Buscan ponerle números al abandono rural: avanzan con un índice para medir el estado de los caminos bonaerenses
En medio de la crisis por las inundaciones, los reclamos del campo y la creciente judicialización por el deterioro vial, la Legislatura bonaerense sumó un nuevo capítulo al debate por los caminos rurales.
La diputada provincial Silvina Vaccarezza, del bloque UCR-Cambio Federal, presentó un proyecto para crear el Índice de Transitabilidad de Caminos Rurales (ITCR), una herramienta que buscará medir con parámetros técnicos el estado de la red vial rural y transparentar cómo se distribuyen los recursos destinados a obras.
La iniciativa aparece en un contexto donde los caminos rurales dejaron de ser un problema exclusivamente operativo para convertirse en un foco político, económico y judicial. En buena parte del interior bonaerense, las lluvias de los últimos meses agravaron un escenario ya delicado: cosechas demoradas, tambos trabajando al límite y productores obligados a recalcular logística por caminos intransitables.
Según el proyecto, el ITCR se incorporaría a la Ley 13.010 y se elaboraría sobre la base de variables técnicas concretas: escurrimiento del agua, estado de la calzada, capacidad para soportar carga pesada, conectividad, abovedado y obras accesorias.
“Los caminos rurales son fundamentales para la producción, la educación y la vida cotidiana de miles de bonaerenses. Necesitamos contar con herramientas objetivas que permitan saber en qué estado están y garantizar que los recursos lleguen donde realmente se necesitan”, sostuvo Vaccarezza.
Un conflicto que escaló de los reclamos a los tribunales
La propuesta legislativa llega cuando el conflicto por el estado de los caminos rurales atraviesa una etapa de fuerte presión sobre municipios y Nación. En las últimas semanas, productores nucleados en sociedades rurales del sudeste bonaerense comenzaron a evaluar demandas judiciales contra comunas donde, según denuncian, se cobra la tasa vial sin una contraprestación efectiva.
Los antecedentes ya empezaron a marcar jurisprudencia. En Azul y Daireaux hubo fallos que ordenaron devolver montos cobrados por tasas viales ante la falta de mantenimiento, mientras que en Baradero la Justicia exigió al municipio informar en detalle el destino de fondos recaudados para infraestructura rural.
El malestar del sector se profundizó además por la falta de ejecución de obras hídricas nacionales. Según datos oficiales expuestos por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica mantiene cerca de $290.000 millones fuera del circuito de obra pública, entre cuentas a la vista y Letras Capitalizables.
Vaccarezza fue una de las dirigentes opositoras al Gobierno nacional que cuestionó con más dureza esa situación. “Es inadmisible que los recursos del Fondo Hídrico se destinen a la timba financiera mientras el interior productivo sigue esperando obras clave para prevenir inundaciones”, planteó.
La legisladora también vinculó el deterioro vial con la falta de inversión nacional: “Lo recaudado por el impuesto a los combustibles debe destinarse a obras viales. Lo que pasa en las rutas no es un caso aislado, es el reflejo del abandono total de la infraestructura en todo el país”.
La Provincia busca ordenar el mapa vial
Mientras escala el conflicto judicial y político, la Provincia desarrolla una estrategia de planificación integral. El gobernador Axel Kicillof ya puso en marcha el Plan Director de Caminos Rurales, impulsado por el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, para ordenar una red de más de 120 mil kilómetros, de los cuales cerca del 90% son de tierra.
El esquema apunta a reemplazar la lógica de intervenciones aisladas por un sistema basado en relevamientos georreferenciados, análisis hidrológicos y prioridades definidas con criterios técnicos.
“Pasar de una lógica de intervención fragmentada a una planificación integral”, resumió Rodríguez durante la presentación del programa, que ya sumó convenios con municipios de distintos signos políticos como Chascomús, Ayacucho, 9 de Julio, Bolívar, Laprida e Hipólito Yrigoyen.
En ese marco, el proyecto de Vaccarezza busca sumar un instrumento de medición permanente que permita auditar el estado de los caminos y exponer diferencias de gestión entre distritos. La iniciativa prevé además la creación de un Consejo Asesor de Caminos Rurales integrado por representantes provinciales y entidades agropecuarias.
Ese organismo tendría a cargo la elaboración de estadísticas, diagnósticos regionales y un ranking provincial de gestión vial rural.
Otro punto que aparece en el proyecto es la posibilidad de firmar convenios con universidades nacionales para desarrollar herramientas tecnológicas que permitan reportar incidencias viales en tiempo real. La idea es incorporar información aportada por productores y transportistas para actualizar el estado de transitabilidad.
El texto también establece que el índice deberá publicarse cada 180 días en sitios web oficiales para garantizar acceso público a los datos y seguimiento de las obras. En los fundamentos de la iniciativa, Vaccarezza remarcó que el objetivo es generar “un sistema de indicadores técnicos estandarizados y de acceso público” que permita orientar la asignación de recursos provinciales y municipales.
Y cerró con un planteo que hoy atraviesa gran parte del reclamo rural bonaerense: “El contribuyente rural tiene que sentir que el impuesto que paga tiene una contraprestación medible y auditable”.