D’Onofrio quedó al borde del banquillo y el caso VTV sacude al Frente Renovador
El exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio quedó a un paso del juicio oral en la causa que investiga un presunto negociado alrededor del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires.
El fiscal Álvaro Garganta cerró la investigación y dio por probado, según surge del dictamen, que varias empresas habrían pagado coimas para acceder al servicio mediante la subcontratación de una firma vinculada al exfuncionario y a otros nombres de su entorno político y administrativo.
El expediente pone el foco en “Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA”, una empresa que se encargaba de asignar turnos para la VTV y que, por ese supuesto servicio, cobraba una comisión que empezó en el 3% y luego trepó al 8,5% más IVA de cada pago realizado.
De acuerdo con la investigación, esa firma recaudó $4.995.000.000 en poco más de un año: más de $1.800 millones durante 2024 y otros $3.100 millones hasta septiembre de 2025, según datos aportados por el Banco Provincia.
El contrato que apareció antes de la licitación
Uno de los puntos centrales del dictamen es la fecha en la que se firmó el acuerdo con Soluciones SA. Según sostuvo Garganta, el convenio fue rubricado el 15 de mayo de 2023, un mes antes del límite para entregar ofertas y de la apertura del “Sobre 1”, prevista para el 15 de junio de ese año. Además, la Dirección Provincial de VTV aprobó la subcontratación el 13 de junio, apenas dos días antes de ese vencimiento.
Para el fiscal, la contratación no era indispensable para que las empresas se presentaran a la licitación. El dato que más peso ganó en la investigación es que incluso tres compañías nuevas, que no venían prestando el servicio y resultaron ganadoras, también contrataron a Soluciones SA pese a no tener obligación formal de hacerlo.
“La circunstancia de que estas tres nuevas empresas ganadoras hayan contratado también a Soluciones SA, me permite sostener que era un acuerdo con el Ministerio y no una elección deliberada”, planteó Garganta en el dictamen de 75 páginas.
Una firma sin experiencia y transferencias millonarias
La investigación también reconstruyó el perfil de la empresa beneficiada. Soluciones SA no registraba movimientos entre 2021 y 2023. El 10 de mayo de ese año fue comprada por Sebastián Desio, señalado como exempleado de una firma informática y militante del Frente Renovador cercano a D’Onofrio. Según declaró el contador de la sociedad, el traspaso no incluyó inmuebles ni empleados.
Garganta describió a la firma como una “empresa vacía, sin experiencia”, dedicada originalmente al mantenimiento de antenas de telefonía celular. Apenas cinco días después del cambio de manos, fue contratada por empresas vinculadas al servicio de VTV y, meses más tarde, comenzó a recibir transferencias de gran volumen.
“Es tan alevoso el acuerdo, que el dinero que obtendría cada empresa por verificar, la parte que le corresponde a Soluciones SA pasaría directamente a ellas sin ingresar al patrimonio de las empresas adjudicatarias”, sostuvo el fiscal.
Por estos hechos, D’Onofrio está acusado de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. Garganta pidió que también sean enviados a juicio otros siete empresarios y el propio Desio.
Fotomultas, lavado y otro frente judicial
El avance de la causa VTV se suma a otros expedientes que complican al exministro, quien renunció al cargo el 30 de diciembre de 2024 tras semanas de desgaste político y fue reemplazado por Martín Marinucci, dirigente del Frente Renovador y exfuncionario de Trenes Argentinos.
El 27 de mayo de 2026, la Cámara Federal de Casación rechazó el recurso extraordinario de su defensa y dejó ratificado el procesamiento por presunto lavado de activos en una causa ligada a maniobras con fotomultas y la VTV. A la defensa todavía le queda la posibilidad de acudir en queja ante la Corte Suprema.
Ese expediente, iniciado a partir de una denuncia del 5 de septiembre de 2024, apunta a una presunta estructura que habría operado dentro del sistema bonaerense de multas de tránsito. Allí también aparece Claudia Pombo, concejal de Pilar y ex presidenta del Concejo Deliberante local, señalada como cercana a D’Onofrio.
La Justicia investiga además una red de gestores que contactaba infractores, cobraba entre el 30% y el 50% del monto original de las multas y prometía eliminarlas por vías no oficiales. También se analizan presuntas maniobras patrimoniales, entre ellas la compra de una camioneta Audi Q8 atribuida formalmente a Facundo Asensio, exdirector de Fiscalización y Control de la VTV, pero cuyo uso habría correspondido a D’Onofrio, según la investigación.
En la causa VTV, un testigo de identidad reservada declaró que Pombo recibía en su domicilio a Desio. La Justicia comprobó además que Desio compraba dólares de manera frecuente y los retiraba en efectivo: solo entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, sacó USD 370.000 bajo esa modalidad.