“El aumento no alcanza”: la pelea docente que pone en riesgo el regreso a las aulas bonaerenses
Un gremio disidente desafía el acuerdo con Axel Kicillof y prepara una medida de fuerza que podría dejar a miles de alumnos sin clases. La interna sindical, la respuesta oficial y la pulseada que sigue abierta.
Mariana Portilla
La disputa salarial docente en la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo y expuso las tensiones dentro del sindicalismo educativo. Mientras el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) aceptó la propuesta salarial del gobierno de Axel Kicillof, un sector disidente anunció un paro de 48 horas que amenaza con complicar el reinicio de clases tras las vacaciones de invierno.
La Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires (AMPBA) confirmó una nueva medida de fuerza para los días lunes 3 y martes 4 de agosto, justamente cuando está previsto el regreso de los alumnos a las escuelas bonaerenses luego del receso invernal.
Desde la organización sindical justificaron la decisión bajo el argumento de que “el aumento no llegó y no alcanza” y reclamaron una recomposición salarial que permita “salir de la indigencia y la pobreza docente”. Además, convocaron a una asamblea provincial para definir nuevos pasos dentro del plan de lucha.
La protesta vuelve a poner en escena una fractura dentro del mapa gremial docente: por un lado, los sindicatos mayoritarios acordaron con la Provincia una actualización salarial; por otro, sectores opositores sostienen que la propuesta es insuficiente y buscan profundizar el conflicto.
La paritaria bonaerense que no logró cerrar el conflicto
El acuerdo alcanzado entre el gobierno provincial y el Frente de Unidad Docente Bonaerense —integrado por SUTEBA, FEB, AMET, SADOP y UDOCBA— contempló una suba salarial del 7% sobre los haberes de junio, distribuida en dos tramos: un 5% en julio y un 2% en agosto.
La negociación también incorporó una revisión prevista para septiembre y una serie de compromisos vinculados a las condiciones laborales, entre ellos medidas para abordar situaciones de violencia contra trabajadores de la educación.
Según los valores difundidos tras el entendimiento, una maestra de grado con diez años de antigüedad alcanzaría un salario de referencia de $990.793 en julio y $1.018.575 en agosto. Para una docente de jornada completa, los montos serían de $1.982.586 y $2.037.149 respectivamente.
Desde la administración bonaerense defendieron el acuerdo como un esfuerzo para sostener el poder adquisitivo de los trabajadores en un contexto económico complejo.
El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, destacó la necesidad de preservar salarios y servicios públicos frente a las restricciones presupuestarias, mientras que el ministro de Trabajo, Walter Correa, sostuvo que la propuesta combinó una mejora económica con avances laborales. Sin embargo, el entendimiento no alcanzó para desactivar todos los reclamos dentro del sector docente.
AMPBA endurece la protesta y apunta contra el esquema salarial
La Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires, encabezada por Claudio Vigne, decidió continuar con su plan de lucha y convocó al paro de 48 horas para el inicio del segundo semestre escolar.
El sindicato sostiene que el incremento acordado por la Provincia no permite recuperar la pérdida salarial acumulada y reclama un salario mínimo docente de $2.800.000.
En sus redes sociales, AMPBA cuestionó el acuerdo paritario y afirmó que la medida responde a la necesidad de “vivir con dignidad” y terminar con lo que definieron como “docentes pobres e indigentes”.
Además, la organización anunció nuevas acciones para las próximas semanas y llamó a participar de una asamblea provincial para definir la continuidad del conflicto.
La Dirección General de Cultura y Educación, que conduce Flavia Terigi, considera que las medidas convocadas por sectores disidentes no cuentan con respaldo legal y mantiene la aplicación de descuentos para quienes adhieran a las jornadas de paro.
Hasta ahora, la estrategia oficial apunta a garantizar el normal funcionamiento del ciclo lectivo y evitar que la disputa gremial impacte en el regreso a las aulas.
SUTEBA enfrenta su primera prueba tras la salida de Baradel
El conflicto también funciona como una primera evaluación política para María Laura Torre, la nueva secretaria general de SUTEBA tras años de conducción de Roberto Baradel.
La lista Celeste-Violeta que encabezó Torre se impuso en las elecciones internas de mayo con el 76% de los votos, frente al 19% obtenido por la Lista Multicolor y el 4% de la Azul y Blanca.
Aunque consiguió una amplia victoria, la oposición mantuvo presencia en distritos clave como Tigre, Marcos Paz y Bahía Blanca, y mostró fortaleza en La Matanza, territorio donde la nueva titular del gremio construyó parte de su trayectoria.
Torre había anticipado que buscaría imprimirle un perfil propio a la conducción y que la organización debía sostener la defensa de la educación pública, pero con una estrategia basada también en el diálogo.
Incluso había planteado que SUTEBA no debía convertirse en “un club social y deportivo de hacer paros”. Dos meses después de asumir formalmente, su conducción quedó atravesada por una protesta que, aunque no fue convocada contra el acuerdo provincial, sí pone en discusión la relación entre los gremios docentes, la Provincia y el Gobierno nacional.
Un conflicto que mira más allá de las aulas bonaerenses
Mientras AMPBA centra su reclamo en la situación salarial provincial, la conducción de SUTEBA busca encuadrar su próximo plan de lucha en una disputa de alcance nacional.
El gremio anunció que impulsará acciones junto con la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), organización conducida por Sonia Alesso y Roberto Baradel, con una agenda que incluye reclamos por mayor financiamiento educativo y rechazo a iniciativas del Gobierno de Javier Milei.
Entre los puntos cuestionados aparecen el proyecto de Ley de Libertad Educativa y las reformas previsional y laboral que impulsa la administración nacional.
De esta manera, el escenario docente queda atravesado por dos conflictos paralelos: uno vinculado a la discusión salarial dentro de la provincia de Buenos Aires y otro asociado a la disputa política nacional por el rumbo de la educación pública.
El regreso a clases después del receso invernal será la primera prueba para medir si las diferencias internas del sindicalismo logran contenerse o si abren un nuevo frente de tensión en las escuelas bonaerenses.
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