“Pasar la máquina no es hacer un camino”: productores bonaerenses arreglan por su cuenta y los ingenieros alertan por riesgos hidráulicos

La falta de mantenimiento de los caminos rurales bonaerenses dejó de ser únicamente un reclamo sectorial y comenzó a transformarse en un problema de gestión pública. En distintos municipios, productores agropecuarios avanzaron con propuestas para financiar, organizar y hasta ejecutar obras ante las dificultades de las comunas para sostener una red que supera los 120.000 kilómetros en la provincia.

El fenómeno atraviesa varios distritos y expone una discusión de fondo: qué ocurre cuando quienes pagan una tasa vial consideran que el servicio no está a la altura de lo que aportan y deciden buscar mecanismos alternativos para garantizar la circulación.

Las iniciativas van desde proyectos para crear organismos mixtos de administración hasta productores que compran maquinaria o contratan arreglos particulares. Pero el avance de estas soluciones privadas también abrió una advertencia técnica: mejorar un camino rural no implica solamente pasar una máquina y emparejar el terreno.

Desde el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA) señalaron que cualquier intervención debe contar con planificación profesional, estudios hidráulicos y respaldo normativo para evitar que una reparación termine generando nuevos problemas.

Ley de Tierras: el peronismo bonaerense desafía la reforma de Milei con proyectos propios

La presión del campo por una red vial que no responde

El deterioro de los caminos rurales se convirtió durante 2026 en uno de los principales reclamos del sector agropecuario bonaerense. La preocupación excede la salida de la producción: también alcanza el traslado de alumnos a escuelas rurales, el acceso de ambulancias, patrulleros y bomberos, y la vida cotidiana de cientos de comunidades del interior.

El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Pablo Ginestet, planteó que los reclamos crecieron porque “el servicio que están dando los municipios es cada vez peor”.

Según explicó, no existe una única respuesta para todos los distritos. Mientras algunas entidades impulsan consorcios con participación de productores, otras analizan reclamos administrativos o judiciales por la falta de contraprestación frente al pago de tasas.

La discusión tiene como eje el destino de los fondos específicos y el rol de los municipios como responsables de conservar una infraestructura clave para la producción agropecuaria.

Uno de los casos que concentró la atención fue el de 9 de Julio, donde la Sociedad Rural local presentó ante el Concejo Deliberante y el Ejecutivo municipal un proyecto para crear una Comisión Vial Rural.

La iniciativa propone que ese organismo administre el 85% de lo recaudado mediante la tasa vial y el total de los fondos provinciales con destino específico. Además, plantea incorporar un gerente técnico elegido mediante concurso para garantizar continuidad más allá de los cambios políticos.

Hugo Enriquez, integrante de la entidad ruralista, explicó que la propuesta fue elaborada durante cinco meses y tomó como referencia experiencias aplicadas en municipios como Benito Juárez y Trenque Lauquen.

El objetivo del sector es modificar la lógica actual de mantenimiento y avanzar hacia un esquema donde las decisiones técnicas tengan mayor peso sobre las prioridades políticas de cada gestión.

Colón, Chivilcoy y Guaminí: distintos caminos frente al mismo reclamo

La discusión también tomó fuerza en otros puntos de la provincia. En Colón, productores nucleados en la Sociedad Rural y representantes independientes presentaron una carta con alrededor de cien firmas dirigida al intendente Waldemar Giordano y al Concejo Deliberante.

El planteo exige respuestas sobre el estado de los caminos y propone fijar la tasa en $10.000 por hectárea anual mientras el servicio continúe siendo deficiente. Además, reclaman eliminar alícuotas progresivas y evaluar alternativas como un consorcio o la tercerización del mantenimiento.

Los productores otorgaron un plazo de 20 días para recibir una respuesta y advirtieron que, de no avanzar con soluciones concretas, recurrirán a presentaciones judiciales.

En Chivilcoy, la situación derivó en acciones particulares. Algunos productores financiaron reparaciones con recursos propios ante sectores considerados críticos. Fredy Simone, presidente de FACMA, costeó trabajos sobre la avenida de la Tradición, mientras otro vecino realizó arreglos sobre tres kilómetros en la zona de Emilio Ayarza.

Desde el municipio sostienen que las cuadrillas trabajan de manera permanente y destacan un nivel de cumplimiento tributario cercano al 80%, además de beneficios para quienes mantienen sus obligaciones al día.

En Guaminí, la discusión llegó también al ámbito político. La concejal de La Libertad Avanza Daniela Morán Schell cuestionó la administración del intendente José Augusto Nobre Ferreira y sostuvo que algunos productores compran herramientas y reparan caminos porque “no pueden circular”.

La advertencia de los ingenieros: arreglar caminos no es solo pasar la máquina

El avance de soluciones financiadas por privados abrió una discusión técnica sobre los riesgos de intervenir una red vial sin planificación. El presidente del Colegio de Ingenieros bonaerense, Jorge Castellano, respaldó que los productores colaboren ante las restricciones presupuestarias municipales, pero marcó un límite: el financiamiento privado no puede reemplazar el conocimiento profesional.

“El voluntarismo no puede reemplazar al conocimiento técnico”, sostuvo el dirigente. Desde la entidad remarcaron que modificar una traza rural implica analizar múltiples variables: características del suelo, pendientes, cuencas hídricas, cruces de agua y necesidades productivas específicas.

Un camino utilizado diariamente por camiones vinculados a la actividad tambera, por ejemplo, requiere un tratamiento diferente al de una zona destinada al movimiento estacional de hacienda.

El riesgo principal, explicaron, aparece cuando una intervención modifica el escurrimiento natural del agua. Una cuneta mal diseñada, una alcantarilla mal ubicada o una elevación incorrecta del terreno puede provocar anegamientos en campos vecinos y generar conflictos entre particulares.

Suprema Corte incompleta: nombres que circulan, pliegos demorados y reproches cruzados

Desde el CIPBA recordaron que la participación privada no elimina las obligaciones establecidas por la normativa bonaerense. La Ordenanza General 165/73 establece que las obras deben contar con estudios previos, proyectos ejecutivos, documentación técnica y la intervención de profesionales habilitados.

Para los ingenieros, los municipios mantienen la responsabilidad como autoridades de aplicación, incluso cuando los recursos provienen de productores o entidades privadas.

Entre la emergencia y la planificación provincial

Mientras los municipios enfrentan reclamos crecientes, la Provincia también busca intervenir sobre la problemática. El ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, impulsa planes directores sobre una red rural que supera los 120.000 kilómetros, con cerca del 90% de sus caminos de tierra.

En paralelo, la diputada bonaerense de UCR-Cambio Federal Silvina Vaccarezza propuso avanzar con un índice de transitabilidad que permita contar con información periódica sobre el estado de las trazas.

La discusión sobre quién debe sostener los caminos rurales abrió así un escenario donde conviven tres demandas: productores que necesitan respuestas rápidas, municipios con recursos limitados y especialistas que reclaman que cualquier intervención respete criterios técnicos.

Para Castellano, la diferencia entre una reparación improvisada y una obra vial real está en la planificación. “Si se piensa que hacer un camino es contratar 200 horas de motoniveladora y llevarle combustible y comida al maquinista, eso no es hacer un camino”, resumió.