Quién paga el costo: la pelea política entre Nación y Provincia detrás de las licencias profesionales
El aumento de hasta el 1.200% en el costo para renovar las licencias de camioneros, colectiveros, choferes de ambulancias y transportistas desató un fuerte cruce político. Mientras la oposición exige explicaciones, la gestión de Axel Kicillof responsabiliza al Gobierno nacional por los cambios.
Mariana Portilla
El fuerte incremento en el costo para obtener o renovar las licencias profesionales de conducir abrió un nuevo capítulo en la disputa entre el gobierno de Javier Milei y la administración bonaerense de Axel Kicillof. Lo que comenzó como un reclamo de transportistas, choferes y trabajadores del sector derivó en un enfrentamiento político, un pedido de informes en la Legislatura bonaerense y una defensa pública del Ministerio de Transporte provincial, que rechazó cualquier responsabilidad sobre el nuevo esquema.
En el centro de la controversia aparece un dato que encendió las alarmas: el trámite que hasta principios de julio demandaba alrededor de $20.000 o $22.000 ahora puede alcanzar entre $250.000 y casi $300.000, según el prestador y la región donde se realice.
La oposición provincial sostiene que el incremento debe ser explicado por el Ejecutivo bonaerense. Desde la Provincia responden que el cambio fue consecuencia directa de una reforma impulsada por el Gobierno nacional y que Buenos Aires únicamente aplica las normas definidas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
El oficialismo ajusta la ley de propiedad privada y busca llegar al recinto con los votos aseguradosUn pedido de informes que apunta al Gobierno bonaerense
El presidente del bloque UCR + Cambio Federal en la Cámara de Diputados bonaerense, Diego Garciarena, formalizó un pedido de informes para que el Ejecutivo provincial detalle cómo se conforman actualmente los costos que deben afrontar quienes necesitan una licencia profesional para trabajar.
A través de sus redes sociales, el legislador marplatense resumió el planteo que luego trasladó a la Legislatura. "Para miles de camioneros, colectiveros, choferes de ambulancias y transportistas, la licencia de conducir profesional no es un trámite: es una herramienta de trabajo. Hoy, renovarla puede costar hasta $250.000".
Garciarena sostuvo que la seguridad vial "no está en discusión", pero advirtió que los costos actuales "merecen respuestas". En ese sentido, reclamó conocer quién fija los aranceles, cómo se integra el valor final del trámite y qué controles existen sobre los prestadores habilitados.
Para miles de camioneros, colectiveros, choferes de ambulancias y transportistas, la licencia de conducir profesional no es un trámite: es una herramienta de trabajo. Hoy, renovarla puede costar hasta $250.000.
— Diego R Garciarena (@dgarciarena) July 23, 2026
Por eso presentamos un pedido de informes para que el Gobierno de…
El proyecto presentado por el titular del bloque radical solicita que el Gobierno provincial informe cuál es el costo total para obtener, renovar, ampliar o recategorizar las licencias profesionales y detalle qué porcentaje corresponde a tasas nacionales, provinciales o municipales, además de precisar cuánto representan los aranceles que cobran los prestadores privados.
Asimismo, el legislador pide que el Ejecutivo explique cuáles fueron las razones que justificaron un incremento cercano al 1.200% y si antes de implementar el nuevo sistema se realizó algún estudio sobre el impacto económico que tendría sobre los trabajadores alcanzados.
Otro de los ejes del pedido apunta a determinar si la Provincia analiza algún mecanismo de compensación, subsidios, bonificaciones, planes de pago o tarifas diferenciadas para quienes dependen de esa licencia como condición indispensable para conservar su empleo.
Para Garciarena, una modificación de semejante magnitud debió estar acompañada por un análisis previo que permitiera medir sus consecuencias económicas y evitar que los nuevos requisitos terminaran convirtiéndose en una barrera para acceder o mantenerse en el mercado laboral.
En paralelo, el bloque de La Libertad Avanza presentó una iniciativa para que determinados trabajadores esenciales no deban afrontar el costo de estas licencias.
El proyecto propone que la obtención, renovación, ampliación o recategorización sea gratuita para efectivos de la Policía bonaerense, bomberos voluntarios, personal de Defensa Civil y trabajadores de los sistemas públicos de emergencias, como el SAME.
