¿Alquilar con menos gastos? La propuesta que busca cambiar las reglas en la Provincia

El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos bonaerense presentó al diputado provincial Rubén Eslaiman, de Fuerza Patria y referente del Frente Renovador, un proyecto elaborado por la entidad para crear un Régimen de Alquiler Social destinado a contratos de menor valor.

La propuesta establece como referencia inicial los alquileres que no superen el sueldo básico correspondiente a la Categoría 20 por 48 horas de trabajo de un empleado estatal bonaerense, parámetro que actualmente ubica el límite alrededor de los $388.000 mensuales. El texto contempla además que ese monto pueda modificarse según las características de cada región de la Provincia.

El esquema parte de una definición: no todos los contratos quedarían comprendidos. La propuesta considera “Alquiler Social” a aquella locación cuyo monto inicial no supere el parámetro salarial establecido y plantea incorporar un criterio de segmentación que permita adaptar la herramienta a diferentes grupos, niveles de ingresos y regiones bonaerenses.

Los autores sostienen que la regulación habitacional debe contemplar las diferencias territoriales de la Provincia y evitar mecanismos uniformes para situaciones económicas distintas.

Entre los principales beneficios previstos aparece uno que impacta directamente sobre el costo de entrada: el inquilino no pagaría los honorarios de martilleros, corredores públicos ni de otros profesionales que intervengan en la confección del contrato. Esos gastos quedarían a cargo del propietario, de acuerdo con las escalas arancelarias correspondientes.

El planteo coincide en ese punto con otra discusión que ya está abierta en la Legislatura bonaerense. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la senadora de Fuerza Patria Mónica Macha presentó una iniciativa para que sean los propietarios quienes afronten íntegramente las comisiones inmobiliarias en los contratos de vivienda. Ese expediente propone además un tope de entre el 2% y el 4% del valor contractual para los honorarios y prohíbe trasladar al inquilino determinados cargos administrativos.

Informes gratuitos y menos cargos para ingresar a una vivienda

El proyecto de los martilleros incorpora otros mecanismos para reducir el desembolso inicial. Los informes solicitados ante el Registro de la Propiedad Inmueble serían gratuitos para quienes ingresen al régimen y también se propone revisar el límite de valuación fiscal utilizado para determinar la exención del Impuesto de Sellos.

Para acceder a servicios públicos, el contrato podría acreditarse gratuitamente mediante firmas certificadas por un Juzgado de Paz o mediante la firma y sello de un profesional matriculado junto con la certificación del Colegio correspondiente.

Las empresas prestadoras, a su vez, no podrían cobrar cargos de conexión, reconexión, depósitos, cambios de titularidad u otros conceptos asociados a esas locaciones.

La propuesta incluye igualmente incentivos para quienes incorporen sus inmuebles al sistema. Las viviendas alcanzadas por el régimen podrían acceder a exenciones impositivas, mientras que el proyecto invita a los 135 municipios bonaerenses a adherir mediante reducciones o exenciones de tasas y derechos locales.

El mecanismo busca combinar beneficios para las dos partes: menores costos iniciales para quien alquila y estímulos fiscales para el propietario que acepte incorporar su vivienda bajo las condiciones del régimen.

Desde el Colegio señalaron que ni propietarios ni profesionales pueden reemplazar las responsabilidades públicas en materia habitacional, aunque sostuvieron que una participación conjunta podría facilitar el acceso de los hogares con menores ingresos.

“No son los locadores ni los profesionales quienes deben suplir los déficits en materia habitacional, que es rol indelegable del Estado”, plantea el documento, que luego propone una acción coordinada entre las distintas partes.

El proyecto incorpora datos para fundamentar el diagnóstico. Según las estadísticas incluidas por la entidad, la proporción de hogares que alquilan pasó del 13% en 2007 al 18,4%, mientras que durante las últimas dos décadas el incremento de la población inquilina habría oscilado entre 25% y 50%, dependiendo del territorio considerado.

Los datos citados provienen de la Encuesta Permanente de Hogares y de trabajos realizados mediante un convenio con la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA).

En grandes conglomerados como el Área Metropolitana de Buenos Aires, Gran Rosario y Gran Córdoba, el aumento habría superado el 50%. El documento agrega otro dato sobre el esfuerzo económico de los hogares: sostiene que el alquiler absorbe alrededor del 36% de un salario promedio y que, al incorporar los servicios, el peso supera el 50% de los ingresos.

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Una agenda que ya estaba abierta por las comisiones

La discusión sobre los gastos iniciales de los contratos cobró fuerza este mes. Como publicó GRUPOLAPROVINCIA.COM, organizaciones de inquilinos respaldaron la posibilidad de trasladar las comisiones al propietario, aunque reclamaron que el debate habitacional incorpore también cuestiones como endeudamiento, créditos, viviendas desocupadas y controles sobre el mercado.

La propuesta de alquiler social suma ahora otra herramienta a esa agenda y plantea intervenir específicamente sobre un segmento de contratos de menor valor.

La elección de Eslaiman como interlocutor tampoco aparece aislada de la actividad legislativa reciente. El diputado massista volvió a presentar en julio un proyecto para reformar la Ley 10.973, que regula a los martilleros y corredores públicos en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa ya había sido promovida anteriormente, pero perdió estado parlamentario sin convertirse en ley.

Ese expediente no está centrado específicamente en los alquileres. Propone modificar distintos aspectos del ejercicio profesional, entre ellos la doble matriculación, las incompatibilidades, el funcionamiento de los colegios departamentales, la publicidad comercial y el régimen de sanciones.

Uno de los cambios plantea impedir que un profesional mantenga matrículas simultáneas en diferentes colegios bonaerenses. También establece que la creación de nuevos colegios departamentales deberá contar con el pedido de al menos dos tercios de los matriculados activos del futuro organismo.

En materia disciplinaria, la iniciativa actualiza las multas y contempla sanciones para quienes faciliten su nombre o matrícula a personas no habilitadas.