Zona Fría: la Justicia abre una puerta contra el recorte de Milei y toma fuerza la batalla de los intendentes

La batalla judicial contra el recorte de la Zona Fría sumó un nuevo capítulo en la provincia de Buenos Aires. La Justicia Federal admitió el amparo colectivo impulsado por el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, contra la reforma del gobierno de Javier Milei, aunque no suspendió de manera inmediata la quita de los descuentos en las tarifas de gas.

La resolución fue dictada por la jueza María Gabriela Marrón, titular del Juzgado Federal N.º 2 de Bahía Blanca, quien declaró admisible la acción presentada el 13 de octubre por el jefe comunal, la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC) y el Club Atlético Estrella. Los demandantes buscan que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 27.828 y se impida su aplicación en el distrito, al considerar que la exclusión del régimen perjudica a los usuarios del servicio de gas.

Si bien la magistrada habilitó el avance del proceso, ordenó solicitar informes al Estado nacional antes de resolver sobre la medida cautelar, por lo que las modificaciones tarifarias continúan vigentes. El fallo representa un primer paso para el reclamo de Bahía Blanca y se suma a las acciones impulsadas en otros distritos, donde intendentes y organizaciones de usuarios cuestionan la eliminación del beneficio automático para las localidades incorporadas al sistema en 2021.

La magistrada consideró que la presentación reúne las condiciones para tramitar como un proceso colectivo, al involucrar derechos individuales homogéneos de numerosos usuarios alcanzados por una misma decisión estatal. En consecuencia, delimitó el grupo afectado a los usuarios residenciales del servicio de gas por redes y las entidades de bien público comprendidas en la legislación correspondiente, siempre que sus suministros se encuentren dentro del partido de Bahía Blanca.

Sin embargo, rechazó la medida interina que buscaba suspender inmediatamente los efectos de la reforma, al considerar que no se acreditaron circunstancias de urgencia extrema que justificaran intervenir antes de escuchar al Estado nacional. Entre sus argumentos, señaló que el planteo fue realizado fuera del período invernal, cuando la demanda de calefacción es mayor, y recordó que el nuevo régimen contempla mecanismos de asistencia para determinados hogares vulnerables.

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La resolución también establece un paso relevante para el desarrollo del expediente: el Poder Ejecutivo nacional y el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) deberán presentar informes sobre la medida cuestionada.

La Justicia fijó un plazo de tres días, con una ampliación de otros tres por razones de distancia, para que las autoridades expongan su posición sobre el interés público comprometido y la procedencia de la suspensión solicitada. Una vez incorporadas esas respuestas, Marrón deberá evaluar si existen fundamentos suficientes para dictar una medida cautelar que suspenda los efectos de la reforma sobre los usuarios alcanzados por la demanda.

Además, ordenó consultar al Registro Nacional de Procesos Colectivos para verificar la existencia de otros expedientes con características similares, una medida destinada a evitar decisiones judiciales contradictorias. El punto central de la discusión será determinar si la exclusión de Bahía Blanca responde a criterios razonables y si resulta compatible con los principios constitucionales invocados por los demandantes.

La admisión del amparo no representa una restitución del beneficio, pero obliga a abrir una instancia judicial en la que Nación deberá responder por los fundamentos de la modificación tarifaria.

El intendente Federico Susbielles sostiene desde hace meses que Bahía Blanca reúne condiciones climáticas que justifican su permanencia dentro del régimen diferencial y cuestiona que otras localidades con temperaturas similares conserven las bonificaciones.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el jefe comunal presentó el amparo colectivo para impedir que la nueva ley deje sin el beneficio a los hogares y las instituciones bahienses. La demanda incorpora estudios climáticos y documentación técnica que comparan las condiciones de la ciudad con las de Santa Rosa, Neuquén y Viedma, localidades que mantienen su reconocimiento territorial.

Entre los antecedentes se encuentran trabajos de la investigadora del CONICET María Cintia Piccolo, utilizados para fundamentar que las temperaturas invernales de Bahía Blanca justifican un tratamiento similar. “La cuestión es bastante simple: a misma temperatura, mismo beneficio”, sostuvo entonces el intendente, quien reclamó que la política tarifaria contemple las características climáticas de cada región. El planteo municipal también cuenta con más de 40.000 adhesiones de vecinos e instituciones que respaldaron la continuidad del régimen.