En los fundamentos, los legisladores libertarios sostienen que esos trabajadores utilizan la licencia profesional como requisito indispensable para cumplir funciones que el propio Estado les asigna y consideran que, especialmente en el caso de los bomberos voluntarios, corresponde que el costo sea absorbido por el Estado en reconocimiento a la función pública que desempeñan.
La respuesta del Ministerio de Transporte
La reacción del Gobierno bonaerense no tardó en llegar. El Ministerio de Transporte, encabezado por Martín Marinucci, difundió un comunicado en el que rechazó las críticas y sostuvo que las modificaciones cuestionadas no fueron adoptadas por la gestión de Axel Kicillof.
La cartera recordó que la provincia de Buenos Aires integra desde 2010 el Sistema Nacional de Licencias de Conducir y que, en ese marco, únicamente ejerce las funciones delegadas por el Estado nacional para emitir las Licencias Nacionales de Conducir profesionales de carácter interjurisdiccional.
Según explicó el ministerio, el nuevo régimen deriva del Decreto 196/2025 del Gobierno nacional y de la reglamentación posterior dictada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
ℹ️ ACLARACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS LICENCIAS PROFESIONALES INTERJURISDICCIONALES pic.twitter.com/HI8cYqwX1l
— Ministerio de Transporte (@TransportePBA) July 23, 2026
La reforma nacional eliminó la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) como credencial independiente y trasladó esa habilitación a las licencias profesionales de las clases C, D y E.
A partir de ese cambio, las evaluaciones psicofísicas, las capacitaciones obligatorias y los exámenes teórico-prácticos deben realizarse exclusivamente en prestadores privados registrados y habilitados por la ANSV.
Desde el Ministerio de Transporte bonaerense remarcan que ese nuevo esquema no establece una tarifa nacional de referencia, por lo que cada prestador fija libremente los valores que cobra por sus servicios.
Según esa interpretación, la Provincia no interviene en la determinación de esos aranceles ni percibe esos ingresos, ya que tampoco participan económicamente los Centros de Emisión de Licencias municipales.
Por esa razón, la cartera provincial consideró "incorrecto" atribuirle al Gobierno bonaerense decisiones relacionadas con los costos del nuevo régimen.
Mientras continúa la implementación del nuevo sistema, el Ministerio de Transporte bonaerense adoptó una medida para evitar que los trabajadores quedaran imposibilitados de seguir desempeñando sus tareas.
La cartera de Marinucci otorgó una prórroga excepcional de 60 días para los vencimientos de las licencias profesionales alcanzadas por el nuevo régimen.
La decisión respondió, según explicaron oficialmente, a la escasa cantidad de prestadores habilitados en distintas regiones bonaerenses, situación que dificultaba completar el trámite dentro de los plazos previstos.
Al mismo tiempo, el ministerio expresó su preocupación porque el nuevo esquema deja a los conductores sujetos a "un mercado de prestadores privados sin una tarifa de referencia establecida por el Estado Nacional", lo que puede derivar en diferencias significativas de precios entre distintas zonas del país.
El impacto sobre quienes viven del volante
La discusión política tiene un correlato inmediato sobre miles de trabajadores del transporte. Camioneros, colectiveros, choferes de ambulancias, transportistas, taxistas y remiseros son algunos de los sectores que necesitan renovar periódicamente sus licencias para continuar desarrollando su actividad.
En Mar del Plata, por ejemplo, la Federación Nacional de Conductores de Taxi cuestionó con dureza el nuevo régimen al considerar que encarece el acceso a una herramienta indispensable para trabajar.
La entidad sostuvo además que el nuevo sistema incorpora limitaciones jurisdiccionales que podrían afectar el ingreso de los taxistas a sectores específicos como el Aeropuerto Astor Piazzolla, el Puerto y otras áreas con jurisdicciones particulares.
Desde la Federación calificaron la medida como "netamente recaudatoria" y aseguraron que perjudica directamente a taxistas, remiseros y otros trabajadores que utilizan licencias profesionales para desarrollar su actividad cotidiana.
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