Paritarias bonaerenses: Kicillof espera una señal clave mientras los gremios reclaman recuperar lo perdido frente a la inflación
La negociación salarial entre el gobierno de Axel Kicillof y los trabajadores estatales bonaerenses entró en una etapa decisiva. Con la inflación desacelerándose, pero con las cuentas provinciales bajo presión por la caída de recursos y los reclamos por fondos adeudados a la Nación, la Provincia prepara una nueva convocatoria a los gremios para junio con el objetivo de cerrar un acuerdo que le otorgue previsibilidad financiera y, al mismo tiempo, evite profundizar el deterioro del poder adquisitivo de los empleados públicos.
La mesa paritaria todavía no tiene fecha formal, pero en la administración bonaerense trabajan con una referencia concreta: el 11 de junio, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publique el Índice de Precios al Consumidor correspondiente a mayo. Recién después de conocer ese dato, el Ejecutivo terminará de definir la oferta que llevará a la negociación.
La decisión refleja un escenario complejo. Mientras los sindicatos reclaman una recomposición que permita recuperar terreno frente a la inflación acumulada, el Gobierno provincial busca evitar compromisos que puedan tensionar aún más un presupuesto que ya acusa el impacto de la caída de la recaudación y del recorte de transferencias nacionales.
La última reunión entre funcionarios provinciales y representantes sindicales tuvo un carácter esencialmente informativo. Allí, los equipos económicos expusieron la situación financiera que atraviesa la Provincia y explicaron por qué durante mayo no se otorgaron nuevos incrementos salariales.
Según trascendió de esos encuentros, la administración bonaerense ya tiene definidos algunos lineamientos centrales de la futura propuesta. El primero apunta a extender la vigencia del acuerdo por un período más largo que en negociaciones anteriores. La intención es avanzar hacia un entendimiento de entre tres y cuatro meses, evitando convocatorias mensuales que obliguen a reabrir permanentemente la discusión salarial.
En La Plata sostienen que un esquema de mayor duración permitiría ordenar la planificación presupuestaria en un contexto de incertidumbre económica y fiscal. Sin embargo, para los sindicatos la clave pasa por otra variable: que la mejora salarial alcance para reducir la diferencia acumulada frente a la inflación.
Los trabajadores estatales bonaerenses registran hasta el momento una recomposición salarial del 9% durante 2026. En paralelo, la inflación acumulada ya supera ese porcentaje y ronda el 12%, una brecha que los gremios consideran indispensable comenzar a corregir.
La discusión salarial también está atravesada por los tiempos administrativos. La Provincia suele comenzar la liquidación de haberes a mediados de cada mes. Por eso, si el acuerdo pretende impactar en los salarios de junio, la negociación deberá cerrarse rápidamente después de la publicación del índice inflacionario.
Ese punto resulta especialmente sensible para las organizaciones sindicales porque también está en juego el cálculo del medio aguinaldo que los trabajadores cobrarán a fines de junio.
Otro aspecto que ya aparece prácticamente definido dentro del Ejecutivo es el formato de la propuesta. Pese a los pedidos de algunos gremios para otorgar incrementos superiores en los segmentos salariales más bajos, la Provincia se inclinaría por mantener una oferta de carácter uniforme para toda la administración pública.
La decisión responde a la estrategia aplicada en las últimas rondas paritarias y busca evitar diferencias entre sectores que puedan generar nuevos focos de conflicto dentro del universo estatal.
En consecuencia, el aumento que eventualmente se acuerde tendría características similares para todas las categorías, acompañado por la cláusula de revisión que ya forma parte de los entendimientos recientes y que habilita reabrir la discusión si la inflación supera las previsiones.
La disputa por los fondos nacionales también entra en la ecuación
Detrás de la negociación salarial aparece otro factor que el gobierno provincial considera determinante: la disputa judicial que mantiene con la administración de Javier Milei por recursos que, según sostiene Buenos Aires, fueron retenidos de manera indebida.
Uno de los capítulos más importantes de ese conflicto tendrá lugar el próximo 10 de junio, cuando el Gobierno nacional deba presentar ante la Corte Suprema una propuesta vinculada a la deuda previsional que la Provincia reclama por las transferencias correspondientes al sistema jubilatorio administrado por el Instituto de Previsión Social (IPS).
El monto en discusión supera los $2,3 billones y forma parte de un conjunto de reclamos judiciales que, según afirmó Kicillof, acumulan más de $15 billones.
Tras la audiencia realizada ante el máximo tribunal en abril, el gobernador sostuvo que la Nación y la ANSES asumieron el compromiso de presentar una propuesta concreta de pago. La definición de ese expediente es seguida con atención por la administración bonaerense, que considera esos recursos fundamentales para aliviar la presión sobre las finanzas provinciales.