Tras el acuerdo en la Magistratura, se abre la pulseada por las vacantes en la Corte bonaerense

La jura de los nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura bonaerense cerró semanas de negociaciones, cruces internos y demoras legislativas. Con el organismo nuevamente en funcionamiento y casi toda su integración política cubierta, el Gobierno provincial empieza a despejar el camino para una discusión mucho más compleja: la cobertura de las cuatro vacantes de la Suprema Corte de Justicia.

Los últimos movimientos se concentraron en apenas unos días. El Senado bonaerense designó al senador Sergio Berni como consejero titular y al legislador Fernando Coronel como suplente por Fuerza Patria, mientras que María Luz Bambaci, de La Libertad Avanza, obtuvo uno de los espacios correspondientes a la oposición.

Luego fue el turno de la Cámara de Diputados, que aprobó las incorporaciones del diputado provincial y exintendente de Almirante Brown Mariano Cascallares como titular y de la legisladora Sofía Vanelli como suplente, ambos de Fuerza Patria. Cascallares ya había integrado el organismo como representante del Poder Ejecutivo y ahora continuará desde el estamento legislativo.

El gobernador Axel Kicillof terminó de completar los lugares correspondientes al Ejecutivo mediante el Decreto 874/26. La norma designó como consejeros titulares a Santiago Pérez Teruel, Carlos Lisandro Pellegrini y Santiago Eduardo “Lalo” Révora. Como suplentes fueron nombrados Gabriela Demaría, Ana Laura Ramos y Gustavo Gamino.

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Los nombres elegidos por el Ejecutivo

Pérez Teruel es uno de los funcionarios de mayor confianza del gobernador y ocupa la Asesoría General de Gobierno. Su llegada al Consejo refuerza la presencia directa del núcleo político y jurídico de Kicillof dentro del organismo encargado de seleccionar postulantes para cubrir cargos en juzgados, cámaras y dependencias del Ministerio Público.

Pellegrini, subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, está alineado con el ministro Juan Martín Mena y ya contaba con experiencia dentro del Consejo. Révora, subsecretario de Asuntos Municipales y dirigente de La Cámpora, también fue ratificado como titular.

Entre los suplentes aparece Gabriela Demaría, exsenadora provincial con vínculos políticos con intendentes del denominado Grupo AFA. También fue designada Ana Laura Ramos, subsecretaria de Transparencia Institucional y cercana al intendente de La Plata, Julio Alak. El tercer lugar quedó para Gustavo Gamino, abogado relacionado con la estructura política de La Matanza.

Mena conserva, además, su mandato vigente como representante del Ejecutivo junto con su suplente, Inti Pérez Aznar, hasta diciembre de 2026. Con esas definiciones, la administración bonaerense completó los casilleros que tenía pendientes dentro del organismo.

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Los nuevos integrantes prestaron juramento en la sede del Consejo de la Magistratura, ubicada en La Plata. Del acto participaron el presidente del cuerpo, Daniel Soria, integrante de la Suprema Corte bonaerense, y el vicepresidente, el diputado provincial de Fuerza Patria Facundo Tignanelli.

También juraron representantes legislativos que ya habían sido designados, entre ellos los diputados Martín Endere, del PRO, y Diego Garciarena, de la Unión Cívica Radical. Berni participó del procedimiento de manera virtual.

Tras las asunciones, el Consejo realizó una reunión plenaria y retomó las entrevistas personales y el tratamiento de los concursos. El orden del día incluyó informes sobre los procesos de selección, el estado de las vacantes, la elaboración de ternas y la consideración de órdenes de mérito.

La reactivación tiene consecuencias concretas. El organismo es el encargado de evaluar antecedentes, tomar exámenes, entrevistar aspirantes y conformar las ternas que posteriormente recibe el Poder Ejecutivo. Sin ese paso, el gobernador no puede elegir candidatos ni enviar sus pliegos al Senado.

Durante la actual gestión se confeccionaron más de 600 ternas mediante acuerdos entre los distintos estamentos. Sin embargo, la falta de integrantes y las tensiones políticas habían reducido el ritmo de trabajo y alimentado el riesgo de una nueva parálisis.

El último lugar que todavía divide a la oposición

La integración política del Consejo todavía no quedó cerrada por completo. El Senado debe definir un consejero suplente correspondiente a la oposición, una decisión atravesada por las diferencias entre el PRO, La Libertad Avanza y otros espacios parlamentarios.

