Licencias profesionales: la pelea por los costos suma proyectos y expone otro frente entre Nación y Provincia
El fuerte incremento en el costo para obtener o renovar las licencias profesionales de conducir abrió un nuevo frente de conflicto que ya trasciende el reclamo de camioneros, colectiveros, taxistas, remiseros y choferes de ambulancias. En las últimas semanas, la Legislatura bonaerense comenzó a recibir proyectos de distintos bloques políticos con propuestas para limitar los aranceles, ampliar el acceso a los trámites o eximir del pago a determinados trabajadores, mientras el Gobierno nacional y la administración de Axel Kicillof mantienen una disputa sobre quién debe responder por el nuevo esquema.
La controversia comenzó tras la entrada en vigencia del régimen dispuesto por el Decreto Nacional 196/2025, que eliminó la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) como credencial independiente y trasladó las evaluaciones psicofísicas, capacitaciones y exámenes a prestadores privados habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Sin una tarifa nacional de referencia, los valores comenzaron a variar según el prestador y la región.
El dato que disparó las críticas fue el salto en los costos. Un trámite que hasta hace pocas semanas rondaba entre los $20.000 y $22.000 hoy puede superar los $250.000 e incluso acercarse a los $300.000, según denunciaron trabajadores y entidades del sector. Para quienes dependen de esa licencia para conservar su empleo, el nuevo escenario representa una carga económica difícil de afrontar.
La Legislatura suma proyectos para modificar el sistema
En ese contexto, el diputado bonaerense Manuel Passaglia, del bloque Espacio Abierto – Hechos, presentó un proyecto de ley para establecer un tope de $25.000 a los aranceles que cobran los prestadores privados por las evaluaciones psicofísicas y las capacitaciones exigidas para las licencias profesionales.
La iniciativa también propone que todos los exámenes puedan realizarse durante una misma jornada para evitar traslados reiterados, pérdidas de días de trabajo y mayores gastos para los solicitantes. Además, prohíbe el cobro de conceptos adicionales, como gastos administrativos, sellados o cargos por turnos que no estén expresamente autorizados.
En los fundamentos del proyecto, Passaglia sostuvo que la ausencia de parámetros objetivos para fijar los valores genera diferencias significativas entre prestadores y termina convirtiendo el acceso a la licencia profesional en una barrera económica para quienes la necesitan como herramienta de trabajo.
El texto también establece que el tope propuesto se actualice cada seis meses de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC.
La discusión también llegó de la mano del bloque UCR + Cambio Federal. Su presidente en Diputados, Diego Garciarena, presentó un pedido de informes para que el Gobierno bonaerense detalle cómo se compone actualmente el costo de las licencias profesionales.
El legislador solicitó conocer qué parte del valor corresponde a tasas nacionales, provinciales y municipales, cuánto representan los aranceles cobrados por los prestadores privados y cuáles fueron los criterios que derivaron en incrementos que, según distintos sectores, alcanzan el 1.200%.
Garciarena también pidió que el Ejecutivo informe si analiza implementar subsidios, bonificaciones o mecanismos de compensación para los trabajadores que dependen de la licencia profesional para desarrollar su actividad.
"La seguridad vial no está en discusión, pero los costos actuales merecen respuestas", planteó el diputado al presentar la iniciativa.
El PRO busca acercar los trámites
Desde otra vereda política, el presidente del bloque PRO en el Senado bonaerense, Pablo Petrecca, propuso modificar el esquema para facilitar el acceso a las evaluaciones. Su proyecto habilita a hospitales públicos provinciales y municipales para realizar los exámenes psicofísicos y autoriza a los municipios a dictar las capacitaciones obligatorias, con el objetivo de reducir los traslados y los costos que hoy enfrentan quienes viven lejos de los prestadores habilitados.
La iniciativa también propone adecuar la vigencia de las licencias bonaerenses a los plazos establecidos por la normativa nacional.
Según Petrecca, cuando una medida destinada a simplificar los trámites termina complicando la actividad de quienes trabajan al volante, corresponde revisar su implementación.
El bloque de diputados provinciales de La Libertad Avanza eligió otra estrategia. Su proyecto propone que la obtención, renovación, ampliación o recategorización de las licencias profesionales sea completamente gratuita para efectivos de la Policía bonaerense, bomberos voluntarios, personal de Defensa Civil y trabajadores de los sistemas públicos de emergencias, como el SAME.
La iniciativa contempla la exención de tasas, certificaciones, estudios médicos, cursos y evaluaciones, manteniendo intactos los requisitos de capacitación e idoneidad establecidos por la normativa vigente.
En los fundamentos, los legisladores sostienen que trasladar esos costos a quienes cumplen funciones esenciales implica imponer una carga económica que debería asumir el Estado.
La preocupación llegó a los bomberos voluntarios
El aumento de los costos también generó preocupación en la Federación Bonaerense de Asociaciones de Bomberos Voluntarios.
Las entidades advirtieron que cada cuartel necesita contar con varios conductores habilitados para garantizar la cobertura permanente de las guardias y que, en muchos casos, los recursos para afrontar esos trámites provienen de subsidios, cuotas societarias, rifas o actividades de recaudación.
Durante una reunión realizada el 25 de julio en la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rivadavia, encabezada por el presidente de la Federación, Daniel J. Vicente, se analizó el impacto del nuevo régimen y la posibilidad de que disminuya la cantidad de choferes habilitados, con las consecuencias operativas que ello podría generar.
Tras ese encuentro, la entidad informó que la Agencia Nacional de Seguridad Vial anticipó la firma de un convenio con la provincia de Buenos Aires para que el Sistema Provincial de Bomberos Voluntarios continúe funcionando bajo el esquema anterior, aunque todavía no se conocen los alcances concretos de esa excepción.
La respuesta del Gobierno bonaerense
Desde el Ministerio de Transporte bonaerense, encabezado por Martín Marinucci, rechazaron las críticas dirigidas a la Provincia y remarcaron que las modificaciones responden exclusivamente a la normativa impulsada por el Gobierno nacional.
La cartera explicó que Buenos Aires integra desde 2010 el Sistema Nacional de Licencias de Conducir y que simplemente aplica las disposiciones establecidas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Según el ministerio, el nuevo régimen dejó la fijación de los aranceles en manos de los prestadores privados habilitados, sin establecer una tarifa de referencia, por lo que la Provincia no interviene en la determinación de esos valores ni percibe esos ingresos.
Ante las dificultades que enfrentaron numerosos conductores para completar el trámite por la escasa cantidad de centros habilitados, el Gobierno bonaerense resolvió además prorrogar por 60 días los vencimientos de las licencias profesionales alcanzadas por el nuevo sistema.