El Gobierno Nacional habilitó nueva deuda por hasta US$5.000 millones
El Gobierno nacional autorizó la realización de operaciones de deuda pública por hasta US$5.000 millones con entidades financieras internacionales. La medida quedó formalizada a través del Decreto 478/2026, publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Según el texto oficial, el objetivo de la decisión es “reducir el costo de financiamiento del Tesoro Nacional” mediante préstamos en dólares otorgados por entidades financieras internacionales de reconocida trayectoria. La operatoria podrá contar con garantías parciales de organismos multilaterales de crédito.
La norma habilita al órgano responsable de la coordinación de los sistemas de administración financiera del sector público nacional —función ejercida por la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Finanzas, dependientes del Ministerio de Economía— a avanzar con las gestiones necesarias para concretar el financiamiento.
El decreto también autoriza a incluir cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales estaduales y federales de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, para resolver eventuales controversias vinculadas con los contratos de préstamo.
Qué implica la jurisdicción en Nueva York
La prórroga de jurisdicción significa que, ante posibles reclamos derivados de esos contratos, la Argentina acepta que las controversias puedan tramitarse ante tribunales de Nueva York. Además, la norma contempla la renuncia a oponer la defensa de inmunidad de jurisdicción respecto de esos reclamos específicos.
Sin embargo, el decreto aclara que esa renuncia no alcanza a la inmunidad de ejecución sobre determinados bienes considerados estratégicos o protegidos por la legislación vigente. Entre ellos figuran las reservas y cuentas del Banco Central de la República Argentina, bienes del dominio público, activos afectados a servicios públicos esenciales, bienes militares, bienes diplomáticos y consulares, patrimonio cultural, impuestos y regalías adeudadas al Estado nacional.
También quedan excluidos otros bienes declarados inembargables por la legislación argentina. De esta manera, el Gobierno habilita la jurisdicción extranjera para litigios contractuales, pero mantiene resguardos sobre activos sensibles del Estado.
Facultades para definir tasas, plazos y bancos
El Decreto 478/2026 otorga amplias facultades a las áreas económicas para definir las condiciones financieras de las operaciones. Entre esas atribuciones aparecen la posibilidad de establecer plazos, monedas, tasas, métodos de financiamiento y demás términos de los préstamos.
Además, las secretarías competentes podrán seleccionar las entidades financieras participantes, contratar agentes fiscales, designar calificadoras de riesgo, suscribir acuerdos, pagar comisiones de mercado y afrontar los gastos asociados a las operaciones.
La norma también autoriza a designar funcionarios para firmar la documentación correspondiente y ejecutar las medidas necesarias para concretar los contratos de financiamiento.
El gasto derivado de estas operaciones será imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al Servicio de la Deuda Pública. La medida entró en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial.
Un nuevo capítulo del financiamiento externo
La decisión se conoce en un contexto en el que el Gobierno busca reforzar su estrategia financiera y mejorar las condiciones de acceso al crédito. El argumento oficial apunta a aprovechar condiciones consideradas más favorables para el Estado nacional y reducir el costo de financiamiento del Tesoro.
El monto autorizado, de hasta US$5.000 millones, no implica necesariamente una toma inmediata por la totalidad de ese valor, sino que habilita al Poder Ejecutivo a avanzar con operaciones dentro de ese límite y bajo las condiciones que defina el Ministerio de Economía.
La medida vuelve a poner en el centro del debate el vínculo entre deuda pública, financiamiento externo y jurisdicción extranjera. Mientras el Gobierno sostiene que la operatoria busca obtener recursos en mejores condiciones, la inclusión de tribunales de Nueva York como sede para eventuales controversias abre una discusión política y económica sobre los compromisos asumidos por el Estado argentino.