Senado: la oposición redobla la presión por los celulares en las cárceles
La desarticulación de una organización dedicada a extorsiones telefónicas que operaba desde una unidad penitenciaria de La Matanza volvió a colocar en el centro de la agenda una discusión que atraviesa a la Legislatura bonaerense, a la Justicia y al Gobierno provincial: qué hacer con el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles.
El detonante fue un operativo realizado por el Departamento de Casos Especiales de la Policía Bonaerense, que incluyó 31 allanamientos simultáneos en distintos puntos del Conurbano y en las unidades penitenciarias N°43 y N°58 de González Catán. La investigación derivó en 32 detenciones, entre ellas las de un efectivo policial y dos agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), además del secuestro de teléfonos móviles y tarjetas SIM.
A partir de ese episodio, el presidente del bloque La Libertad Avanza en el Senado bonaerense, Carlos Curestis, presentó una iniciativa para reclamar mayores controles y volver a poner bajo discusión la continuidad del esquema que permite la tenencia de dispositivos de comunicación en establecimientos penitenciarios.
Según planteó el legislador, los hechos investigados exponen una problemática recurrente vinculada al uso de celulares para coordinar extorsiones, amenazas, fraudes y otras actividades delictivas desde el interior de los penales.
La causa se inició tras la denuncia de un hombre que ingresó a un sitio web para adultos y posteriormente comenzó a recibir amenazas. De acuerdo con la investigación, integrantes de una organización criminal se hicieron pasar por proxenetas y le exigieron dinero bajo la amenaza de agredir a miembros de su familia.
La víctima terminó entregando 10.000 dólares y realizó transferencias por aproximadamente 3 millones de pesos. Las pesquisas posteriores determinaron que buena parte de las comunicaciones partían desde la Unidad Penitenciaria N°43 de González Catán. Allí, según la investigación judicial, los involucrados utilizaban teléfonos celulares para contactar potenciales víctimas, obtener información personal y canalizar los fondos mediante cuentas bancarias de terceros.
La Unidad Funcional de Instrucción N°5 de La Matanza, a cargo del fiscal Juan Marcelo Diomede, quedó al frente de una investigación que continúa abierta.
Para Curestis, el expediente deja en evidencia una "falla estructural" del sistema penitenciario, especialmente porque entre los detenidos aparecieron integrantes de fuerzas de seguridad y del propio SPB.
La polémica por los teléfonos móviles en cárceles bonaerenses no es nueva. Meses atrás, distintos sectores políticos comenzaron a coincidir en un diagnóstico poco habitual: la necesidad de revisar el esquema vigente desde la pandemia.
El debate ganó fuerza tras investigaciones judiciales resonantes, entre ellas la denominada "Banda del Millón" y la causa por la muerte del soldado Rodrigo Gómez, quien se quitó la vida luego de una extorsión que, según la investigación judicial, se habría originado desde la Unidad N°36 de Magdalena.
Aquellos antecedentes impulsaron una serie de proyectos legislativos provenientes de espacios políticos distintos, pero con un objetivo común: restringir o directamente prohibir el uso de celulares particulares dentro de las cárceles provinciales.
El punto de partida se remonta a marzo de 2020. En pleno aislamiento por la pandemia de Covid-19, una resolución judicial autorizó el ingreso y uso de teléfonos celulares para que las personas privadas de la libertad pudieran mantener contacto con familiares, acceder a información sobre sus causas y sostener actividades educativas.
La medida respondía a una situación extraordinaria. Sin embargo, el paso del tiempo transformó aquella excepción en una práctica que continuó vigente incluso después del final de las restricciones sanitarias.
Desde entonces, sectores de la oposición vienen cuestionando la falta de una revisión integral del sistema. Los críticos sostienen que la continuidad de los dispositivos abrió espacios para la comisión de delitos desde el interior de los penales. Otros sectores, en cambio, advierten sobre la necesidad de preservar canales de comunicación para garantizar derechos básicos de las personas detenidas.
Una ofensiva legislativa que atraviesa varios espacios políticos
La iniciativa impulsada ahora por Curestis se suma a otros proyectos que ya se encuentran en discusión. Uno de los más conocidos es la denominada "Ley Rodrigo", presentada por el diputado provincial Oscar Liberman. La propuesta busca derogar los protocolos vigentes, limitar las comunicaciones a sistemas controlados por el SPB y restringir los contactos autorizados.
En paralelo, el senador del PRO Pablo Petrecca promovió la creación de un Sistema de Comunicación Digital Supervisada para reemplazar los dispositivos particulares por mecanismos administrados por el Estado.
Petrecca impulsó el proyecto luego de denunciar que su propia imagen había sido utilizada por estafadores en maniobras dirigidas a comerciantes de Junín.
La discusión también alcanzó al peronismo. La senadora provincial Malena Galmarini presentó una iniciativa para prohibir celulares y dispositivos tecnológicos no autorizados en las cárceles bonaerenses, combinando esa restricción con sistemas supervisados para garantizar el contacto con familiares y abogados.
En todos los casos aparece un punto de coincidencia: la necesidad de fortalecer los controles, ampliar las requisas y mejorar los mecanismos de supervisión dentro del sistema penitenciario.
El rol de la Justicia y las advertencias sobre el sistema actual
Las preocupaciones legislativas encuentran respaldo en investigaciones judiciales recientes. Uno de los casos más relevantes es el de la denominada "Banda del Millón", donde fiscales y jueces detectaron que algunos líderes criminales continuaban coordinando delitos graves mediante teléfonos celulares desde lugares de detención.
El fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, advirtió en una presentación judicial que la repetición de ese patrón revela deficiencias en los mecanismos actuales de control.
Las investigaciones incluyeron robos violentos, homicidios y maniobras de extorsión que, según los expedientes, mantenían conexiones permanentes entre personas detenidas y ejecutores que actuaban fuera de los establecimientos penitenciarios.