El contrato con Fred Machado complica a José Luis Espert en la causa por lavado
El fiscal federal Fernando Domínguez sostuvo que el convenio usado para justificar el pago de Federico “Fred” Machado fue una simulación y pidió citar al exdiputado libertario por lavado de activos.
Juan Manuel Villarreal
El fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez pidió la declaración indagatoria del exdiputado libertario José Luis Espert en la causa que investiga el origen y destino de los US$200.000 que recibió de Federico “Fred” Machado, condenado en Estados Unidos. La presentación fue elevada al juez federal Lino Mirabelli y apunta a determinar si esos fondos fueron incorporados al circuito económico formal mediante maniobras de lavado de activos.
La fiscalía también solicitó indagar al contador Mariano Alejandro Cosentino y a la empresa Varianza SA, vinculada al entorno del exlegislador. Según la acusación, el dinero habría ingresado desde una firma relacionada con Machado y luego habría sido utilizado en operaciones patrimoniales, entre ellas la compra de vehículos de alta gama y la integración de un fideicomiso en Costa Esmeralda.
El punto central del dictamen es el contrato de locación de servicios que Espert presentó para justificar el cobro. Para la fiscalía, ese documento no reflejó una prestación real, sino que funcionó como una simulación destinada a explicar el ingreso de los fondos. El convenio, fechado el 7 de junio de 2019 en Guatemala, vinculaba a Espert con Minas del Pueblo SA, empresa minera ligada a Machado, por un supuesto asesoramiento económico a cambio de un millón de dólares.
La investigación sostiene que el contrato carecía de objeto real y de cumplimiento posible. Entre los elementos mencionados por la fiscalía aparecen que Espert no habría viajado a Guatemala, que no se detectaron subcontrataciones ni profesionales especializados en minería para cumplir las tareas previstas, y que la documentación minera hallada correspondía a información pública disponible en sitios oficiales.
Otro dato señalado en el dictamen es que Machado, de acuerdo con registros migratorios citados en la causa, se encontraba en Buenos Aires al momento en que el contrato decía haber sido celebrado en Guatemala. Además, la fiscalía indicó que Minas del Pueblo SA no tenía actividad real al momento de la firma y que recién un mes después solicitó la cesión de una licencia de explotación minera.
El circuito del dinero bajo la lupa
La causa reconstruye que el 22 de enero de 2020 Espert recibió una transferencia de US$200.000 en una cuenta a su nombre radicada en Estados Unidos, en el banco Morgan Stanley. La operación habría salido desde una cuenta del Bank of America perteneciente a Wright Brothers Aircraft Title Inc., firma que, según el dictamen, integró la estructura investigada en Estados Unidos alrededor de Machado.
La fiscalía afirmó que esa cuenta en el exterior no fue declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, al igual que el saldo acumulado y la transferencia recibida. Para los investigadores, ese tramo es clave porque permitiría explicar cómo los dólares llegaron al patrimonio del exdiputado y cómo fueron luego canalizados hacia distintos bienes.
Según la acusación, semanas después de recibir la transferencia, Espert envió US$50.000 desde Morgan Stanley a una cuenta en el BBVA. Con esos fondos, siempre de acuerdo con el dictamen fiscal, compró un BMW M240i por US$47.800. Años más tarde, el vehículo fue vendido y parte de ese dinero habría sido utilizado para adquirir un Lexus RX 350 por casi US$130.000.
La presentación también menciona un fideicomiso en Costa Esmeralda suscripto por la esposa de Espert en febrero de 2025. La fiscalía incluyó esa operación dentro del circuito patrimonial que busca analizar, junto con transferencias, depósitos y movimientos posteriores que, según el dictamen, podrían formar parte de una maniobra de integración de fondos.
Nuevas figuras y el rol de los audios
Además del pedido de indagatoria por lavado de activos, la causa sumó la mención a posibles delitos vinculados con falsificación de instrumento privado y fraude procesal, a partir de la evaluación fiscal sobre el contrato presentado como respaldo del cobro. La hipótesis deberá ser analizada por el juzgado, que tendrá que resolver si hace lugar al pedido de citación.
El dictamen también incorporó audios y conversaciones de WhatsApp secuestrados en la investigación. Según la reconstrucción fiscal, esos intercambios entre asesores contables habrían reflejado discusiones sobre cómo encuadrar el dinero recibido y cómo ordenar la situación patrimonial e impositiva de Espert después de la detención de Machado.
Para la fiscalía, esas comunicaciones refuerzan la sospecha de que el contrato con la minera fue utilizado como explicación formal para justificar fondos cuyo origen estaba bajo investigación. También planteó que no se descarta la existencia de otros pagos, ya que el convenio presentado establecía una contraprestación total de US$1 millón.
El caso vuelve a colocar a Espert en el centro de una investigación judicial de alto impacto político. Ahora, la decisión queda en manos del juez Mirabelli, que deberá evaluar el planteo del fiscal y definir si cita al exdiputado libertario a declaración indagatoria.
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