“Call centers del delito”: el Frente Renovador se mete en la polémica por los celulares en cárceles
La Legislatura bonaerense suma iniciativas para cortar la logística delictiva desde las prisiones: desde la instalación de inhibidores de señal y requisas permanentes hasta la supervisión de las comunicaciones de los internos, oficialismo y oposición coinciden en medidas destinadas a frenar estafas, extorsiones y crímenes coordinados desde el interior de los penales.
Pamela Orellana
La polémica sobre el uso de teléfonos celulares en las cárceles bonaerenses volvió a encender la agenda legislativa y judicial tras el aumento de casos de estafas, extorsiones y coordinación de delitos desde el interior de los penales.
Lo que comenzó como una autorización excepcional durante la pandemia de Covid-19, con el ingreso de dispositivos móviles para permitir la comunicación de los internos, terminó convirtiéndose en un problema estructural: según datos del Ministerio de Seguridad bonaerense, las denuncias por estafas crecieron un 77,7% en el primer año de su implementación, y la Justicia provincial detectó patrones de coordinación delictiva intramuros que derivaron en tragedias como la muerte del soldado Rodrigo Gómez.
En ese contexto, por primera vez, oficialismo y oposición muestran coincidencias en la Legislatura bonaerense, presentando proyectos paralelos que buscan un mismo objetivo: impedir que el delito se organice desde las cárceles.
La ofensiva del oficialismo: Galmarini y la “celda sin celular”
El Frente Renovador, con la senadora provincial Malena Galmarini a la cabeza, presentó un proyecto de ley que apunta a prohibir la tenencia y el uso de teléfonos celulares en todas las unidades penitenciarias de la provincia.
La propuesta incluye la instalación obligatoria de inhibidores de señal, controles tecnológicos permanentes y requisas periódicas, al tiempo que mantiene sistemas de comunicación supervisados para contacto con familiares y abogados.
“El sistema penitenciario no puede seguir siendo una oficina desde donde se cometen delitos. Las cárceles no pueden funcionar como call centers del delito”, aseguró Galmarini. Según la legisladora, detrás de cada estafa o extorsión telefónica hay víctimas reales, sometidas a miedo, amenazas y pérdidas económicas, y el Estado debe actuar para protegerlas.
El proyecto prevé un plazo máximo de 180 días para la instalación de los inhibidores de señal y exige que cualquier comunicación de los internos se realice bajo supervisión, garantizando que la condena cumpla su propósito sin que se perpetúen delitos desde la celda.
La “Ley Rodrigo” y la presión de la oposición
El debate no es exclusivo del oficialismo. La oposición, con proyectos de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, busca avances similares bajo la lógica de restricción total de tecnología intramuros.
El diputado Oscar Liberman, impulsor de la “Ley Rodrigo”, nombrada en memoria del soldado Gómez, propone derogar los protocolos habilitados durante la pandemia y limitar las comunicaciones de los internos a dos horas diarias con hasta cinco personas autorizadas, supervisadas por el Servicio Penitenciario. “Quien está preso debe cumplir su condena, no seguir manejando redes criminales desde un teléfono”, sostuvo.
Por su parte, el senador del PRO, Alex Campbell, denunció que “los presos siguen delinquiendo desde adentro. Además de usar celulares para eso, hacen TikToks, vivos, asados, juegan a la play. Una vergüenza”, y presentó un proyecto propio que busca prohibir celulares e instalar inhibidores de señal en todos los pabellones penitenciarios, subrayando la necesidad de controles estrictos y supervisión del personal penitenciario.
La exdiputada radical Nazarena Mesías, por su parte, había presentado en 2023 un proyecto similar, orientado a modificar la Ley de Ejecución Penal para prohibir cualquier dispositivo móvil que permita comunicaciones no autorizadas.
Antecedentes judiciales y la “Banda del Millón”
La preocupación legislativa se apoya en casos concretos. La causa de la “Banda del Millón” evidenció cómo líderes de organizaciones delictivas continuaban coordinando homicidios, robos violentos y extorsiones desde cárceles y centros de detención juvenil mediante videollamadas y redes sociales.
En paralelo, la investigación por la muerte de Rodrigo Gómez expuso cómo una extorsión telefónica organizada desde la Unidad N°36 de Magdalena puede derivar en tragedias.
El fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, destacó que “la reiteración del patrón —mando intramuros y ejecución extramuros con el dispositivo celular como nexo operativo esencial— evidencia que el sistema de seguridad vigente resulta insuficiente”.
Históricamente, el ingreso de celulares se habilitó el 30 de marzo de 2020 mediante un habeas corpus colectivo presentado por internos de la Unidad N°9 de La Plata. La medida fue excepcional para el contexto del aislamiento por Covid-19, pero su vigencia práctica se extendió más allá de la emergencia, generando brechas de control que hoy buscan cerrarse mediante legislación.
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