Zona Fría: el rechazo a Milei une a oficialismo y oposición en la Provincia
La discusión por el futuro del régimen de Zona Fría volvió a exponer las diferencias entre el Gobierno nacional y gran parte del arco político bonaerense. Mientras la administración de Javier Milei avanza con una reforma que podría reducir significativamente los beneficios en las tarifas de gas para millones de usuarios, el Senado provincial aprobó un proyecto de rechazo a la medida con un amplio respaldo multipartidario.
La iniciativa impulsada por la senadora marplatense Fernanda Raverta reunió apoyos que excedieron al peronismo y dejaron en evidencia el aislamiento político de La Libertad Avanza en un tema con fuerte impacto territorial. El proyecto fue aprobado con 32 votos afirmativos, 10 negativos y cuatro ausencias.
Durante el debate, la senadora libertaria Analía Balaudo defendió la postura del Gobierno nacional y adelantó que no acompañaría ninguno de los proyectos vinculados a la continuidad del régimen.
La legisladora argumentó que la administración de Milei encontró un esquema con severos desequilibrios económicos. "El Estado nacional encontró un sistema deficitario, con 150 millones de dólares como pérdida", sostuvo.
La posición encontró una respuesta inmediata desde distintos bloques. Raverta encabezó la defensa del sistema y reivindicó la ampliación impulsada en 2021 a través de una iniciativa presentada por el diputado nacional Máximo Kirchner.
"Trajo alivio a millones de personas porque vivimos en una ciudad más fría que el resto y nos hacemos cargo de vivir los inviernos más crudos que el resto de las provincias. Por eso creemos que es justo tener una tarifa diferencial", afirmó la legisladora marplatense.
A su postura se sumaron la senadora de Junín, Valeria Arata, y el senador de Bahía Blanca, Marcelo Feliú, quienes advirtieron sobre el impacto económico que tendría la eliminación del beneficio para miles de familias del interior bonaerense.
Un reclamo que ya excede a la Legislatura
La defensa de Zona Fría se transformó en las últimas semanas en una causa que atraviesa fronteras partidarias. Intendentes peronistas, radicales y vecinalistas comenzaron a coordinar acciones para intentar frenar la reforma que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación.
Uno de los casos más resonantes es el de Bahía Blanca. El intendente Federico Susbielles decidió avanzar un paso más allá de los cuestionamientos políticos y envió un proyecto al Concejo Deliberante para obtener respaldo institucional que le permita iniciar acciones judiciales si finalmente prospera la modificación impulsada por el oficialismo nacional.
Desde el municipio sostienen que el régimen no constituye un subsidio discrecional sino una compensación vinculada a las condiciones climáticas que obligan a un mayor consumo energético durante gran parte del año.
"Estoy dispuesto a defender judicialmente a la ciudad para ponerle un freno al Gobierno nacional en este despojo que quiere hacer con la ciudad de Bahía Blanca", aseguró el jefe comunal al anticipar su estrategia.
La iniciativa propone que el Concejo exprese formalmente su rechazo a la eliminación del beneficio y acompañe una eventual presentación ante la Justicia.
Los intendentes elevan la presión
La preocupación también se extiende por el sudoeste bonaerense. El intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, recordó que la ampliación del régimen respondió precisamente a los reclamos de municipios que enfrentan condiciones climáticas similares a las de varias provincias patagónicas.
En la misma línea se expresó el intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, quien rechazó que Zona Fría sea considerada un subsidio.
"No estamos hablando de subsidio, estamos hablando de un derecho que tienen quienes viven y quienes producen en Tres Arroyos y en la región", afirmó en diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM.
Para los jefes comunales, la eventual eliminación del beneficio impactaría no sólo en los hogares sino también en comercios, instituciones y sectores productivos que dependen de costos energéticos más accesibles para sostener su actividad.
La postura también fue respaldada por el Foro de Intendentes Radicales bonaerense, que reclamó a los senadores nacionales rechazar cualquier iniciativa que reduzca o elimine el régimen vigente.
La estrategia territorial para visibilizar el impacto
Mientras la discusión avanza en el Congreso, distintos municipios comenzaron campañas de concientización y recolección de firmas para trasladar el reclamo al Senado de la Nación.
Las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) impulsan acciones en más de cien distritos con el objetivo de advertir sobre el impacto que tendría la reforma en las boletas de gas.
En paralelo, la senadora Valeria Arata presentó una herramienta digital destinada a calcular cuánto aumentarían las facturas en Junín si prospera la modificación del sistema.
Según los datos difundidos por la legisladora, más de 24.500 hogares podrían verse afectados. Además, estimó que durante los meses de mayor consumo el costo adicional para la comunidad superaría los 620 millones de pesos mensuales. "Queremos que cada familia pueda ver con números concretos lo que significa perder este beneficio", explicó.