El campo y la industria frigorífica se unieron contra una iniciativa de Sturzenegger
Entidades agropecuarias y cámaras de la industria cárnica cuestionaron una iniciativa del Ministerio de Desregulación que busca eliminar la obligatoriedad de los aportes privados destinados al organismo encargado de promocionar la carne vacuna argentina.
Juan Manuel Villarreal
Las principales entidades rurales y cámaras de la industria frigorífica rechazaron un anteproyecto impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, que propone modificar el sistema de financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).
La iniciativa plantea que los aportes efectuados por productores y frigoríficos dejen de ser obligatorios. La modificación alcanzaría a la Ley 25.507, sancionada en 2001 para crear el organismo encargado de promover el consumo interno, fortalecer la presencia internacional de la carne argentina y acompañar la apertura de mercados.
El anteproyecto todavía no ingresó al Congreso. Según el borrador conocido, las contribuciones obligatorias dejarían de regir desde el 1° de octubre de 2027.
A partir de esa misma fecha, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca ya no podrían aplicar, cobrar, retener ni recaudar los aportes destinados al instituto. También se eliminarían los convenios y procedimientos administrativos vinculados con el actual mecanismo.
El rechazo conjunto de la cadena de la carne
Las organizaciones que integran el Consejo de Representantes del IPCVA difundieron un comunicado conjunto para respaldar al instituto y defender su función dentro de la cadena bovina.
El pronunciamiento fue firmado por la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Coninagro, la Federación Agraria Argentina, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica, la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes, la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales y la Unión de la Industria Cárnica Argentina.
Las entidades remarcaron que el IPCVA se financia exclusivamente mediante contribuciones privadas realizadas por los distintos sectores de la cadena y que no recibe recursos del Tesoro Nacional.
El sistema vigente establece que los productores deben aportar una suma equivalente al 0,07% del valor índice de la res vacuna en plaza de faena. El sector frigorífico, por su parte, realiza una contribución equivalente al 0,03% del mismo valor.
Advierten por el impacto de los aportes voluntarios
El proyecto del Ministerio de Desregulación reemplazaría el esquema obligatorio por un sistema de contribuciones voluntarias. Las entidades advirtieron que ese cambio podría provocar una reducción significativa de los recursos disponibles para el funcionamiento del organismo.
El sector teme que una caída del financiamiento afecte las campañas de promoción de la carne vacuna en el mercado interno y en el exterior. También podría limitar las acciones para abrir nuevos destinos comerciales y consolidar las exportaciones argentinas.
El IPCVA desarrolla investigaciones de mercado, participa en ferias internacionales y promociona la producción nacional en países considerados estratégicos para la industria frigorífica.
Además, el organismo realiza estudios sobre hábitos de consumo y trabaja en el posicionamiento de la carne argentina en un escenario internacional marcado por una fuerte competencia entre países productores.
Una iniciativa que todavía debe llegar al Congreso
El texto cuestionado forma parte de la política oficial destinada a revisar organismos e instituciones financiados mediante aportes obligatorios del sector privado.
Sin embargo, en este caso, las entidades agropecuarias y frigoríficas plantearon que el IPCVA no representa un gasto para el Estado y que su financiamiento surge de la propia actividad productiva.
La propuesta todavía debe ser presentada formalmente en el Congreso para comenzar su tratamiento legislativo. Hasta entonces, continuará vigente el esquema actual de contribuciones obligatorias.
El rechazo conjunto mostró una posición coincidente entre productores y frigoríficos, dos sectores que alertan que la modificación podría debilitar una herramienta considerada estratégica para la promoción comercial, la apertura de mercados y el crecimiento de las exportaciones de carne vacuna argentina.
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