El PRO impulsa al senador Juan Manuel Rico Zini, aunque su postulación abrió resistencias dentro del propio espacio amarillo. La discusión también involucra a dirigentes referenciados en Diego Santilli y Cristian Ritondo, en medio del reordenamiento que atraviesa el partido de cara a 2027.

La Libertad Avanza reclama mayor presencia después de haber obtenido un lugar titular con Bambaci, pero no haber colocado representantes desde la Cámara de Diputados. La resolución podría llegar en la próxima sesión ordinaria del Senado, conducido por la vicegobernadora Verónica Magario.

Pese a ese casillero pendiente, el Consejo ya cuenta con los integrantes necesarios para funcionar y avanzar con los concursos. Esa diferencia es central: la discusión que queda en el Senado puede alterar el equilibrio interno, pero ya no impide que el organismo sesione.

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De las vacantes judiciales a la Suprema Corte

Con el Consejo nuevamente activo, la atención comienza a desplazarse hacia el objetivo de mayor peso político e institucional: cubrir las cuatro vacantes de la Suprema Corte bonaerense.

El máximo tribunal debería estar compuesto por siete integrantes, pero actualmente funciona con apenas tres: Sergio Torres, presidente del cuerpo; Daniel Soria, vicepresidente; e Hilda Kogan, ministra de la Corte. La situación lleva más de seis años y se agravó con la salida de Luis Genoud en 2024.

La integración reducida obliga al tribunal a recurrir a conjueces y magistrados de instancias inferiores para resolver determinados expedientes. También condiciona la conformación de mayorías y la conducción administrativa de uno de los poderes del Estado provincial.

En abril, Torres encabezó un acto institucional junto a Soria, Kogan y el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, para reclamar públicamente que el Ejecutivo y el Senado avancen con las designaciones.

“Los ministros que presidimos este acto, como pueden observar, somos tres, cuando debiéramos ser siete”, advirtió el presidente de la Corte. En aquella presentación señaló que habían transcurrido 2.292 días desde la primera vacante y calificó la cobertura de los cargos como una “necesidad institucional impostergable”.

La negociación para completar la Corte es distinta a la que permitió reactivar el Consejo de la Magistratura. Los consejeros tienen mandatos determinados y representan estamentos políticos, judiciales y profesionales. Los jueces del máximo tribunal, en cambio, permanecen en sus cargos mientras dure su buena conducta, lo que convierte cada nombramiento en una definición de largo plazo.

La Constitución bonaerense establece que el gobernador propone a los candidatos y que el Senado debe prestar acuerdo mediante mayoría absoluta. Kicillof no cuenta por sí solo con los votos necesarios, por lo que deberá construir consensos con sectores de la oposición.

Dentro del peronismo también existen intereses diferentes. El Movimiento Derecho al Futuro, conducido por Kicillof; el kirchnerismo y el Frente Renovador buscarán incidir en el reparto. A ellos se suma el Grupo AFA, integrado por intendentes que pretenden consolidarse como una terminal política autónoma y ganar presencia en organismos estratégicos de la Provincia.

La oposición tampoco se presenta como un bloque uniforme. La Libertad Avanza quiere tener representación en el máximo tribunal, mientras que el PRO y la UCR aspiran a conservar lugares dentro de la estructura judicial bonaerense.

Esa fragmentación vuelve improbable que los nombres puedan definirse mediante una negociación limitada al oficialismo. El acuerdo deberá contemplar a varias fuerzas y probablemente combinar las vacantes de la Corte con otros cargos judiciales, organismos de control y espacios institucionales.

Los pliegos que esperan detrás de la discusión

La reactivación del Consejo no solo impactará en la Suprema Corte. El sistema judicial bonaerense todavía tiene centenares de cargos sin cubrir en juzgados, fiscalías, defensorías y cámaras de apelaciones.

Torres destacó que durante 2025 se concretaron 412 designaciones para la administración de justicia y el Ministerio Público, pero advirtió que quedaban alrededor de 200 puestos pendientes. La demora afecta a distintos departamentos judiciales y obliga a magistrados y funcionarios a subrogar cargos o acumular tareas.

El Consejo puede acelerar concursos, entrevistas y ternas, pero el último tramo seguirá dependiendo del Ejecutivo y del Senado. Una vez recibida la terna, el gobernador selecciona a un candidato y envía el pliego a la Cámara alta, que debe tratarlo en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos antes de llevarlo al recinto.

Fuerza Patria posee una posición favorable para aprobar cargos judiciales ordinarios, aunque la negociación política se vuelve más exigente cuando se trata de la Suprema Corte. Allí, el peso institucional y la duración de los nombramientos elevan el costo de cada concesión.