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Las facturas, en el centro del conflicto: cuánto podrían aumentar

La discusión judicial se desarrolla mientras los municipios advierten sobre el impacto económico de perder las bonificaciones del 30% y del 50% que contemplaba el esquema anterior. En Bahía Blanca, el municipio incorporó al expediente un análisis de 44 facturas de gas, mediante el cual estimó que el costo conjunto pasaría de $4,67 millones a $6,61 millones si se elimina el descuento territorial, manteniendo constantes las demás variables. La diferencia representa un incremento aproximado del 41,5%.

El estudio también presentó un ejemplo individual: una boleta residencial de $30.831 podría alcanzar los $51.602 al retirarse la bonificación. Desde la Municipalidad también advirtieron que, al combinarse la eliminación de Zona Fría con otras modificaciones tarifarias, determinados usuarios podrían enfrentar incrementos superiores.

Pero la disputa por las tarifas de gas no se limita a Bahía Blanca. En Tres Arroyos, el intendente Pablo Garate también impulsó una presentación judicial para reclamar la continuidad del régimen y cuestionó la falta de fundamentos climáticos que, a su entender, tiene la reforma nacional.

En diálogo con este medio, advirtió que la eliminación del beneficio podría provocar aumentos de entre el 30% y el 50% en las facturas y defendió el amparo presentado por su municipio. “La toma de decisiones de esta ley no tiene ningún criterio técnico”, sostuvo el jefe comunal, al recordar que las condiciones climáticas del distrito habían sido reconocidas en gestiones anteriores ante organismos nacionales.

Garate explicó que el planteo judicial no se limita a cuestionar la posible vulneración de derechos, sino que incorpora argumentos específicos sobre las temperaturas que se registran en Tres Arroyos. “Está fundamentado en condiciones climáticas y no sólo en la vulneración de derechos. Vamos más allá de la formalidad de la ley y vamos al fondo de la cuestión”, afirmó.

El intendente también advirtió que el incremento de los servicios podría profundizar las dificultades económicas de las familias durante 2027. “Cuando lleguen las boletas con aumentos, la gente les va a reclamar a los intendentes, no a Milei”, sentenció.

La judicialización del recorte también alcanzó a General Pueyrredon, donde la Defensoría del Pueblo presentó un amparo colectivo ante la Justicia Federal de Mar del Plata. La acción busca proteger a más de 262.000 hogares y cuestiona la aplicación de los nuevos criterios tarifarios sobre una región que había sido incorporada al régimen ampliado de Zona Fría en 2021.

El reclamo fue dirigido contra el Estado nacional, a través del Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía, además del organismo regulador y la distribuidora Camuzzi Gas Pampeana. La Defensoría solicitó una medida cautelar para conservar las condiciones anteriores mientras se resuelve la cuestión de fondo y reclamó que no se apliquen nuevos cuadros tarifarios sin cumplir los procedimientos correspondientes.

Qué cambió con la nueva ley y quiénes pueden conservar los descuentos

La Ley 27.828, sancionada por el Congreso el 24 de septiembre y publicada en el Boletín Oficial el 13 de octubre, modificó el sistema establecido por la Ley 27.637, que en 2021 había ampliado el alcance territorial de Zona Fría. El nuevo esquema mantiene el reconocimiento automático para la Patagonia, Malargüe y la Puna, pero elimina esa garantía general para la mayoría de las localidades incorporadas durante la ampliación anterior.

En la provincia de Buenos Aires, 94 municipios dejaron de contar con el descuento basado exclusivamente en su ubicación, mientras que Patagones permanece dentro del régimen histórico por su pertenencia a la región patagónica. La modificación alcanza a aproximadamente 1,24 millones de hogares bonaerenses, aunque no significa que todos pierdan necesariamente cualquier tipo de asistencia estatal.

Para conservar una bonificación adicional, los usuarios de las zonas alcanzadas deberán cumplir requisitos vinculados con su situación económica o determinadas condiciones de vulnerabilidad. Entre los criterios contemplados aparecen los ingresos familiares, la presencia de personas con discapacidad, la percepción de pensiones de veteranos de Malvinas y la inscripción en determinados registros sociales. La diferencia central es que vivir en una localidad reconocida por sus condiciones climáticas ya no resulta suficiente, por sí solo, para garantizar el descuento.