Atucha y la venta parcial de NASA: por qué la Provincia reclama sentarse en la mesa
Pamela OrellanaLa iniciativa propone cinco senadores y cinco diputados, con representación proporcional de los bloques. El argumento central se apoya en el artículo 11 de la Ley 23.696 de Reforma del Estado: cuando una empresa sujeta a privatización tiene su principal asentamiento y área de influencia en una provincia, el Poder Ejecutivo Nacional debe darle intervención a ese gobierno provincial. Para el presidente del bloque oficialista, Sergio Berni, no se trata de una concesión política sino de una obligación legal.
El principal complejo operativo de NASA está en Lima, partido de Zárate, donde funcionan Atucha I, Atucha II y el proyecto CAREM-25. Esa presencia territorial explica por qué el senador, que mantiene su armado político en el distrito, busca que la Legislatura no quede afuera. “La Provincia de Buenos Aires no puede ser una simple espectadora de un proceso que impacta directamente sobre su territorio”, sostuvo el autor del proyecto.
La disputa por Atucha
El proyecto afirma que una eventual omisión de la participación bonaerense podría afectar la validez administrativa del proceso y habilitar reclamos judiciales. La comisión tendría facultades para elaborar informes públicos y defender los intereses provinciales y nacionales, aunque el alcance concreto de su intervención deberá discutirse en la Legislatura.
La respuesta del PRO llegó desde Zárate. La diputada provincial Natalia Blanco, alineada con Cristian Ritondo, cuestionó la competencia de Berni y señaló que tendría “más sentido” que interviniera su esposa, la diputada nacional Agustina Propato, por tratarse de una empresa nacional. “A Berni le gana el personaje”, disparó.
El Gobierno nacional prevé conservar el 51% de NASA y transferir el resto del paquete dentro del esquema de privatización aprobado. La compañía opera Atucha I, Atucha II y Embalse, suma 1.763 MW de potencia instalada y aporta cerca del 8% de la electricidad del país. El material relevado también consigna ganancias por $17.234 millones durante el primer trimestre.

Un presupuesto que expone la contradicción
Mientras acelera la venta parcial, el Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, aprobó el presupuesto 2026 de Nucleoeléctrica. La Resolución 889/2026 proyecta ingresos operativos por $974.353 millones y gastos por $1,046 billones, con un resultado operativo negativo de $72.275 millones. Sin embargo, prevé ahorro corriente por $160.756 millones y un superávit financiero de $392,6 millones.
El plan incluye transferencias no reintegrables del Tesoro por $400.000 millones, la extensión de vida de Atucha I, el almacenamiento en seco de elementos combustibles gastados y una generación neta estimada de 8.974.937 MWh desde Atucha II y Embalse. Para el peronismo, esos números muestran que no se discute una firma residual, sino una empresa que sostiene generación, inversiones y conocimiento especializado.
El conflicto que rodea al sector nuclear
La movida de Berni se inserta en un cuadro más amplio. Legisladores opositores, científicos y gremios denuncian despidos, pérdida de capacidades en la Comisión Nacional de Energía Atómica y demoras en el CAREM, cuyo avance fue estimado en 70%. La diputada nacional Adriana Serquis, extitular de la CNEA, cuestionó que se impulse un reactor privado con la estadounidense Meitner Energy mientras se desfinancia el desarrollo argentino.

Martín Iofrida, secretario general de la Asociación de Profesionales de la CNEA, advirtió sobre la captación de especialistas por empresas privadas. En Diputados, Pablo Juliano pidió al presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Martín Yeza, que reciba a los trabajadores afectados, mientras Esteban Paulón y sectores de Unión por la Patria analizan herramientas legislativas para proteger el sistema nuclear.
Las críticas también alcanzan a la conducción del área. Bajo la presidencia de Martín Porro, la CNEA sumó funcionarios sin trayectoria nuclear, mientras distintos informes advierten sobre la salida de más de 300 agentes y la posible desvinculación de otros 104 investigadores. En NASA, las designaciones de Ezequiel Acuña y la continuidad de Diego Chaher alimentaron cuestionamientos; la Secretaría de Asuntos Nucleares quedó a cargo de Federico Ramos Nápoli.
Berni cerró su defensa con una definición política: “Defender la participación de la Provincia significa hacer cumplir la ley, fortalecer el federalismo y proteger un patrimonio fundamental para el presente y el futuro de la Argentina”.

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