Nuevo golpe para Adorni: la Justicia analiza compras gamer con tarjetas ajenas
La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo sensible para el Gobierno nacional. El fiscal federal Gerardo Pollicita analiza una serie de operaciones realizadas desde la cuenta personal de Mercado Libre del jefe de Gabinete, en las que se habrían utilizado tarjetas de crédito pertenecientes a dos funcionarios que trabajaban bajo su órbita cuando se desempeñaba como vocero presidencial.
El dato no aparece aislado dentro del expediente. Se incorpora a una investigación patrimonial más amplia, que busca establecer si los ingresos declarados por Adorni alcanzan para justificar gastos, bienes, remodelaciones y movimientos que fueron quedando bajo la lupa de la Justicia federal.
En ese camino, la fiscalía trabaja con documentación comercial, registros bancarios, declaraciones testimoniales, remitos, facturas y el análisis técnico de la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones, conocida como DAFI.
Las operaciones investigadas se concretaron en agosto de 2025 e incluyeron un monitor gamer y dos proyectores de alta gama para videojuegos. En total, el monto informado asciende a $5.848.589.
La compra de mayor valor corresponde a un monitor Samsung Odyssey OLED G8 de 27 pulgadas, 4K y 240 Hz, abonado por $2.184.999,05. Según la documentación incorporada al expediente, el pago quedó vinculado a una tarjeta de crédito a nombre de Laura Daniela Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno.
A eso se suman dos proyectores Epson Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV, por $1.831.795 cada uno. En ese caso, los pagos habrían sido realizados con tarjetas asociadas a Luis Enrique Aluju, coordinador de Información de Gobierno de la Dirección de Información Pública, también dentro de la estructura que dependía de la Vocería Presidencial.
La fiscalía intenta determinar por qué compras hechas desde una cuenta personal de Adorni aparecen abonadas con medios de pago de funcionarios del área que él conducía. Ese punto es clave porque no se trata solo del origen del dinero, sino también del posible desfasaje entre los consumos detectados y la capacidad económica declarada por el funcionario.
Un expediente que mira más que videojuegos
El capítulo de los artículos gamer se suma a otros movimientos que ya venían siendo analizados por Comodoro Py. Entre ellos aparece una compra registrada en la empresa Industria Argentina del Descanso S.A., que opera comercialmente como Rosen The Store, por un total superior a los $8 millones.
Esa operación quedó facturada a nombre de Gisela Kocsis, otra empleada del Gobierno, y habría estado vinculada al equipamiento de una vivienda de la familia Adorni en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires.
Parte de esa información surgió del teléfono celular de Matías Tabar, contratista que participó en la remodelación de la propiedad. El dispositivo quedó bajo análisis de la Justicia y contiene mensajes, registros y documentación que la fiscalía considera relevantes para reconstruir los gastos asociados a la vivienda.
Tabar declaró como testigo que los trabajos en la casa habrían demandado desembolsos por USD 245.929 en efectivo. Ese dato abrió otra línea de investigación: cómo se financiaron esas obras, de dónde provinieron los fondos y si fueron correctamente declarados.
El rol de Pollicita, Lijo y la DAFI
La causa está en manos del juez federal Ariel Lijo, mientras que la investigación fue delegada en el fiscal Gerardo Pollicita. El expediente se encuentra en una etapa de consolidación de pruebas, con foco en el análisis de la evolución patrimonial del jefe de Gabinete y de su entorno familiar.
Para esa tarea, la fiscalía se apoya en la DAFI, un organismo técnico que colabora con investigaciones económicas complejas. Su trabajo consiste en cruzar declaraciones juradas, ingresos declarados, bienes registrados, consumos, pagos detectados, movimientos financieros y documentación incorporada al expediente.
Pollicita pidió además informes a billeteras virtuales, al country Indio Cuá, a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, a la Universidad Abierta Interamericana y a la propia DAFI. La intención es completar los datos pendientes antes de avanzar con un requerimiento de justificación patrimonial.
Ese paso sería decisivo. Si la fiscalía considera que hay inconsistencias suficientes, podría exigirle formalmente a Adorni que explique el origen de los fondos utilizados para afrontar los gastos observados. En una causa por presunto enriquecimiento ilícito, esa instancia suele funcionar como antesala de definiciones judiciales de mayor peso.