Suprema Corte incompleta: nombres que circulan, pliegos demorados y reproches cruzados
El máximo tribunal bonaerense funciona con tres de sus siete integrantes, mientras el Ejecutivo niega un acuerdo con la UCR y el cristinismo busca incorporar las cuatro vacantes a la negociación electoral.
Pamela Orellana
La Suprema Corte de Justicia bonaerense funciona con Sergio Torres como presidente, Daniel Soria como vicepresidente e Hilda Kogan como ministra. Son tres integrantes de un tribunal previsto para siete. Los cuatro sillones vacantes, algunos desde hace años, pasaron a formar parte de una negociación que cruza al Ejecutivo, la Legislatura y la interna del peronismo, justo cuando empiezan a discutirse las reglas electorales de 2027.
La presión no llega solamente desde la política. Torres reclamó públicamente que se complete el cuerpo y el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, presidido por Rafael Gentili, calificó la situación como una “desintegración sin precedentes”.
En abril, Torres lo resumió: “Los ministros que presidimos este acto, como pueden observar, somos tres, cuando debiéramos ser siete”. La entidad recordó que el artículo 146 de la Constitución provincial establece un plazo de quince días para que el Ejecutivo proponga un candidato cuando se produce una vacante. Los pliegos requieren después el acuerdo del Senado.
Una mesa que el axelismo no acepta
El cristinismo pretende incorporar las designaciones a una discusión integral que incluya las reelecciones indefinidas de intendentes, la continuidad de las PASO y un eventual desdoblamiento. “Creemos que el Gobernador tiene que convocar una mesa para discutir la integralidad porque todavía no se resolvieron las vacantes en la Corte y ahora quiere agregar un tema nuevo”, señalaron desde ese sector.
Cerca de Axel Kicillof responden que ambos debates deben transitar por carriles distintos. “La discusión de las vacantes de la Corte no va a estar atada a la de reforma electoral”, afirmaron. La prioridad inmediata de la Gobernación sería el expediente de la senadora Ayelén Durán sobre los mandatos municipales, acordado políticamente con la vicegobernadora Verónica Magario y con Germán Lago, presidente de la Comisión de Legislación General.
El problema es que los canales con la Legislatura permanecen cortados. Desde el Ejecutivo dicen que “no hay interlocutores” y atribuyen la parálisis a los cruces dentro del oficialismo. Como ejemplo mencionan las críticas del presidente del bloque de senadores, Sergio Berni, contra Magario. La falta de diálogo también alcanza otros asuntos que la Provincia tiene pendientes, desde proyectos sanitarios y de seguridad hasta el Presupuesto 2027.
El acuerdo que unos afirman y otros niegan
La UCR afirma que la cobertura de la Corte formó parte del acuerdo que permitió aprobar el Presupuesto y la Ley Fiscal a fines de 2025. Según el diputado provincial Diego Garciarena, representante radical en el Consejo de la Magistratura, el entendimiento preveía tres lugares para el peronismo —axelismo, kirchnerismo y massismo— y uno para el radicalismo. Dos pliegos debían enviarse en diciembre y otros dos antes de la feria judicial de invierno.
De aquella mesa habrían participado Gabriel Katopodis y Mariano Cascallares por Kicillof, Facundo Tignanelli por el kirchnerismo, Federico Otermín por los intendentes del conurbano, Alexis Guerrera por el Frente Renovador y Garciarena por la UCR. “Hay un incumplimiento grave de parte del gobernador”, acusó el legislador marplatense.
La versión de la Gobernación es opuesta. Allí sostienen que existió una intención de avanzar durante el primer semestre, pero no un convenio cerrado. Según esa explicación, los agravios y la ruptura con sectores legislativos impidieron negociar tanto con el oficialismo como con la oposición. “No hubo acuerdo y por lo tanto no se incumple”, replicaron desde el entorno del mandatario.
Nombres que circulan y ninguno formalizado
La pelea por el lugar opositor también cambió. La UCR promovía a Marina Sánchez Herrero, vicerrectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, pero La Libertad Avanza ganó terreno después de quedarse con las dos representaciones opositoras del Senado en el Consejo de la Magistratura. El nombre libertario es Sergio Pilarche, camarista de San Martín, respaldado por Karina Milei y Sebastián Pareja.
Para los lugares vinculados al peronismo circularon Marisa Herrera, especialista en Derecho de Familia; el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena; el diputado nacional Ramiro Gutiérrez, cercano a Sergio Massa; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; y María Fernández Vázquez, decana de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Ninguna de esas posibilidades fue reconocida como una propuesta firme.
En paralelo, el Consejo de la Magistratura completó su integración política y retomó entrevistas, concursos y ternas para juzgados, fiscalías y defensorías. Gentili advirtió que la falta de fiscales y magistrados también golpea a departamentos judiciales como Bahía Blanca y localidades como Tres Arroyos. “Es imperioso que los juristas propuestos sean intachables y fruto de un consenso”, sostuvo. Sin embargo, cuando se consultó a la Gobernación por la Suprema Corte, la respuesta fue terminante: “No hay nombres, nadie trajo nombres”.
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