El oficialismo ajusta la ley de propiedad privada y busca llegar al recinto con los votos asegurados
Juan Manuel Villarreal
Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger revisaron el texto que el Gobierno quiere llevar al Senado el 6 de agosto. La iniciativa mantiene cambios sobre expropiaciones, desalojos y compra de tierras por extranjeros, aunque todavía persisten dudas sobre el respaldo de bloques dialoguistas.
El Gobierno nacional busca ordenar la negociación en el Senado por el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por Federico Sturzenegger que quedó bajo revisión luego de las dificultades del oficialismo para reunir los votos necesarios en el recinto.
En ese marco, la titular del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, recibió al ministro de Desregulación y Transformación del Estado para trabajar sobre el texto final que el oficialismo pretende llevar nuevamente a sesión el 6 de agosto.
La reunión se produjo después de que el debate quedara en cuarto intermedio por falta de consensos. Según trascendió, los cambios incorporados al dictamen serían acotados y no modificarían el núcleo del proyecto, aunque apuntan a sumar respaldo de gobernadores y senadores dialoguistas.
“Creemos que va a salir”, afirmó Bullrich al retirarse del encuentro, en una señal de optimismo frente a una negociación que todavía no aparece cerrada.
Qué puntos busca sostener el Gobierno
El proyecto mantiene como eje una reforma sobre distintos aspectos vinculados con la propiedad privada. Entre los puntos en discusión aparecen modificaciones en materia de expropiaciones, desalojos, manejo del fuego y compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
Uno de los capítulos más sensibles es el referido a la adquisición de tierras. Bullrich sostuvo que el texto mantiene la prohibición para que Estados extranjeros compren tierras argentinas, al considerar que allí se resguarda la soberanía nacional.
Al mismo tiempo, defendió la posibilidad de que ciudadanos extranjeros puedan adquirir propiedades en el país. La senadora argumentó que la Constitución reconoce derechos a las personas extranjeras que viven en la Argentina y diferenció ese punto de la compra por parte de Estados o empresas estatales extranjeras.
“Un extranjero que vive en Argentina tiene los mismos derechos y las mismas responsabilidades que un nacional”, señaló Bullrich, al defender el criterio general del proyecto.
La negociación con los bloques dialoguistas
El oficialismo intenta llegar a agosto con un texto cerrado para evitar un nuevo traspié parlamentario. La semana pasada, la falta de acuerdo obligó a postergar la votación y expuso las dificultades de La Libertad Avanza para ordenar apoyos incluso entre sectores aliados.

En la reunión también participaron equipos técnicos del Ministerio de Desregulación, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y representantes vinculados a bloques federales, que acercaron observaciones planteadas por gobernadores.
Bullrich aseguró que los cambios responden a una “mirada federal” y que se tuvieron en cuenta aportes de provincias y senadores cercanos a la posición del oficialismo.
Sin embargo, el respaldo no está garantizado. En el Senado persisten dudas sobre el comportamiento de algunos legisladores, especialmente frente al capítulo de tierras para extranjeros, uno de los puntos que genera mayores resistencias.
Un proyecto clave para la agenda legislativa libertaria
La ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada forma parte del paquete de prioridades que el Gobierno busca reactivar en el segundo semestre, junto con otras iniciativas económicas, institucionales y electorales.
Para la Casa Rosada, aprobar el proyecto sería una señal política en medio de una agenda legislativa cargada y con márgenes ajustados. Para la oposición dialoguista, en cambio, el debate exige precisiones sobre el alcance de los cambios y las garantías federales incluidas en el articulado.
La sesión prevista para el 6 de agosto aparece ahora como el próximo test parlamentario para el oficialismo, que necesita convertir los acuerdos preliminares en votos efectivos dentro del recinto.

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