificante”, afirmó.

Como alternativa, propuso implementar un sistema de aporte voluntario en la boleta de electricidad. “El que quiera colaborar, podría hacerlo con un pequeño monto. Si se multiplica por la cantidad de usuarios, se genera un ingreso importante para la institución”, explicó, y remarcó que se trataría de un esquema opcional.

En ese contexto, sintetizó el desafío de fondo: “Es un sistema de responsabilidades compartidas”.