Régimen penal juvenil: la Legislatura bonaerense abre una pulseada por su aplicación

La entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil trasladó la discusión al corazón de la Legislatura bonaerense. La Libertad Avanza reclamó precisiones al gobierno de Axel Kicillof sobre su implementación, mientras el PRO promueve cambios en la normativa provincial, Sergio Berni cuestiona el diseño aprobado por el Congreso y la izquierda pone el foco en los recursos disponibles para atender a los adolescentes alcanzados por el sistema.

La controversia excede así el enfrentamiento habitual entre oficialismo y oposición. La Ley nacional 27.801, que fijó en 14 años la edad mínima de punibilidad, abrió diferencias cruzadas alrededor de los criterios utilizados, la infraestructura necesaria, el financiamiento y las responsabilidades de cada nivel del Estado.

La Nación estableció el nuevo régimen penal de fondo, pero son las provincias las que deben disponer juzgados, fiscalías, defensorías, equipos interdisciplinarios, programas socioeducativos y establecimientos adecuados. Esa distribución de competencias convirtió a la Legislatura bonaerense en uno de los escenarios centrales de la disputa.

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El bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados bonaerense presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo detalle cómo aplicará la norma en el territorio provincial.

La iniciativa reclama información sobre las medidas administrativas, presupuestarias, edilicias y operativas previstas. También consulta cuántos centros especializados existen, dónde funcionan, cuál es su capacidad, qué nivel de ocupación registran y qué obras de construcción o refacción fueron realizadas durante los últimos seis años.

Los libertarios responsabilizan a la administración provincial por una presunta falta de planificación y sostienen que la Provincia no puede atribuirle al Gobierno nacional las dificultades de implementación.

Desde la gestión bonaerense rechazan ese planteo. La Subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil, encabezada por José Luis Zerillo, trabaja en un esquema de ampliación del sistema que incluye un nuevo establecimiento en Abasto, con seis módulos de alojamiento, enfermería y recuperación de edificios existentes.

El argumento provincial es que la modificación nacional amplió la cantidad de adolescentes que podrían quedar alcanzados por el sistema sin contemplar partidas específicas para que las jurisdicciones afronten las nuevas obligaciones. La Provincia concentra, además, alrededor del 63% de los menores de 18 años privados de su libertad en el país, pese a reunir cerca del 40% de la población nacional.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, también advirtió sobre la necesidad de contar con establecimientos especializados, equipos interdisciplinarios y más jueces, fiscales y defensores para instrumentar el régimen. La discusión, por lo tanto, no se limita a la vigencia formal de la ley, sino que alcanza las condiciones materiales para aplicarla.

Berni cuestionó la ley, pero también tomó distancia de la jueza Pascual

Las diferencias también atraviesan al peronismo. El senador provincial Sergio Berni, jefe de la bancada oficialista en la Cámara alta, respaldó la necesidad de revisar la edad de punibilidad, pero cuestionó la norma sancionada por considerar arbitrario el límite de 14 años y advertir que podría tener consecuencias no previstas.

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“Me parece una ley que se sacó con fines electoralistas y que, lejos de resolver una situación, la viene a agravar. Había que bajar la ley de imputabilidad, sí. Pero así como se bajó, está mal”, afirmó.

Berni planteó que la capacidad de comprensión y autodeterminación debería evaluarse en cada caso mediante peritajes especializados. También alertó que las organizaciones delictivas podrían buscar adolescentes menores de 14 años para evitar la persecución penal.

Sin embargo, el legislador tampoco respaldó la decisión de Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora, quien había dispuesto suspender durante 60 días la aplicación del régimen en la provincia. Berni consideró que la resolución tuvo un componente político y cuestionó que fuera adoptada una vez vencido el plazo previsto para preparar la puesta en funcionamiento.

La Cámara de Apelaciones revocó posteriormente la medida cautelar y ordenó que se revisara la competencia de la magistrada. La resolución no determinó que la Provincia cuente con infraestructura suficiente ni resolvió la discusión de fondo: objetó la suspensión general de una ley nacional mediante una decisión cautelar.

El fallo derivó además en pedidos de jury contra Pascual promovidos por el diputado provincial Manuel Passaglia, el senador Guillermo Montenegro y el abogado Alfredo Drocchi. Montenegro consiguió el respaldo del bloque del PRO en el Senado, mientras que Passaglia reclamó que el procedimiento avance pese a la revocación de la cautelar.

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La intervención del PRO no quedó limitada a la ofensiva contra la jueza. Montenegro presentó, junto con Pablo Petrecca, Juan Manuel Rico Zini y Alex Campbell, un proyecto para modificar la legislación provincial y adecuarla a la Ley nacional 27.801.

El expediente E-193/26-27 ingresó formalmente al Senado el 11 de mayo y propone incorporar cambios a la Ley 15.571, que regula en Buenos Aires la ejecución de condenas y medidas cautelares impuestas a adolescentes punibles.

La iniciativa fue girada a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Acuerdos; Niñez, Adolescencia y Familia; Derechos Humanos y Garantías; y Legislación General. Desde el 30 de junio permanece en estudio en la primera de esas comisiones y todavía no cuenta con despacho.

La Ley provincial 15.571 había sido impulsada por la diputada Lucía Iañez, aprobada por la Cámara baja en diciembre de 2024 y sancionada definitivamente por el Senado en noviembre de 2025. Su existencia muestra que Buenos Aires ya contaba con un marco para la ejecución de medidas penales juveniles antes de la reforma nacional, aunque ahora debe articularlo con la reducción de la edad de punibilidad.

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Desde otro sector opositor, la diputada del Frente de Izquierda Mónica Schlotthauer presentó el proyecto D-3034/26-27, un pedido de informes sobre presupuesto, infraestructura, personal y condiciones laborales en los programas destinados a jóvenes en conflicto con la ley penal.

La presentación incluye consultas sobre Envión, Autonomía Joven, Acompañamiento para el Egreso, las Unidades de Desarrollo Infantil, Entramados y los centros socioeducativos donde se cumplen medidas privativas de la libertad. La legisladora ya había rechazado la reducción de la edad de punibilidad durante el debate de la versión preliminar del proyecto nacional, que inicialmente proponía llevar el límite a 13 años.

Hasta el momento, la Legislatura no sancionó una nueva adecuación provincial derivada de la Ley 27.801. El proyecto del PRO continúa en comisión y los planteos de LLA y del Frente de Izquierda permanecen como pedidos de informes dirigidos al Ejecutivo.