Con los senadores bonaerenses alineados, LLA retiró el capítulo de la Ley de Tierras: "El suelo argentino no se vende"

La sesión convocada para este jueves en el Senado prometía convertirse en una de las votaciones más importantes para el Gobierno nacional. Sin embargo, antes de que comenzara el debate, La Libertad Avanza se vio obligada a modificar su estrategia: ante la falta de los votos necesarios, decidió retirar del proyecto de "inviolabilidad de la propiedad privada" el capítulo que reformaba la Ley de Tierras. En ese escenario, la posición de los tres senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires terminó adquiriendo un peso político determinante.

Mientras el oficialismo intentaba cerrar acuerdos de último momento con bloques dialoguistas y gobernadores, Maximiliano Abad (UCR), Eduardo "Wado" de Pedro y Juliana Di Tullio (Fuerza Patria) ratificaron su rechazo a cualquier modificación que flexibilizara los límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. 

El radical Abad ya había adelantado que no acompañaría la reforma impulsada por el Ejecutivo. Su posición también quedó respaldada por el comunicado difundido por el Comité Nacional de la UCR, encabezado por Leonel Chiarella, que pidió a todos los senadores del partido votar en contra al considerar que la propuesta eliminaba límites "razonables" para la compra de tierras por extranjeros y comprometía la soberanía nacional.

Del otro lado del recinto, Eduardo "Wado" de Pedro y Juliana Di Tullio también confirmaron su rechazo. Ambos participaron de la estrategia parlamentaria definida por el Partido Justicialista para intentar bloquear la iniciativa.

Durante un encuentro realizado en la sede nacional del PJ, De Pedro sostuvo que "Milei no vino a destruir el Estado, vino a destruir la Nación" y advirtió que "quien vote a favor de la extranjerización de la tierra estará traicionando el compromiso asumido al jurar la Constitución Nacional". Además, convocó a acompañar la movilización prevista frente al Congreso durante la sesión.

El 6 de agosto hay que defender el territorio argentino dentro del Congreso, y sobre todo, en las calles. Nos vemos este jueves. pic.twitter.com/346rr5OHvP

— Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) August 4, 2026

El Gobierno perdió apoyos y cambió el proyecto

La decisión de retirar el capítulo sobre la Ley de Tierras se tomó después de una reunión de urgencia encabezada por la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, junto a representantes de los principales bloques aliados.

Del encuentro participaron, entre otros, Bartolomé Abdala, Eduardo Vischi, Luis Juez, Natalia Gadano, Beatriz Ávila, Carlos Arce, Sonia Rojas Decut, Flavia Royón, Edith Terenzi, Carlos "Camau" Espínola y los senadores del PRO Martín Goërling Lara, Victoria Huala y Andrea Cristina.

Allí se resolvió eliminar por completo el capítulo III del proyecto, que modificaba la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.

La marcha atrás llegó luego de que varios gobernadores que habitualmente acompañan al oficialismo marcaran diferencias. Gustavo Sáenz (Salta), Rolando Figueroa (Neuquén), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Hugo Passalacqua (Misiones) expresaron públicamente su rechazo a flexibilizar la extranjerización de tierras, lo que se tradujo en nuevos votos negativos dentro de la Cámara alta.

También se sumaron pronunciamientos de senadores dialoguistas como Flavio Fama y Daniel Kroneberger, que terminaron consolidando un escenario adverso para el Gobierno.

La discusión excedió el Congreso

La resistencia a la reforma no quedó limitada al plano legislativo. Organizaciones sociales, entidades vinculadas a la producción y sectores políticos convocaron movilizaciones frente al Congreso para acompañar el tratamiento de la iniciativa.

En Mar del Plata, la Multisectorial de Jubilados y Pensionados difundió una carta abierta dirigida a Maximiliano Abad en la que pidió rechazar el proyecto por considerar que era "contrario a la defensa de la soberanía nacional". La organización sostuvo que avanzar con la reforma implicaría "una traición a nuestra patria y al pueblo", al entender que debilitaba el control sobre recursos estratégicos.

En paralelo, el secretario de Bases Federadas, Sebastián Campo, cuestionó la propuesta oficial al afirmar que la legislación vigente protege áreas sensibles y sostuvo que "el suelo argentino no se vende", diferenciando el contexto actual del proceso histórico de colonización agrícola del país.

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Mientras el oficialismo negociaba dentro del Senado, la discusión pública también comenzó a mostrar un escenario desfavorable.

Un informe elaborado por Reputación Digital registró un Índice de Sentimiento Neto de -48,5 respecto de la reforma de la Ley de Tierras. Según ese relevamiento, el 69% de las menciones analizadas fueron negativas, el 21% positivas y el 10% neutrales.

El estudio también vinculó ese clima con sondeos de opinión que muestran un amplio respaldo ciudadano a mantener los límites actuales sobre la compra de tierras por extranjeros, un dato que terminó incrementando la presión política sobre los legisladores que todavía no habían definido su voto.

Con ese escenario, el Gobierno resolvió retirar el capítulo más conflictivo de la iniciativa para sostener el resto del proyecto y evitar una derrota parlamentaria antes de que comenzara la sesión. La discusión sobre una eventual reforma de la Ley de Tierras quedó postergada para futuras negociaciones, aunque el debate sobre la soberanía, el dominio de los recursos estratégicos y el rol de las provincias promete seguir ocupando un lugar central en la agenda política.