Cuatro vacantes en la Suprema Corte: crece la presión sobre la política bonaerense
El máximo tribunal provincial continúa funcionando de manera incompleta mientras se acumulan los reclamos para avanzar con las designaciones pendientes. El Colegio de Abogados bonaerense lanzó una fuerte advertencia y reavivó el debate por una negociación que sigue empantanada.
Mariana Portilla
La renovación de las autoridades del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires coincidió con el inicio de la feria judicial, pero el mensaje que eligió transmitir la institución estuvo lejos de ser protocolar. En su primer pronunciamiento público, el Consejo Superior reclamó la cobertura urgente de las vacantes existentes tanto en la Suprema Corte de Justicia bonaerense como en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y advirtió que la situación representa un serio deterioro institucional.
El planteo llega en un momento en que la política bonaerense acaba de destrabar parcialmente otro frente clave: la integración del Consejo de la Magistratura. Sin embargo, la negociación para cubrir los cuatro lugares vacantes del máximo tribunal provincial continúa sin avances concretos y vuelve a quedar en el centro de la escena.
En el comunicado, el Colegio de Abogados sostuvo que existe una "imperiosa necesidad de cubrir las vacantes existentes en ambos tribunales superiores". La entidad recordó que la Corte Suprema nacional funciona actualmente con tres de sus cinco miembros, mientras que la Suprema Corte bonaerense tiene apenas tres de los siete ministros que establece la Constitución provincial.
Para los abogados, se trata de una "desintegración sin precedentes" que "compromete seriamente el servicio de Justicia" y afecta directamente la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y la confianza de la ciudadanía.
Además, remarcaron que una Corte incompleta tampoco puede ejercer plenamente una de sus funciones centrales: fijar y unificar la doctrina legal que luego orienta a todos los tribunales de la provincia.
El Colegio fue aún más allá al señalar que aquello que debería ser atendido como una emergencia institucional terminó convirtiéndose en "un estado de cosas tolerado y peligrosamente naturalizado".
La Constitución fija plazos que hace años no se cumplen
La entidad también recordó que el artículo 146 de la Constitución bonaerense establece que el Poder Ejecutivo dispone de quince días desde que se produce una vacante para enviar el pliego del candidato correspondiente al Senado. Sin embargo, varios de esos cargos permanecen sin cubrir desde hace años.
"La cobertura de las vacantes de ambos tribunales no es una facultad discrecional; constituye un deber constitucional que no puede quedar librado a estrategias políticas o conveniencias partidarias", sostuvo el Colegio de Abogados al cierre del documento.
Actualmente la Suprema Corte bonaerense está integrada por Sergio Torres, presidente del tribunal; Daniel Soria, vicepresidente; y Hilda Kogan, ministra del cuerpo. Las vacantes comenzaron a acumularse tras el fallecimiento de Héctor Negri en 2020, la muerte de Eduardo De Lázzari en 2021, la jubilación de Eduardo Pettigiani y la posterior renuncia de Luis Genoud.
En abril pasado, durante la apertura del año judicial, Torres volvió a reclamar públicamente la cobertura de esos cargos. "Los ministros que presidimos este acto, como pueden observar, somos tres, cuando debiéramos ser siete", afirmó frente a magistrados, funcionarios judiciales y representantes de distintos colegios profesionales.
En esa oportunidad también presentó un proyecto para otorgar autonomía presupuestaria y autarquía económico-financiera al Poder Judicial y sostuvo que una Corte incompleta limita su capacidad de conducción institucional.
La política sigue sin encontrar un acuerdo
Más allá del reclamo judicial, el principal obstáculo continúa siendo político. La Constitución establece que el gobernador Axel Kicillof debe proponer los candidatos, pero sus pliegos necesitan luego el acuerdo del Senado provincial, donde el oficialismo requiere construir consensos con otros bloques para alcanzar las mayorías necesarias.
El propio gobernador reconoció meses atrás que las dificultades para avanzar responden a la compleja composición de la Legislatura.
"Estamos viendo cómo reunir los consensos. Si no se consiguen las voluntades no se puede hacer", explicó durante una actividad oficial en Olavarría.
En la misma línea, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, recordó que el envío de los pliegos constituye una potestad del gobernador y que la decisión será tomada conforme a criterios de "oportunidad, mérito y conveniencia".
El Consejo de la Magistratura volvió a funcionar
Mientras la negociación por la Suprema Corte permanece abierta, la Provincia consiguió en los últimos días completar prácticamente toda la integración política del Consejo de la Magistratura.
El Senado y la Cámara de Diputados designaron a sus representantes, mientras que el Ejecutivo hizo lo propio mediante el Decreto 874/26.
Entre los consejeros nombrados por el Gobierno provincial aparecen el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; el subsecretario de Política Criminal, Carlos Lisandro Pellegrini; y el subsecretario de Asuntos Municipales, Santiago "Lalo" Révora. Como suplentes fueron designados Gabriela Demaría, Ana Laura Ramos y Gustavo Gamino.
El organismo retomó inmediatamente las entrevistas personales, concursos y tratamiento de ternas para cubrir cargos judiciales en toda la provincia.
La normalización del Consejo de la Magistratura despeja parte del camino para avanzar con cientos de vacantes en juzgados, fiscalías y defensorías. Sin embargo, la discusión más delicada sigue pendiente.
La integración de la Suprema Corte supone una negociación distinta por el peso institucional de esos cargos, cuyos integrantes permanecen en funciones mientras dure su buena conducta.
El reclamo del Colegio de Abogados vuelve a instalar esa discusión en la agenda y suma presión para que el Ejecutivo provincial y el Senado retomen una negociación que permanece estancada desde hace años. Completar el máximo tribunal aparece hoy como uno de los principales desafíos institucionales que la política bonaerense todavía no logró resolver.
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