El sindicalismo se une contra la Ley de Tierras y prepara una protesta frente al Congreso
Juan Manuel Villarreal
La Confederación General del Trabajo (CGT), las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) brindarán una conferencia de prensa para presentar una movilización contra la reforma de la Ley de Tierras que impulsa el Gobierno nacional.
La protesta está prevista en el marco del tratamiento en el Senado del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que incluye modificaciones sobre la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
Las organizaciones sindicales, sociales, comunitarias y territoriales anticiparon que se movilizarán frente al Congreso para rechazar los cambios y expresar su preocupación por el impacto que podrían tener sobre la soberanía territorial y los recursos naturales.
Una nueva acción conjunta del sindicalismo
La convocatoria volverá a reunir a la CGT, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y la UTEP, que durante las últimas semanas profundizaron una agenda de acciones coordinadas contra distintas iniciativas del Gobierno de Javier Milei.
Las centrales ya habían definido un plan de lucha conjunto que incluyó el acompañamiento a las movilizaciones de jubilados, protestas contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la participación en la tradicional marcha de San Cayetano.
La protesta por la Ley de Tierras se integra ahora a ese cronograma. Las CTA y distintos movimientos sociales habían resuelto realizar acciones de visibilización y marchar al Congreso cuando el Senado retomara el debate de la iniciativa.
Los espacios sindicales sostienen que el proyecto favorece una mayor extranjerización de las tierras y reduce las herramientas vigentes para limitar la concentración de superficies rurales en manos de capitales extranjeros.
Qué propone el proyecto que debate el Senado
El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada propone modificar el régimen establecido por la Ley 26.737, sancionada en 2011, que fija límites para la titularidad extranjera de tierras rurales.
La legislación vigente establece un tope del 15% para las tierras rurales en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental. Las organizaciones opositoras al proyecto advierten que la reforma flexibilizaría esas restricciones y ampliaría las posibilidades de adquisición por parte de personas y empresas del exterior.

La iniciativa también contempla cambios relacionados con expropiaciones, desalojos y otras regulaciones vinculadas con el derecho de propiedad.
El oficialismo había intentado avanzar con el proyecto en el Senado, pero el debate fue postergado ante la falta de votos suficientes. La discusión quedó atravesada por las diferencias entre La Libertad Avanza, sus aliados y bloques provinciales sobre el alcance de las modificaciones y la posibilidad de que cada jurisdicción establezca sus propias restricciones.
El rechazo a la compra de tierras por extranjeros
La CGT ya había solicitado a los senadores que no acompañaran la eliminación de los límites para la venta de tierras rurales a extranjeros. La central considera que una modificación de ese tipo afectaría la soberanía nacional.
Las dos CTA también participaron de encuentros con movimientos sociales, representantes territoriales, organizaciones comunitarias y sectores académicos para coordinar acciones contra el proyecto.
Durante esas reuniones, los dirigentes plantearon que la regulación de la tierra no debe analizarse únicamente como una cuestión de propiedad privada, sino también en función del acceso al agua, la protección de los recursos naturales y el control del territorio.
El debate llegó además a la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, donde investigadores del Conicet y representantes de organizaciones sociales y sindicales expusieron sobre los posibles efectos de la modificación de la normativa.
Una protesta en medio del plan de lucha
La movilización se producirá en un escenario de creciente coordinación entre las centrales obreras y los movimientos sociales. La CGT, las CTA y la UTEP vienen articulando acciones relacionadas con los salarios, las jubilaciones, la pérdida de puestos de trabajo, el endeudamiento de las familias y el cierre de programas sociales.
Los dirigentes también analizan avanzar hacia una marcha federal y un nuevo paro general, aunque todavía no se confirmó una fecha para una medida de esas características.
La conferencia de prensa permitirá conocer el horario, el punto de concentración y las organizaciones que participarán de la protesta contra la reforma de la Ley de Tierras.

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