Mariana Portilla
El Municipio de Morón, conducido por el intendente Lucas Ghi, atraviesa horas incómodas. El concejal del PRO, Claudio Faro, presentó un proyecto de resolución en el Concejo Deliberante para exigir al Departamento Ejecutivo explicaciones urgentes sobre la situación administrativa de Karen Yael Cufré, la trabajadora de la Secretaría de Seguridad, que ya fue despedida, se encuentra detenida y es investigada por la Justicia Federal por su presunto vínculo con la organización que habría extorsionado y llevado a la muerte al soldado Rodrigo Gómez en la Quinta de Olivos.
De acuerdo a los elementos incorporados al expediente, la ex agente municipal habría cumplido un rol logístico y de recaudación dentro de la organización. En ese entramado aparece también su vínculo personal con Mauricio Duarte Areco, uno de los principales acusados, actualmente detenido en la Unidad N°36 de Magdalena, señalado como uno de los líderes del grupo junto a otro interno identificado como Tomás Francavilla.
La presentación de la oposición surgió luego de que se filtrara un recibo de sueldo donde constaría la liquidación de 157 horas extraordinarias al 100%, correspondientes a diciembre de 2025 y abonadas en enero de 2026, un dato que generó fuertes cuestionamientos en la oposición. En el proyecto, se solicita detallar la categoría, régimen horario y modalidad de contratación de la agente; precisar la cantidad de horas extras liquidadas, los días en que habrían sido realizadas, el porcentaje aplicado y el acto administrativo que autorizó el pago.
Desde el PRO advierten que 157 horas extras en un solo mes implicarían más de seis horas adicionales por día y recuerdan que las horas al 100% solo se abonan por tareas en fines de semana y feriados, por lo que consideran indispensable verificar su efectiva prestación.
Uno de los puntos más sensibles es el pago de 157 horas extras al 100% a Cufré, correspondientes a diciembre de 2025 y liquidadas en enero de 2026. Algo que, sostienen desde la oposición, es llamativamente elevado si se tiene en cuenta que la agente había ingresado recientemente a la planta municipal, revista en una de las categorías más bajas del escalafón, las horas al 100% solo se abonan por tareas en sábados, domingos y feriados, y el monto percibido habría triplicado su salario básico.
Todo esto ocurrió, además, en un contexto de restricciones presupuestarias, con trabajadores municipales denunciando postergaciones salariales y falta de pago de horas extras, incluso durante las fiestas de fin de año, una situación que GRUPOLAPROVINCIA.COM viene informado desde hace tiempo.
El caso adquiere una dimensión aún más delicada porque la agente cumplía funciones en el área de Seguridad, específicamente en una Central de Monitoreo. Según surge del expediente judicial, existirían sospechas de que la mujer habría tenido un rol logístico en una presunta red de extorsión que operaba desde unidades penitenciarias y que terminó con el suicidio del joven soldado.
Las autoridades municipales confirmaron a través de un comunicado su cesantía luego de su detención, en el marco de la causa que se tramita en el Juzgado Federal N°1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado. “Fue incorporada en 2025 como personal temporario conforme los procedimientos habituales y sin antecedentes penales al momento de su ingreso, tal como se le solicitó”, destacaron en el escrito.
Más allá del expediente judicial, el interrogante central es político. En una gestión que se presenta como ordenada y transparente, el contraste entre el discurso y los hechos empieza a incomodar. La pregunta de fondo es cómo se administran los recursos públicos y qué controles existen sobre el funcionamiento interno del Estado municipal.
