Otro round, esta vez en las aulas: La Cámpora le reclama a Kicillof por una ley sancionada hace casi un año

La discusión interna del peronismo bonaerense encontró esta vez un escenario diferente: las escuelas primarias y la regulación del uso de celulares. El senador provincial Emmanuel González Santalla, dirigente de La Cámpora e integrante del bloque de Fuerza Patria, reclamó públicamente al gobernador Axel Kicillof y a la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, que avancen con la aplicación efectiva de la Ley 15.534.

El legislador difundió un video bajo una consigna dirigida directamente al mandatario: “Contamos con usted, señor gobernador”. Allí cuestionó que, a su entender, todavía no exista una implementación completa de una norma que regula el uso de dispositivos digitales durante toda la jornada escolar primaria.

“Estamos esperando que el señor gobernador Axel Kicillof y la ministra Terigi se hagan cargo de implementar esta ley”, sostuvo Santalla, quien calificó la cuestión como urgente y la vinculó con la salud física y emocional de los chicos y con los procesos de aprendizaje.

La norma, aprobada por unanimidad en septiembre, surgió de iniciativas impulsadas por González Santalla y la entonces senadora Lorena Mandagarán, y recibió respaldo de las distintas bancadas legislativas. Su alcance comprende a estudiantes del nivel primario de establecimientos de gestión pública y privada de toda la provincia de Buenos Aires.

El texto no establece que los chicos no puedan llevar un teléfono a la escuela. Lo que dispone es que durante la jornada educativa los dispositivos digitales no deben utilizarse salvo requerimiento o autorización explícita de un docente para una finalidad pedagógica.

La ley define además un objetivo más amplio: promover el uso seguro y responsable de las pantallas, informar sobre los riesgos asociados a la exposición durante la infancia y desarrollar campañas de concientización.

También establece que la autoridad de aplicación debe elaborar material informativo sobre sus posibles efectos sobre la salud física, mental y el desarrollo cognitivo de menores de hasta 12 años. Ese contenido debe difundirse en establecimientos educativos, centros sanitarios y otros espacios públicos.  El artículo 5 fijó otra obligación concreta: el Poder Ejecutivo debía reglamentar la norma dentro de los 180 días posteriores a su sanción.

Santalla volvió ahora sobre ese texto para reclamar una instrumentación efectiva. En su mensaje recordó experiencias recientes de México y Brasil y cuestionó que la Provincia todavía no haya avanzado, según su evaluación, con un esquema suficiente para garantizar el cumplimiento de la norma en todas las escuelas.

El senador leyó incluso el criterio central previsto por la ley y remarcó que el uso responsable implica que los dispositivos permanezcan fuera de uso durante la jornada salvo intervención del docente. “La ley es clara”, resumió antes de pedir una aplicación inmediata.

El reclamo no es nuevo. Ya en mayo Santalla había pedido una instrumentación uniforme y había señalado que algunas instituciones habían comenzado a establecer sus propias pautas. En marzo también había explicado que la elaboración de la normativa llevó alrededor de dos años e incluyó consultas a neurólogos, pediatras, psicólogos infantiles y docentes.

En aquella oportunidad destacó especialmente la recepción entre los docentes y sostuvo que la existencia de una regla provincial buscaba evitar que cada maestro tuviera que resolver de manera individual qué hacer con los teléfonos dentro del aula.

Qué había dicho Terigi sobre la aplicación

Al inicio del ciclo lectivo 2026, Terigi explicó públicamente los alcances de la nueva regulación. La funcionaria sostuvo que no se trataba de impedir que los estudiantes llevaran teléfonos a la escuela, ya que podían necesitarlos para comunicarse durante el trayecto, sino de mantenerlos inactivos durante la jornada salvo una indicación pedagógica concreta. 

“Esta ley fortalece prácticas que ya se desarrollan en las instituciones, orientadas desde la Dirección de Educación Primaria respecto del uso de celulares en situaciones puntuales y con una clara direccionalidad por parte de los docentes”, señaló.

También indicó que cada escuela continuará analizando el uso de estos dispositivos dentro de su propio marco institucional, estableciendo acuerdos con docentes y equipos directivos. Además, remarcó la importancia de concientizar a las familias sobre los riesgos asociados al uso de los teléfonos: “Cuando se trata de niños y niñas, la tenencia de celulares es algo que promueven las familias, que son entonces las responsables del uso que realicen sus hijos e hijas”.

En marzo también se informó que la regulación comenzaba a aplicarse en las escuelas primarias bonaerenses. Fuentes de la DGCyE señalaron entonces que la normativa se incorporaba a prácticas que algunos establecimientos ya desarrollaban y a las políticas de educación digital de la Provincia.  Por eso, las versiones difundidas ahora muestran dos posiciones sobre el grado de implementación. 

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Del debate educativo a otro cruce dentro del oficialismo

El planteo de Santalla se produce después de una sucesión de diferencias públicas entre dirigentes de La Cámpora y el gobierno de Kicillof.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, una de las más fuertes fue protagonizada por Mayra Mendoza, quien acusó al gobernador de ser “desleal y desagradecido” y cuestionó tanto su construcción política propia como el vínculo de la Provincia con municipios que no forman parte del Movimiento Derecho al Futuro. En aquel intercambio también aparecieron reclamos concretos por viviendas, escuelas e infraestructura. 

Otra controversia llegó a la Legislatura con Santiago Cúneo. Diputados vinculados al kirchnerismo acompañaron un proyecto de Christian Castillo, del Frente de Izquierda, para repudiar las expresiones del dirigente contra Myriam Bregman. Cúneo se había afiliado al PJ bonaerense, expresó su respaldo a una eventual candidatura presidencial de Kicillof y mantiene una confrontación pública con Máximo Kirchner. 

También hubo cuestionamientos desde el bloque oficialista por la decisión provincial de destinar US$3,35 millones a la recuperación de un avión de la flota estatal. En ese caso, el presidente del bloque de Fuerza Patria en Diputados, Facundo Tignanelli, puso públicamente en discusión la prioridad del gasto, mientras el Ejecutivo respondió que se trataba de reparar una aeronave provincial adquirida en 1994 y fuera de servicio desde hacía años.