Reforma laboral y más conflictos: las demandas por riesgos del trabajo apuntan a un nuevo máximo anual
La litigiosidad laboral volvió a encender alarmas en la Argentina. Pese a la avanzada del gobierno de Javier Milei sobre el sistema laboral y a las reformas impulsadas para desalentar la denominada “industria del juicio”, los conflictos judiciales entre trabajadores, empresas y ART mantienen una curva ascendente: sólo en los primeros cuatro meses de 2026 se acumularon 39.687 nuevos casos.
Los datos surgen de los registros oficiales del Sistema de Riesgos del Trabajo y reflejan un incremento del 2,3% respecto del mismo período de 2025. La proyección anual ya anticipa un escenario delicado: de mantenerse esta tendencia, el año podría cerrar con alrededor de 138.600 demandas laborales.
Solamente durante abril ingresaron 12.727 juicios vinculados con accidentes laborales y enfermedades profesionales. El volumen preocupa tanto al sector empresario como a las aseguradoras, que vienen advirtiendo sobre el impacto económico de la judicialización en los costos laborales y en la contratación formal.
Según pudo reconstruir este medio, detrás del crecimiento de los litigios conviven varios factores: cuestionamientos al funcionamiento de las comisiones médicas, diferencias entre pericias administrativas y judiciales, discusiones sobre actualización de créditos laborales y fuertes disputas en torno a los montos indemnizatorios.
Santa Fe, la provincia donde más crecieron las demandas
Entre las principales jurisdicciones, Santa Fe volvió a destacarse como el distrito con mayor incremento interanual. La provincia gobernada por Maximiliano Pullaro registró una suba del 24,9% en abril frente al mismo mes de 2025.
En números concretos, acumuló 6.535 nuevos juicios durante el primer cuatrimestre y sólo en abril ingresaron 2.241 demandas. El dato cobra relevancia porque Santa Fe viene aplicando cambios procesales propios para endurecer condiciones de acceso a los litigios laborales y limitar honorarios periciales.
También mostraron fuertes incrementos Entre Ríos, con una variación acumulada del 33% en los últimos doce meses, y Chubut, donde el crecimiento alcanzó el 24%, aunque en esa provincia comenzó a observarse cierta desaceleración tras los picos registrados el año pasado.
La provincia de Buenos Aires, en cambio, exhibió una caída mensual del 4,9%, aunque en términos acumulados se mantiene prácticamente en los mismos niveles de 2025.
Especialistas del sector sostienen que la Argentina continúa exhibiendo niveles de litigiosidad muy superiores a los de otros países con sistemas similares. En una reciente publicación técnica, el abogado Gonzalo Dabini señaló que el país registra una judicialización “veintiún veces superior a la de Chile y quince veces mayor a la de España”, pese a que los accidentes laborales vienen bajando desde hace años.
El debate por la reforma laboral y las pericias
El aumento de las demandas ocurre en paralelo a la entrada en vigencia plena de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, uno de los proyectos más sensibles impulsados por el Gobierno nacional.
La norma busca fortalecer el rol de las comisiones médicas, limitar criterios judiciales dispares y reducir incentivos económicos vinculados a los litigios. Entre otros puntos, obliga a las provincias adheridas a conformar cuerpos médicos forenses especializados y fija nuevas condiciones para las pericias laborales.
En diálogo con especialistas del sector, varias ART vienen planteando que buena parte del problema aparece por la diferencia entre lo resuelto administrativamente y lo que luego termina reconociéndose en sede judicial.
Según datos técnicos analizados por expertos en riesgos del trabajo, el 88% de los casos que llegan a juicio corresponden a expedientes donde inicialmente las comisiones médicas habían determinado inexistencia de incapacidad o falta de vínculo laboral, pero luego terminan con condenas judiciales e indemnizaciones mayores.
Desde el sindicalismo y sectores laboralistas, en cambio, rechazan el argumento oficial sobre la “industria del juicio” y sostienen que muchos reclamos responden a problemas de registración, incumplimientos empresariales y deficientes condiciones de seguridad e higiene en los lugares de trabajo.